Tegucigalpa.- El Congreso hondureño rechazó anoche restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya poniendo fin al Acuerdo Tegucigalpa/San José, tras alcanzar los 65 votos mínimos necesarios para ello. Los detractores de la restitución de Zelaya lograron los 65 votos necesarios, mientras que los partidarios de reintegrar al mandatario lograban 10 votos de diputados de la Unidad Democrática (UD, izquierda) y del Partido Liberal (PL, derecha), cuando casi medio centenar de diputados tenía que votar todavía.
El Congreso rechazó así el punto 5 del Acuerdo suscrito por las delegaciones del mandatario depuesto y del gobierno de facto de Roberto Micheletti, el pasado 30 de octubre, bajo la égida de Estados Unidos. Con este rechazo, el documento ya es letra muerta y el golpe de Estado se consolida.
Zelaya “ya es historia”, anunció poco antes Micheletti en una entrevista con el Canal 10 de televisión, tras reincorporarse este miércoles a su puesto tras permanecer apartado una semana para no afectar las elecciones del domingo pasado.
Asumirá el 27 de enero
El presidente electo por arrolladora mayoría en los comicios del domingo, Porfirio Lobo, del opositor Partido Nacional (PN, derecha), asumirá la presidencia de Honduras el próximo 27 de enero.
Buena parte de la comunidad internacional exigía la restitución de Zelaya para reconocer los comicios del domingo, con los que el gobierno de facto espera pasar página a esta crisis, que ha convertido a Honduras en escenario de una lucha ideológica entre conservadores, la izquierda latinoamericana y los seguidores del Socialismo del Siglo XXI que propugna el presidente venezolano, Hugo Chávez.
OTRAS INSTANCIAS SE HABÍAN PRONUNCIADO
Antes de que cada diputado anunciara su voto en una larguísima sesión, la Corte de Justicia, la Procuraduría, el Ministerio Público y el Comisionado de Derechos Humanos habían considerado “inviable” la restitución de Zelaya.
Aunque el dictamen de estas organizaciones no era vinculante, la Procuraduría incluso advirtió que aquellos que pretendan restituir a Zelaya en el poder “incurrirán en las penalidades, civiles y administrativas a que haya lugar en derecho y que la constitución misma condene”.
Según la Corte Suprema de Justicia, Zelaya está acusado de traición a la patria, desobediencia a órdenes judiciales, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad, “encontrándose activa la orden de captura librada contra el imputado”.
Zelaya está acusado de violar la Constitución por su decisión de convocar una consulta popular con vistas a convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna y permitir la reelección presidencial.
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