viernes, 4 de diciembre de 2009

Almeyda rechaza informe dado por la Procuraduría

SOSTIENE QUE LOS ACUSADOS DE SECUESTRAR A BALDERA MURIERON EN INTERCAMBIO DE DISPAROS
Informe . El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, dijo que no está de acuerdo con el informe del ministerio público.

Santo Domingo.- El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, rechazó ayer la investigación de la Procuraduría General de la República que determinó que los dos hombres acusados del secuestro del joven Eduardo Baldera Gómez fueron ejecutados por oficiales policiales en Villa Vásquez.

Sostuvo que Cecilio Díaz y Williams Batista Checo murieron en un intercambio de disparos con la patrulla policial, por lo que dispuso que un equipo de abogados asuma la defensa de los oficiales en los tribunales.

Almeyda fijó su posición luego de una semana del informe rendido por la Procuraduría, con las recomendaciones de someter a la justicia a un coronel, dos mayores y dos tenientes. Por este caso ya un tribunal de Monte Cristi dictó medida de prisión preventiva.

El secretario de Interior dijo en rueda de prensa que está en desacuerdo con la investigación del ministerio público sobre el hecho de sangre.

Los oficiales acusados son el teniente coronel Alberto Trejo Pérez, los mayores Jesús Rafael Tejeda Tejada y Franklin Santana Martínez, y los tenientes José Luis Peralta Valentín y Catalino de Jesús Perez. A los cinco se les acusa de haber ejecutado sumariamente a Cecilio Díaz y Batista Checo, luego de haberlos recibido vivos. Los presuntos asesinos fueron enviados a prisión preventiva por un juez de la jurisdicción de Montecristi.

Pero según el secretario de Interior, lo que ocurrió fue un intercambio de disparos entre los policías y los presuntos secuestradores, cuya captura fue anunciada en Santo Domingo, a través de varios noticieros de televisión, por el propio jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

La comisión
El informe divulgado el viernes 27 de noviembre por la Procuraduría General de la República respecto al secuestro del joven Baldera Gómez concluyó que Bautista Checo y Díaz fueron ejecutados por miembros de la Policía Nacional, que lo recibieron de manos de las personas que los atraparon, y recomendó el sometimiento a la justicia de los oficiales que participaron en el hecho.

El procurador general adjunto Ramón Arístides Madera Arias, quien coordinó las pesquisas, explicó que la versión de la patrulla de la Policía de que Díaz y Bautista Checo cayeron abatidos en enfrentamiento en el callejón Los Artiles, del paraje La Baitoa, de Villa Vásquez, no se corresponde con la verdad, porque los dos hombres fueron entregados vivos a la Policía.

En la comisión investigadora también participaron la fiscal de Monte Cristi, Jacqueline Zapata, y el mayor general de la Policía, Vinicio Hernández Méndez.

Almeyda anunció que Interior y Policía entregará, dentro del Programa de Protección a Víctimas, un cheque de 700 mil pesos a los familiares del primer teniente de la Policía, Francisco Vargas Peralta, quien murió la madrugada del miércoles al enfrentarse a tiros con cuatro delincuentes, que también fueron abatidos por patrullas policiales.

ACUSA ORGANIZACIONES DE VÍNCULOS CON NARCO
Almeyda aprovechó su rueda de prensa para reiterar sus acusaciones de que algunas organizaciones populares tienen vínculos con el narcotráfico organizado y dijo que como jefe de Interior y Policía tiene pruebas de lo que afirma, al igual que otras autoridades. Citó entre esas pruebas, las manifestaciones que se produjeron en Capotillo por el apresamiento de El Gringo, un presunto narcotraficante que fue arrestado recientemente.
Dijo que hay dirigentes de organizaciones populares que se molestan cuando él hace esos comentarios, pero que la institución tiene pruebas de esa relación con narcotraficantes.

Sobre este particular, el dirigente comunitario de Capotillo, Abel Rojas, dijo que no se puede atribuir a organizaciones populares las protestas por el apresamiento al que se refiere Almeyda, porque fue una manifestación espontánea de jóvenes que no pertenecen a ningún grupo social ni partido, y que incluso algunos pudieran ser vendedores de drogas. “No se puede confundir esa protesta con otras”, aclaró.

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