“¿Dónde está el límite entre el uso de los recursos públicos, es decir, de todo el pueblo para fines estrictamente de política de Estado, y su uso para beneficio personal-particular?”, se preguntó
El politólogo y sociólogo Carlos Báez Evertsz afirmó que el presidente Leonel Fernández y sus comitivas dilapidan millones de dólares en viajes internacionales usados para sus estrategias personales de poder, prestigio y marketing.
Puso en duda que tantos viajes al exterior del gobernante dominicano estén dirigidos al bien común del pueblo dominicano.
Planteó si el país debe simplemente denunciar lo que considera un atropello o ir más allá, y exigir consecuencias penales por apropiación indebida de recursos del Estado con fines particulares.
“¿Dónde está el límite entre el uso de los recursos públicos, es decir, de todo el pueblo para fines estrictamente de política de Estado, y su uso para beneficio personal-particular? Para mí está claro, el límite se encuentra entre hacer política o cometer un delito”, precisó.
A continuación las opiniones y reflexiones del intelectual Báez Evertsz, catedrático universitario, PhD, que estudia sistemáticamente los hechos políticos y sociales de la República Dominicana:
¿Viajes de Estado o viajes de placer?
Desde mi punto de vista es una mezquindad tener en el punto de mira los viajes de Estado que hace un Presidente de Gobierno, cuando los mismos se realizan pensando en los intereses generales de la nación.
Sería una muestra de abuso de poder, el que un Presidente se dedique a viajar por todo el mundo, sin ton ni son, con el objetivo de cargar sobre las espaldas de un pueblo empobrecido, cargado de una deuda externa excesiva, con un Estado con un déficit público que sobrepasa los límites de la buena gestión financiera, y en medio de una alza de impuestos y de llamados a la austeridad (de los demás).
Los viajes de Estado se tienen que organizar con el tiempo debido, se tiene o se debe estudiar todos los acuerdos existentes con el Estado a visitar, ver el estado de cumplimiento de los mismos por ambas partes, la balanza comercial entre ellos, fijar los objetivos prioritarios y sensatos a alcanzar con la visita, y hacer un balance de gastos/beneficios de dicho viaje.
Si se ve que el país puede obtener beneficios tangibles: económicos, financieros, políticos, culturales, entonces se debe dar el visto bueno, de lo contrario, no es recomendable hacer dicho viaje.
Otra cuestión, cuando el Presidente que hace el viaje es de un país pobre, pequeño, con una gran población sometida a la exclusión social, que no juega un papel importante en el contexto internacional, los viajes de Estado deben limitarse a los mínimos necesarios y de acuerdo al más estricto interés nacional.
Si se guardan estas reglas básicas los viajes de Estado que hace un Presidente deben ser vistos como buenos por los ciudadanos y no deben ser objeto de críticas por los medios de comunicación ni motivo de condena por los creadores de opinión.
Hecha esta salvedad, es indignante que los ciudadanos no reaccionen enfurecidos cuando se dispendia a “troche y moche” decenas y centenas de miles de dólares y de euros en viajes que realmente no tienen ningún interés nacional y sólo tienen un fin: satisfacer la curiosidad viajera de un individuo, o aún peor, cuando se realizan para realzar la “vanitas vanitatem”, el ego vanidoso.
Cuando el Presidente que hace el viaje es de un país pobre, pequeño, con una gran población sometida a la exclusión social, que no juega un papel importante en el contexto internacional, los viajes de Estado deben limitarse a los mínimos necesarios y de acuerdo al más estricto interés nacional
¿Hay algo peor en los viajes hechos a costa del Estado Dominicano que lo señalado anteriormente? Si, lo hay. Cuando se utilizan viajes real o supuestamente de Estado para realizar actividades de índole privada, siempre y cuando los mismos, sean a cargo del presupuesto nacional.
Pues bien, ¿cómo se puede calificar a un Presidente que dentro del programa “oficial” de un viaje de “Estado”, utiliza los recursos públicos para hacer visitas a instituciones privadas, educativas, fundaciones, etc. para firmar acuerdos entre instituciones de derecho privado?
¿Y en que figura de derecho penal cabe la utilización de esos recursos públicos para exclusivo beneficio de una fundación no sólo privada sino casi privativa de quién realiza el viaje a costa del erario público?
Estamos asistiendo, ya sin asombro alguno, pero si con cotas cada vez más elevadas de indignación, a que de manera descarada se dilapiden millones de dólares para el uso privado de un individuo y de sus adláteres, pensando no en el bien común sino en estrategias personales de poder, de prestigio, y de marketing personal.
¿Dónde está el límite entre el uso de los recursos públicos, es decir, de todo el pueblo – de su cuota parte lector y de la mía-, para fines estrictamente de política de Estado, y su uso para beneficio personal-particular? Para mí está claro, el límite se encuentra entre hacer política o cometer un delito.
Doctores tiene la Iglesia para juzgar, con objetividad, si estamos ante un atropello más de ciertos políticos que se salde solamente con denuncias, o que se deba ir más allá, pedir por asociaciones de la sociedad civil la inculpación penal por apropiación indebida de recursos del Estado con fines particulares.
Torrelodones, 16 de junio de 2011
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