Condenan uso de recursos del Estado, pero Gobierno lo niega

El tema fue objeto de grandes debates, ayer, en radio y TV

Escrito por: ROSA ALCÁNTARA Y LOYDA PEÑA (r.alcantara@hoy.com.do)

Varias organizaciones de la sociedad civil dijeron ayer que es evidente el uso de los recursos públicos del Poder Ejecutivo, de los cabildos y del Congreso en la campaña electoral, pero el Gobierno lo niega.

Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Foro Social Alternativo, Foro Ciudadano, y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción dijeron ayer que es evidente el uso de los recursos públicos del Poder Ejecutivo, de los cabildos y del Congreso en la campaña electoral, para la promoción de los candidatos oficialistas.

Deploraron ese tipo de prácticas, por considerarlas dañinas al sistema democrático y de partidos políticos, así como a la institucionalidad del país.

Llamaron a la Junta Central Electoral (JCE) a implementar medidas que eviten el despilfarro de los fondos del Estado.

Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana; Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus; Fidel Santana, coordinador del Foro Social; Román Batista, del Foro Ciudadano y el coodinador general de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio, en entrevistas por separado, opinaron sobre la instalación de las cocinas móviles, que desarrollan los comedores económicos del Estado, en los lugares donde el presidente Leonel Fernández encabeza actividades proselitistas, en apoyo a los candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de sus aliados del Bloque Progresista.

Consideraron que eso provoca una competencia desigual y no equitativa.

Denuncias. Cabreja dijo que Participación Ciudadana ha recibido denuncias desde el interior del país de que los funcionarios del Gobierno central, de los ayuntamientos y del Congreso están respaldando con dádivas de toda clase a sus candidatos, en detrimento de los de la oposición.

Consideró que un proceso electoral debe estar revestido de garantías de equidad y de igualdad en la competencia. “De lo contrario sería un proceso electoral viciado”.