sábado, 13 de febrero de 2010

Corte envía a la cárcel a siete de los acusados de sicariato

UN HIJO DE UNA DIPUTADA ESTÁ ENTRE LOS ENVIADOS A PRISIÓN POR LA MUERTE DE CUATRO HOMBRES EN EL KILÓMETRO 29 DE LA AUTOPISTA DUARTE
Los familiares de los acusados de sicariato escenificaron un incidente a la salida del tribunal y calificaron de abusiva la decisión de los jueces de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo.

Santo Domingo.- Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo dictaron anoche prisión preventiva en contra de Miguel Alfonseca Soto, hijo de una diputada de Cotuí, y de otras seis personas sospechosas de asesinar a cuatro hombres en el kilómetro 29 de la Autopista Duarte.

Los magistrados enviaron a la cárcel de La Victoria por un año, además de Alfonseca Soto, a Daniel de Los Santos Gutiérrez, Deivy Martínez Montás, Rafael Pimentel Beltré, Engel Mejía Mañón, Carlos Manuel Zabala y Víctor Manuel Fernández.

Los jueces adoptaron la decisión tras acoger un pedimento formulado por el fiscal adjunto Pedro Galarza y la procuradora adjunto Mayra Díaz, quienes habían pedido revocar la orden de libertad emitida por el juez suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción, René del Rosario, el pasado 12 de enero.

De inmediato, el grupo fue montado en un vehículo de la Policía Nacional y llevado al penal de La Victoria bajo estrictas medidas de seguridad, mientras que sus familiares escenificaron un incidente a la salida del tribunal, calificando de abusiva la decisión de los jueces.

Mientras, José Amable Díaz Domínguez, padre de Elvin Noel Díaz Domínguez, una de las víctimas, y Antonia Valdez, madre de Leonardo Paulino, proclamaron tras la lectura de la sentencia que se hizo justicia con la revocación de la libertad de los presuntos sicarios y que esperan que en un juicio de fondo los imputados sean sentenciados a la pena máxima de 30 años de prisión.

Los jueces Olga Herrera Carbuccia, quien presidió el tribunal, Carmen Fortuna y Wendy Martínez, confirmaron la libertad que ordenó el juez de la instrucción a favor de Carlos Manuel Hernández Montes de Oca y Ángel Mariano Soto Pimentel, por no encontrarse hasta el momento los indicios que justifiquen su prisión.

El tribunal ordenó la revisión de la prisión preventiva en el plazo de tres meses, pautada para el 12 de mayo próximo. Los jueces consideraron que existen suficientes elementos de convicción para sostener que los imputados son con probabilidad autores o cómplices del hecho que se les imputa.

El fiscal adjunto Galarza informó que solicitarán declarar complejo el caso seguido al grupo de presuntos sicarios. Dijo que mediante el rastreo telefónico el imputado Martínez Moronta hizo una llamada a un recluso en el penal La Victoria que planificó el hecho desde el recinto. Ramón Cruz Benzán

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