lunes, 18 de febrero de 2013

El enroque de Leonel, escenarios y temores (Una lectura política)

 Al entrar en el PARLACEN, Fernández obtiene dos resguardos importantes, en estos momentos en que está sometido por presuntos delitos de prevaricación y lavado de activos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-En el ajedrez, el juego ciencia, existe una jugada llamada enroque. Los jugadores hacen un enroque cuando observan que el rey está en riesgo de un ataque que podría hacer perder la partida de ajedrez.

El enroque de Leonel, escenarios y temores (Una lectura política)
Añadir leyLeonel Fernández. Acento.com.do/Archivo.enda
El enroque es el único movimiento en el que se permite mover dos piezas en una misma jugada. Se puede hacer con el rey y cualquiera de las dos torres (izquierda o derecha), siempre en la posición inicial de ambas piezas.

Cuando el jugador decide el enroque, el rey se mueve dos casillas en dirección a la torre con la que piensa enrocarse, a continuación esa misma torre pasa por encima del rey y se coloca a su lado, justo en la casilla siguiente.
Así queda el rey protegido de un ataque del jugador contrario que podría ser fatal, ya que en ajedrez la muerte de la pieza monarca equivale a la derrota. En caso de que el contrario prosiguiera con el ataque, el sacrificio calculado y de menor costo sería el de la torre.

El símil del enroque bien vale para la decisión del ex presidente Leonel Fernández Reyna, líder del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de hacer uso de la curul que les corresponde a los ex mandatarios en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
Lo que quiere el líder de PLD es evitar a toda costa es que ese expediente sea conocido en un juicio abierto, oral y contradictorio. Porque si así ocurriera, tendría que escuchar cosas muy duras, responder a preguntas muy difíciles
Con este paso Fernández obtiene dos resguardos importantes, en estos momentos en que Guillermo Moreno lo ha sometido por presuntos delitos de prevaricación y lavado de activos.
En primer lugar, como diputado gana el privilegio de la inmunidad consagrada en el Tratado Constitutivo del PARLACEN.

El artículo 27 del Tratado Constitutivo del PARLACEN dispone lo siguiente:
Los diputados ante el Parlamento Centroamericano gozan del siguiente régimen de inmunidades y privilegios:
a)  En el Estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los Congresos, Asambleas Legislativas o Asambleas Nacionales;

b)  En los demás países centroamericanos, de las inmunidades y privilegios que para los Agentes Diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Esto quiere decir que un miembro del PARLACEN no podrá ser apresado, a menos que sea destituido después de un largo proceso legal, o que sea sorprendido en flagrante delito.

Por experiencia, ya sabemos lo difícil que ha resultado en República Dominicana enjuiciar y llevar a prisión a un legislador. Incluso con casos tan escandalosos como el tráfico de personas (Radhamés Ramos García, Chino) y  seducir a una menor (Ramón Antonio Fernández Martínez, Papo).

Protesta popular contra Leonel FernádezLa segunda ventaja que obtiene Leonel Fernández con su ingreso al PARLACEN, y esta es la más importante, es el cambio de jurisdicción para fines de conocimiento del expediente que en su contra depositó Guillermo Moreno.

Al convertirse en legislador, para fines de cualquier investigación del Ministerio Público, el ahora diputado Leonel Fernández pasa a la jurisdicción privilegiada de la Procuraduría General de la República y de la Suprema Corte de Justicia, y sale de la jurisdicción de la Fiscalía del Distrito Nacional y los tribunales ordinarios.

O sea, la suerte del sometimiento en su contra ya no estará en manos de la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, sino en las del Procurador General, Francisco Domínguez Brito.

En caso de que el Procurador General de la República le dé curso al expediente contra Fernández, será la Suprema Corte de Justicia la que tendrá a su cargo la decisión en materia judicial.
Según el Artículo 67 de la Constitución, corresponde a la Suprema Corte de Justicia:

Art. 67. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley:
Nicolás López y Leonel Fernández1.- Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Senadores, Diputados, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República, Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de Apelación, Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, Jueces del Tribunal Superior de Tierras, a los miembros del Cuerpo Diplomático, de la Junta Central Electoral , de la Cámara de Cuentas y los jueces del Tribunal Contencioso Tributario.

Sobre la decisión que tomaría la fiscal Yeni Berenice Reynoso acerca del expediente sometido por Moreno contra Fernández había muchas expectativas.

Al margen de cualquier inferencia o especulación, la Fiscal del Distrito Nacional es una funcionaria de carrera, a la cual no se le conoce filiación política. Este hecho, de entrada, le confiere mayor independencia a la hora de examinar un expediente que corresponda a un dirigente político.

Por el contrario, Francisco Domínguez Brito, el Procurador General, es un dirigente político, miembro del PLD, partido por el cual aspiró a la candidatura presidencial con miras a las elecciones del 2012.
Leonel Fernández y Félix Bautista.
Asimismo, la decisión que ya había tomado Domínguez Brito (si es que puede llamársele decisión) sobre la  denuncia presentada por Moreno el año pasado contra Fernández, y contra Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras  Públicas, y el senador Félix Bautista, en su condición de ex director de la Oficinas de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), podría dar una idea de lo que ocurriría ahora con el expediente de acusación contra el líder del PLD.

En esa ocasión Domínguez Brito justificó no darle curso a la denuncia, y entre otras cosas, argumentó:
“Personalmente, siento un gran respeto por el Dr. Leonel Fernández. Creo en su trato profundamente humano, decente y respetuoso con las personas, aún con aquellos que políticamente le adversan.”


Pero aún en el caso de que ahora el Procurador General decidiera reivindicarse ante la sociedad y le diera curso al expediente enviándolo a la Suprema Corte de Justicia, sería muy difícil que en ese tribunal se abra un juicio de fondo, y todavía más difícil que Leonel Fernández Reyna resulte condenado.

Todos sabemos cómo se eligieron a los integrantes de la Suprema y de las demás altas cortes.
En el fondo, lo que más preocupa a Fernández no es resultar condenado, porque esa posibilidad se vislumbra muy remota.

Lo que quiere el líder de PLD es evitar a toda costa es que ese expediente sea conocido en un juicio abierto, oral y contradictorio. Porque si así ocurriera, tendría que escuchar cosas muy duras, responder a preguntas muy difíciles y verse expuesto al oprobio.

Y por más blindado que se considere respecto a los grandes medios de comunicación, siempre habrá espacios y periodistas que informarán, comentarán y analizarán con todos los detalles lo que ocurra en esa sala de audiencias.

¿Y qué decir de la franqueza, de la rebeldía, de la irreverencia de los muchachos y muchachas en las redes sociales? ¿Cómo controlar esa avalancha de contenidos no censurados? ¿Podrá el líder del PLD salir políticamente indemne de esta prueba de fuego? ¿Cómo podría influir un debate descarnado del contenido del expediente en el futuro del ex gobernante?

Es hacia ese escenario que apuntan los temores y preocupaciones del ex presidente Leonel Fernández, y por eso su jugada de “enroque”. ¿Será Francisco Domínguez Brito la “torre” sacrificada?

El presidente Hugo Chávez regresa a Venezuela

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, regresó hoy a Caracas procedente de La Habana, más de dos meses después de que viajara a Cuba para someterse a la cuarta operación de un cáncer que le fue diagnosticado en junio de 2011, y se encuentra en el hospital militar de Caracas.

"Hemos llegado de nuevo a la Patria venezolana. Gracias Dios mío!! Gracias Pueblo amado!! Aquí continuaremos el tratamiento", indicó el presidente venezolano en Twitter, en su primer mensaje desde el 1 de noviembre en esa red social.

"Sigo aferrado a Cristo y confiado en mis médicos y enfermeras. Hasta la victoria siempre!! Viviremos y venceremos!!!", agregó.

"Gracias a Fidel, a Raúl y a toda Cuba!! Gracias a Venezuela por tanto amor!!!", indicó a continuación en alusión al líder cubano, Fidel Castro, y el presidente de ese país, Raúl Castro.

Por su parte el ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, yerno del presidente, indicó también en Twitter que "ya el Presidente se encuentra en su habitación en el Hosp Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas, dispuesto a seguir con sus tratamientos".

Varios miembros del Gobierno informaron a través de sus cuentas en esa misma red social de la llegada del presidente, que según el canal interestatal Telesur se produjo alrededor de las 2.30, hora local (8.00 GMT).

"Volvió, volvió, volvió", indicó el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas.

El regreso de Chávez se produce después de que la pasada semana se ofrecieran las primeras imágenes del gobernante tras su operación en Cuba, en las que aparecía sonriente, con el rostro hinchado y tumbado en una cama.

El presidente venezolano se sometió el pasado 11 de diciembre a la cuarta operación en 18 meses de un cáncer del que apenas se sabe que está en la zona pélvica pero no de su naturaleza.

Chávez, de 58 años y desde 1999 en el poder, ha tenido que superar un largo postoperatorio en el que se produjeron complicaciones como consecuencia de una hemorragia y una infección pulmonar que le produjo una insuficiencia respiratoria.

Según indicó el Gobierno el pasado viernes, el presidente venezolano debe respirar a través de una cánula traqueal y recibe una "tratamiento enérgico para la enfermedad de base, que no está exento de complicaciones".

El propio Arreaza indicó el viernes al canal interestatal Telesur que a Chávez todavía le queda "un trecho importante por delante" para recuperar su salud, y que pese a sus problemas de habla "se da a entender".

"Uno tiene que poner atención y él comunica perfectamente sus decisiones, cuando no las escribe. Perfectamente se comunica y se da a entender. No tiene, bueno, la voz que lo caracteriza, pero esto es un proceso que es reversible y nosotros esperamos volverlo a escuchar", sostuvo.

Cientos de personas se reúnen en asamblea ciudadana en contra del "robo de Bahía de las Águilas"

En una asamblea ciudadana “Contra el robo de Bahía de las Águilas”, cientos de personas construyeron un plan de acción para demandar al presidente Danilo Medina que sea revocada la decisión de negociar con quienes obtuvieron de forma fraudulenta títulos de propiedad en Bahía de las Águilas y otras áreas protegidas del parque Jaragua.

El encuentro tuvo lugar en este domingo en el parque Independencia.
Luego de escuchar diversas propuestas en una “tribuna abierta”, los manifestantes acordaron hacer paradas cívicas cada miércoles a las cinco de la tarde en el parque público ubicado en la avenida México esquina Doctor Delgado, frente al Palacio Nacional. También convocaron a una actividad masiva en el parque Independencia el domingo 10 de marzo. Otra de las acciones será montar un campamento en Bahía de las Águilas.

La diputada Guadalupe Valdez, quien se sumó a la actividad, expresó que “la decisión con respecto a Bahía de las Águilas es una afrenta al pueblo dominicano y al Estado de Derechos y a la institucionalidad y a las leyes de la República Dominicana”. Consideró que no puede darse ningún acuerdo sobre las bases de transacciones que legitimen la incontitucionalidad y el fraude.

El periodista Jonathan Liriano leyó un manifiesto en representación del colectivo en el que se reiteró que “el Poder Especial en el caso de Bahía de las Águilas, es ilegal, ilegitimo y lesivo para los intereses del país, porque viola la Constitución de la República y las leyes nacionales. Rechazamos este poder, mediante el cual se busca negociar con supuestos titulares de derechos adquiridos de manera fraudulenta, constituyendo una acción que consagra la corrupción y la impunidad”.

Luego de un recuento del caso en materia legal por la comunicadora Diana Lora y de una explicación de las implicaciones ambientales de la propuesta del gobierno, decenas de personas manifestaron públicamente sus opiniones y propuestas. Entre éstas estuvo doña Altagracia Paulino, ciudadana, quien tildó de violento el accionar el presidente, argumentando que la violencia no es sólo física.

También Ernesto Alemany se expresó con efusividad despertando largas rondas de aplausos de los presentes al catalogar a la “clase gobernante” de “empresa que hace de nuestros recursos un mecanismo de negociación para beneficio personal”.

En la actividad además se invitó a llevar la protesta a la Suprema Corte de Justicia el este lunes a las 9 de la mañana, donde se conocerá el recurso de casación en contra de la sentencia que extingue la acción penal contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y demás implicados en la venta ilícita de los terrenos en 1997.

El Gobierno instruye a sus comunicadores sobre qué decir de Bahía de las Águilas

El Gobierno instruye este domingo a comunicadores adeptos sobre qué decir respecto del tema de Bahía de las Águilas y su “proyecto de desarrollo” de la región sur, el cual implica ceder a usurpadores derechos sobre miles de metros de tierra con vocación turística de la zona costera de Pedernales.

Comunicadores afines al Gobierno en salón Las Cariátides, del Palacio
En una reunión en el salón de las Cariátides, del Palacio Nacional, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio y los ministros de Turismo, Francisco Javier García, y de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez detallan el alcance de la iniciativa a periodistas, así como a funcionarios del Gobierno que producen programas de radio y televisión.

La reunión se celebra a puertas cerradas y solo se permitió a reporteros gráficos hacer imágenes al inicio del encuentro. En medio de la reunión se produjo un incidente, cuando se le impidió seguir grabando al camarógrafo Rodolfo Castillo, de “Boca Chica TV”, quien se había colado discretamente.
Sin embargo, se observa a periodista como José la Luz, Ramón Puello Báez y otros afines al oficialismo, grabando con teléfonos celulares sin que nadie se lo impida.
En principio, se informó que los tres funcionarios tenían la encomienda del presidente Danilo Medina de diseñar un proyecto de desarrollo de la región sur del país.
García dijo que el 63% de los habitantes de Pedernales es pobre y que la solución a esa problemática no estaba en la educación, sino en el turismo.
“El sur sin Pedernales no tiene posibilidad de desarrollo y esto implica el desarrollo del turismo… Se nos ha querido crucificar desde que se filtrara en algunos periódicos el poder concedido por el presidente”, dijo García refiriéndose al documento que ha generado el escándalo y que fuera publicado por 7dias.com.do.
A través de este portal la población ha podido conocer el poder especial otorgado por el presidente Medina a Pina Toribio, para que en nombre del Estado negocie con personas que tienen “derechos registrados” sobre terrenos de Bahía de las Águilas y los cuales aún son objeto de litigio en los tribunales, por haber sido obtenidos, los títulos, de manera irregular.
“Se dice que hemos negociado con ladrones, con personas que no tienen títulos legales, pero eso no se ha determinado en un tribunal y para que eso suceda podrían pasar varios años, por lo cual, lo que ha hecho el Gobierno es correcto dentro del marco de lo legal… El poder que me ha dado el presidente no me hace dueño de esos terrenos, ese documento a lo único que me autoriza es a firmar por el Estado un documento”, dijo Pina Toribio ante los comunicadores.

García dijo que el Gobierno se ha ajustado al decreto 273-01, del 23 de febrero del 2001, dictado por el entonces presidente Hipólito Mejía, declarando de “utilidad pública” los terrenos de Bahía de las Águilas.

La referida disposición de la administración de Mejía dice: “Se declara de utilidad pública e interés social para ser destinados al desarrollo turístico, la adquisición por el Estado dominicano de los terrenos y playas comprendidos desde la Laguna de Oviedo, en el municipio del mismo nombre, que comprende la Laguna de Puerto El Medio, Puerto El Medio, Punta San José, Playa Blanca, Playa Larga, Playa Chiquita, Cabo Falso, Playa Caliente, Punta Chimanche, Bahía de Las Águilas, Cabo – Rojo, Buanye, hasta la Playa de Perdernales”.

Lo que no dijeron los funcionarios es que el 5 de agosto del 2004, el mismo presidente Mejía dispuso mediante el decreto 749-04, “Se excluye de la declaratoria de utilidad pública contenida en el Decreto No. 273-01 de fecha 23 de febrero del 2001, los terrenos y playas que se indican a continuación: Playa Blanca, Playa Larga, Bahía de Las Águilas, Cabo Rojo, Buanye, hasta la Playa de Pedernales”.

Pina Toribio habla de "coraje" y "transparencia" en caso Bahía de las Águilas

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo garantizó este domingo que los casos que no están “lo suficientemente claros” en Bahía de las Águilas seguirán su curso normal en los tribunales.

César Pina Toribio (Foto de archivo)
César Pina Toribio defendió la decisión del gobierno del presidente Danilo Medina de transar con los tenedores de “títulos de propiedad”, no obstante implicar una renuncia a la posesión estatal sobre los terrenos, usurpados por particulares y sobre los cuales aún hay procesos judiciales pendientes de resolución definitiva.

Atribuyó “coraje” a la decisión de Medina, pero también “transparencia”, no obstante haberse mantenido en secreto el tema hasta que se produjera la filtración, a través de 7dias.com.do, del documento que le confiere poder especial a Pina Toribio para negociar con las personas con “derechos registrados” sobre los terrenos.

Atribuyó la importancia del proyecto a la “imperiosa urgencia” de desarrollo en la provincia Pedernales y el resto de la región sur, y a la necidad de crear empleos.
 Pina Toribio dijo que “el Gobierno solo trabaja en las negociaciones para solucionar el impase, pero que no se inmiscuirá en el tema de la venta de los terrenos y distribución del dinero obtenido por dicho concepto”.
“Ya eso será responsabilidad de una compañía de fideicomiso que será escogida mediante una licitación pública para que maneje lo inherente a la tasación, venta y distribución de los recursos”, comentó el funcionario en una entrevista en el programa D’Agenda, por Telesistema, canal 11.

Reiteró el compromiso de entregar el 45% de los recursos que produzca la venta de los terrenos a los “propietarios” y que el Estado percibiría el 55%, resaltando que el desarrollo turístico a través de fideicomisos ha dado muy buenos resultados en Colombia y México.

No obstante reconocerle derechos de propiedad a particulares en Bahía de las Águilas, el Gobierno, durante la administración del presidente Leonel Fernández, vendió, como enteramente del Estado, 63,500 metros de la parcela 215-A, en Pedernales, por unos 14.6 millones de pesos al supuesto inversionista italiano Aldo Meroni.

sábado, 16 de febrero de 2013

Lo que ha pasado con Bahía de las Águilas es inadmisible

En el caso de Bahía de las Águilas, el gobierno le ha presentado al país un hecho consumado. A diferencia de otros aspectos neurálgicos de la vida social y económica, sobre los cuales los funcionarios suelen ser generalmente locuaces, en el que nos ocupa el gobierno fue hermético: ni una sola palabra oficial fue dicha públicamente sobre unas negociaciones que involucran no solo recursos económicos –que pueden ser cuantiosos— sino también el deber de transparencia.

Quizá se obtenga el dinero que se persigue, pero las gestiones fueron de una opacidad intolerable en un Estado de derecho y en la democracia que decimos ser.
Gracias a una persona comprometida con su deber ciudadano, 7dias.com.do pudo tener acceso y publicar el poder especial otorgado por el presidente Danilo Medina al consultor jurídico César Pina Toribio para llevar a cabo el “acuerdo transaccional”. Un documento donde solo es meridianamente claro que el Estado hace tabla rasa del Derecho y se convierte en una especie de especulador inmobiliario a través de un llamado fideicomiso del que aún no se sabe a ciencia cierta quiénes serán los fideicomitentes.  Y no se sabe por una razón tan sencilla como preocupante: como admitiera Pina Toribio, el gobierno no tiene claro con quién negocia, qué negocia ni cuánto vale lo que negocia.

En 7dias.com.do somos y seremos siempre entusiastas partidarios de la descentralización de los recursos públicos y, tomando prestado un concepto del feminismo, defenderíamos incluso sin titubeos la “discriminación positiva” a favor de aquellas provincias, no solo las sureñas, que han sido excluidas de los beneficios del crecimiento, que no desarrollo.

Pero nuestra adhesión a la inversión en las provincias deprimidas no puede ser indiferente a la violación de las leyes. Y en esta transacción consagrada hoy, las leyes se han violado de manera manifiesta. La lentitud de la justicia alegada como justificación suprema por los voceros oficiales no puede excusar nunca de su atropello a que quien con la mano en alto, atravesado el pecho con los colores de la bandera, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Pedernales necesita fuentes de trabajo, necesita inversiones, necesita ser redimida de la postergación en que ha vivido siempre. Pero vitalizarla no puede hacerse a costa de debilitar, hasta ponerlo en igual condición de postración, el orden jurídico. No puede hacerse sin que los dominicanos y dominicanas nos sonrojemos al oír al senador Dionis Sánchez admitir que,  ciertamente, esos “propietarios” tienen en su poder títulos falsos, pero que transar con ellos era lo único posible.

En 7dias.com.do no somos ecólatras; creemos que hombre y naturaleza pueden convivir en armonía si esa relación es regulada por reglas claras y hay garantías de que se cumplan. Nuestra diferencia con lo acontecido con Bahía de las Águilas no se relaciona, por tanto, con una defensa a ultranza de la ecología. Se relaciona con nuestra intransigente demanda de respeto a la legalidad democrática.

En lugar de no poder responder, como no pudieron, preguntas tan elementales como de cuántos metros de tierra se está hablando en esta negociación, cuántos títulos fueron encontrados falsos y cuántos legítimos, o cual es el valor aproximado de lo que será vendido, los funcionarios estaban obligados a ser meridianamente precisos. No lo fueron y han abierto aún más la puerta a las conjeturas.

En su novela La caída, Albert Camus hace decir a Jean Baptiste Clamence, ese abogado que se ve a sí mismo como “juez penitente”, una frase que, al parecer, se ha convertido en lógica de nuestra clase gobernante: “Cuando todos seamos culpables, tendremos la democracia”. Con la transacción con Bahía de las Águilas nuestras autoridades parecen querer decirnos que lo mismo da ser correcto que incorrecto, propietario legítimo que ilegítimo. A fin de cuentas, lo que importa es el “progreso”.

miércoles, 13 de febrero de 2013

Presidente Medina desmiente destitución de Polanco Gómez y de Rosado Mateo

El gobernante hizo el desmentido ante preguntas de los periodistas, que le plantearon lo afirmado en versiones extraoficiales que circularon en las redes sociales la tarde de este miércoles

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El presidente Danilo Medina desmintió en Boca Chica la versión de que habría destituido este miércoles al jefe de la Policía Nacional, general José Armando Polanco Gómez, y al presidente de la DNCD, general Rolando Rosado Mateo.

Presidente Medina desmiente destitución de Polanco Gómez y de Rosado MateoEl gobernante hizo el desmentido ante preguntas de los periodistas, que le plantearon lo afirmado en versiones extraoficiales que circularon en las redes sociales la tarde de este miércoles.
Asimismo, el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, negó que se hayan producido esos cambios.

Según las versiones extraoficiales, el mayor José Armando Polanco Gómez fue sustituido por el mayor general Manuel Castro Castillo.

Asimismo, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), general Rolando Rosado Mateo, fue sustituido por el también general Félix Alburquerque Comprés.

Tanto Polanco Gómez como Rosado Mateo tenían más de dos años en sus respectivos cargos, y habían sido nombrados durane el pasado gobierno, que encabezó el presidente Leonel Fernández Reyna.
El general Polanco Gómez fue nombrado asesor del presidente de la República en asuntos policiales, cargo que ostentaba Rafael Guillermo Guzmán Fermín, también ex jefe policial, quien fue dejado sin funciones.

Corrupción: El caso de Leonel será llevado a los organismos internacionales


  Indicó que otros de los esquemas de apropiación de recursos públicos usados consistía en la creación de grupos de empresas constructoras bajo la dirección de Félix Bautista, siendo éste director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
  NUEVA YORK, Estados Unidos.-El Partido Alianza País someterá ante los organismos internacionales que trabajan contra la corrupción, impunidad y la transparencia en las funciones públicas el expediente incoado contra el expresidente dominicano Leonel Fernández, y otros funcionarios de su gestión .
Corrupción: El caso de Leonel será llevado a los organismos internacionales
Félix Bautista, Leonel Fernández y sus espalderos. Acento.com.do/Archivo.
Alianza País, en un documento divulgado en EEUU, sostuvo que al someterse a la justicia al ex presidente Leonel Fernández, por prevaricación y lavado de dinero a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Guillermo Moreno demuestra seriedad, valentía y el uso de su derecho consignado en la Constitución dominicana.
Precisó que en el expediente depositado en la Fiscalía del Distrito Nacional el equipo de abogados que representa a Guillermo Moreno muestra pruebas documentadas de cómo Leonel Fernández usaba personas de sus confianza para captar fondos de instituciones oficiales y de empresas constructoras del estado para transferirlos a las cuentas de la FUNGLODE.

En un documento entregado a los medios de comunicación, el portavoz y coordinador general de Alianza País en los Estados Unidos, Luis Mayobanex Rodríguez, indica que con facsímiles de cheques y números de cuentas se demuestra que, por ejemplo, el grupo de Constructora Modesto, con múltiple contratos con el gobierno dominicano había depositado sólo en un mes ocho cheques de un millón de pesos cada uno, y luego 15 millones más a la cuenta de Manuel Rodríguez Casado, entonces asistente del ingeniero Diandino Peña.

A juicio de Alianza País, esa cuenta llegó a acumular 66 millones de pesos y al ser transferida a nombre de Marilis Pérez y Luisa del Pilar Marte, quienes agregarían otras cantidades de dinero por supuesta donaciones, al ser una cuenta oficial de Funglode, vía Banco Central, superaría los 100 millones de pesos.

Indicó que de esa forma la institución bancaria lavaría dinero de esas personas para beneficio de la fundación del ex presidente Leonel Fernández, la FUNGLDE.

Indicó que otros de los esquemas de apropiación de recursos públicos usados consistía en la creación de grupos de empresas constructoras bajo la dirección de Félix Bautista, siendo éste director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Agregó que Bautista abjudicaba a sus propias compañías los contratos, y de los beneficios que generaban se transferían sumas millonarias a la FUNGLODE.

Puso como ejemplo que sólo sólo días, el pasado año Félix Bautista “donó” la suma de 45 millones 725 mil pesos a la FUNGLODE, la ONG del ex presidente Leonel Fernández.
Al mismo tiempo, la organización política indica que corresponde a la fiscalía del Distrito Nacional investigar lo denunciado y el manejo dado por el ex presidente Leonel Fernández a los millones de pesos depositados en la cuenta de FUNGLODE.

Alianza País sostuvo que la conducta vertical de Guillermo Moreno debe contar con el apoyo de la ciudadanía para terminar con el flagelo que destruye a la sociedad dominicana.

www.acento.com.do/.../Lea-expediente-completo-contra-Leonel-y-la- FUNGLODE-por-lavado.html

24 Ene 2013 ... Leonel, corrupción, lavado de activos y Funglode. ... Leonel Fernández es sometido por lavado de activos por vía de FUNGLODE · Wikileaks: ...

Supuesto narco se escondía en "lujosa" mansión en Moca

Las autoridades antidrogas apresaron en el municipio de Moca, provincia Espaillat, a un fugitivo de la justicia estadounidense, perseguido para ser juzgado en una corte de Nueva York, por narcotráfico.

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) identificó al sospechoso como Jeremy Damon García López, alias “El Gordo” y/o “JJ”, quien residiría en una suntuosa mansión del sector Los Reyes, de Moca, lugar donde fue detenido.
A García López se le atribuye ser el cabecilla de una red de la que forman parte otros dominicanos que ya fueron arrestados y extraditados a Estados Unidos.

Su detención se hizo atendiendo a la orden 2612 emitida por la Suprema Corte de Justicia dominicana el 26 de octubre del 2011.

La DNCD dice que su expediente está en una corte del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, con el acta de acusación número CR 09-060.
Contra el extraditable pesan diez cargos, entre éstos conspiración para traficar e introducir narcóticos a EEUU, sobre todo heroína, cocaína y MDMA, entre los años 2001 y 2007.

Se identifican como supuestos cómplices a Ricardo Almonte Bernabel, Argely Moisés Bretón Blanco, alias “El Artista”; Kelvin Bretón Blanco, apodado “Perreo”; José Cruz Cruz, conocido como “ El Socio”;  Emilio Lora Delance, llamado “El Disparate”; y Emmanuel Polanco Rodríguez, de sobrenombre “Manuel”.

Según el reporte de la DNCD, el individuo estaba refugiado en una mansión “pocas veces vistas en el país”, suplida de energía eléctrica por dos generadores 60 y 40 kilovatios, piscina, al menos 20 cámaras de vigilancia, pista de baile, cancha de baloncesto bajo techo con aire acondicionado, seis suites, entre otras comodidades. La suntuosa casa fue construida en medio de una especie de finca y para llegar a ella es a través de una vía empedrada.

Jueza confirma archivo de expediente con Félix Bautista sobre transferencias a Martelly

La jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Esther Agelán Casasnovas, confirmó el archivo definitivo del expediente contra el senador Félix Bautista, sobre alegadas contribuciones irregulares a la campaña presidencial del mandatario haitiano Michel Martelly, cuando corría como candidato.

Esther Agelán Casasnovas
En la sentencia,  la magistrada Casasnovas confirma el archivo definitivo hecho por la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) bajo la dirección de Hotoniel Bonilla, quien estableció que después de una exhaustiva investigación no comprobó la alegada infracción y que Bautista nunca entregó dinero a Martelly.

En sus motivaciones, la jueza rechazó la objeción presentada  por el movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción (C-3), en contra del auto mediante el cual la DPCA dispuso el archivo definitivo, marcado con el número 03093, de fecha  13 de agosto de 2012.

“Este tribunal pudo comprobar que en la investigación realizada por la DPCA fueron verificadas las pruebas documentales aportadas por los querellantes y en ninguna de las cuentas que se describen en el reportaje de Nuria Piera se hicieron transferencias, ni directa, ni indirectamente al presidente de Haití”, expresa la sentencia.

En el dispositivo de 51 páginas, la magistrada sostiene que “Tras el análisis antes indicado y en base al principio de legalidad, y de acuerdo a la investigación previamente realizada por la DPCA, para la jueza los hechos alegados como perseguibles no encajan en el tipo penal enunciado en la ley sobre soborno internacional, por lo que procede ratificar el archivo”.

ADOCCO se querella contra directivos de FONPER, EGE-Haina y EGE-Itabo

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) presentó este miércoles en la Fiscalía del Distrito Nacional una querella contra el presidente y consultor jurídico del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), Fernando Rosa y Luis A. Moquete Pelletier, respectivamente, por presunta corrupción.
Julio César de la Rosa, coordinador de ADOCCO
El sometimiento incluye a los actuales y anteriores directivos de las empresas generadoras de Electricidad de Haina (EGE-Haina) e Itabo (EGE-Itabo) Édgar Pichardo Deboyrie, Rolando González Bunster, Pastor Sanjurjo, Marco Antonio de La Rosa Ascanio, Manuel Pérez Dubuc, Julián José Nebreda, Kevin Manning, Eduardo Damián Villareal.

Los supuestos actos de corrupción que involucran al FONPER y a las empresas productoras de energía fueron sustentados por el exdirector de la entidad oficial, José Izquierdo, a través de un expediente presentado el 8 de agosto del 2012, luego de que 7dias.com.do revelara parte de su contenido.

Con la acción la entidad de la sociedad civil se adhiere a esa primera querella presentada por Izquierdo y dice que respecto de EGE-HAINA, fundamenta sus argumentos en el hecho de que esta empresa, de la que el Estado es socio, abultó dolosamente la suma usada como referencia para el cálculo del canon de administración que le confiere a sus administradores el contrato del  28 de octubre de 1999 y enmendado el 8 de septiembre de 2001.

Dice que a través de este mecanismo los ejecutivos disiparon en provecho personal, aproximadamente 725 millones de pesos, cometiendo así un burdo abuso de confianza en perjuicio de la mencionada sociedad de capital mixto.

Para los directivos de ADOCCO el caso constituye el mayor reto para el Ministerio Público, por la combinación de corrupción pública y privada.
También les atribuyen realizado operaciones con empresas vinculadas en condiciones anormales, sin la debida autorización de los órganos corporativos competentes, entre los años 2008 y 2011, que en conjunto sumaron alrededor 182 millones de dólares, que por su diferencia de precios en relación a las operaciones ordinarias representaron un perjuicio contra el Estado estimado en 90 millones de dólares.

De igual modo, haber tomado fondos sociales de la empresa con la finalidad de pagar el impuesto sobre la renta de “Haina Investment Company”, la compañía encargada de la administración de EGE-HAINA, “práctica que sólo entre los años 2007 y 2011 ascendió a la suma de687 millones de pesos.
En cuanto a EGE-ITABO, dice fundamentar su adhesión a la querella contra sus directivos por haber abultado dolosamente la suma usada como referencia para el cálculo del canon de administración que le confiere a sus administradores el contrato de fecha 8 de septiembre de 1999, enmendado en fecha 16 de agosto de 2001.

A través de esta fórmula se habrían disipado en provecho personal de los administradores aproximadamente 1,053 millones de pesos.
También a través de EGE-ITABO se habrían realizado operaciones con empresas vinculadas en condiciones anormales entre los años 2009 y 2011, las cuales suman alrededor de 200 millones de dólares, resultando en un perjuicio para el Estado de 30 millones de dólares, fruto de las diferencias de precios.
Además, se imputa a estos empresarios haber realizado compras fraudulentas a suplidores de materias primas, específicamente carbón mineral, al suplidor internacional GLENCORE, con unos anormales niveles de sobreprecio que rondan los 140 dólares por tonelada métrica, lo cual arroja una sumatoria de casi 67 millones de dólares de sobrepago en relación a los precios del mercado, entre los años 2009 y 2011.

Otro argumento gira en torno a la supuesta falsificación y uso de comprobantes de gastos presuntamente emitidos por el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Falconbridge Dominicana (Sutrafado) por alrededor de 1,700 millones de pesos, durante los años 2007 y 2008.
La instancia fue depositada por los directivos de ADOCCO Julio César de la Rosa y Rigoberto Rosario ante la Fiscalía del Distrito Nacional.

Dijeron que los hechos imputados pueden ser calificados palmariamente de “falsedad en escritura de comercio”, “uso de documentos falsos”, “asociación de malhechores” y “abuso de confianza”, infracciones previstas y sancionadas en los artículos 147, 148, 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano.

domingo, 10 de febrero de 2013

Grupo se manifiesta en contra de la Barrick

Decenas de personas cargaron este viernes letreros y lanzaron consignas en la calle El Conde, expresando su oposición a la explotación minera de la Barrick Gold en Cotuí. El grupo se suma al reclamo popular de modificar el contrato para beneficio del pueblo dominicano, aunque adicionalmente aboga por la salida de la multinacional del país.

El Frente Amplio, organización que convocó a la parada cívica, sostiene que a través de la renegociación del contrato se aspira a que el Estado sea el accionista mayoritario de la mina de Pueblo Viejo, es decir, que tenga al menos el 51% de las acciones del consorcio con la concesión.
María Teresa Cabrera, vocera de la actividad, tildó de “chantaje” las declaraciones emitidas este viernes por el presidente de la Barrick Gold, Manuel Rocha, quien llamó al Estado dominicano a “respetar el contrato”.

“Los recursos naturales que tiene el país son un patrimonio de la nación (…) el gobierno lo que tiene la obligación es de escuchar el reclamo de la ciudadanía, no el de la Barrick”, reclamó la dirigente magisterial.
Cabrera explicó que, de acuerdo a la experiencia de otros países, es posible la modificación del contrato, por tratarse de un acuerdo lesivo para el interés nacional: “creemos que se está construyendo un consenso alrededor de la necesidad de que ese contrato sea modificado, es posible modificarlo, simplemente tiene que haber voluntad política y compromiso”.

Resaltó la amenaza que implica para el país la relación actual que sostiene con la minera. “La entrega a estas transnacionales comporta un elemento de vinculación a la soberanía nacional, sabemos que la Barrick tiene una historia bastante oscura en donde ha estado en esta labor de saqueo”, agregó.
El grupo pide que la extracción de los minerales de la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí se realice en condiciones que contribuyan al verdadero desarrollo del país, respetando el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales de la zona.

El Congreso reacciona
Paralelo a la protesta, en el Congreso el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, así como congresistas de diversas organizaciones políticas, reaccionaron también a los comentarios de Rocha.
Martínez declaró que la Cámara no cederá en su postura de que sea revisada la necesidad de modificar el contrato para que haya beneficios para el país.

Se expresaron por igual los diputados Rubén Maldonado, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Jorge Frías y José Santana del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Los legisladores coincidieron en que esperan que la empresa no se cierre a las negociaciones, manteniendo un clima de respeto. Santana consideró que de no llegar a un acuerdo será necesario recurrir al arbitraje internacional.

República Dominicana es el tercer país desde donde más droga llega a España a través del aeropuerto de Madrid

La República Dominicana es el tercer país latinoamericano desde donde mayor cantidad de drogas llegó a España a través del aeropuerto de Barajas, informó la Guardia Civil.

En 2012, las autoridades españolas se incautaron droga en 71 vuelos procedentes de la República Dominicana. En primer lugar está Colombia, país de origen de la droga en 99 ocasiones y en segundo lugar, Perú, con 84.

En el cable de la agencia EFE que recoge los datos ofrecidos por la Guardia Civil en un comunicado, se indica que se decomisaron más de dos toneladas de estupefacientes, principalmente cocaína, y se detuvo a 461 personas, 317 son hombres y 144 mujeres.
En la mayoría de los casos las mulas pretendían introducir la droga oculta en dobles fondos, adosada a su cuerpo o en forma de bolas en el interior de su organismo.

sábado, 9 de febrero de 2013

Al final, la Serie del Caribe dejó varios récords y curiosidades

Francisco Peña al dar la vuelta al diamante luego de pegar un jonrón.
La final de la Serie del Caribe estuvo repleta de récords y novedades.
El maratón de 18 entradas conquistado por los Yaquis de Obregón (México) por 4-3 sobre los Leones del Escogido (República Dominicana) empató el récord de innings para un juego del Clásico Caribeño. También se jugaron 18 episodos el 2 de febrero de 2007 en un partido entre los Tigres de Aragua (Venezuela) y las Aguilas Cibaeñas (República Dominicana).

El partido de este jueves-viernes aquí representa un nuevo récord de duración de un choque de Serie del Caribe, con siete horas y 29 minutos. La marca anterior había sido precisamente aquel juego de Aragua-Aguilas hace seis años en Carolina, Puerto Rico, con 6:13.

Otro récord que se empató en la final de este Clásico Caribeño fue el de las 18 entradas en la receptoría del equipo mexicano por parte de José Félix, quien igualó la cantidad del dominicano Alberto Castillo por las Aguilas en el 2007 en ese mismo partido vs. Tigres.

En la coronación de México se utilizaron entre ambos equipos 21 lanzadores, lo cual la marca del 2 de febrero de 2011, en Puerto Rico, en el partido entre los mismos Yaquis de Eddie Díaz y los Toros del Este (República Dominicana).
Entre esos 21 pitchers, se realizó un total de 501 lanzamientos.

Los mil y un intentos por “adecentar” el transporte colectivo

El adecentamiento del transporte público de pasajeros aparenta un asunto de difícil solución. Los esfuerzos han involucrado a distintos gobiernos sin resultados satisfactorios. La corrupción y la falta de políticas claras, entre otras razones, están entre las causas fundamentales del fracaso.
Las pretensiones de poner orden vienen de lejos. Por más de cuatro décadas, las deficiencias operativas del tránsito y el transporte público de pasajeros en Santo Domingo han impactado la funcionalidad de la red vial, anarquizando el espacio urbano y produciendo altos niveles de contaminación ambiental.
Identificar el gran volumen de dinero que implica la movilidad de pasajeros desnuda la ausencia de una decisión política para resolver un problema que, a juicio de González, no necesita la inversión de un peso más de los tantos miles de millones ya invertidos.
Varias son las causas identificadas del problema, según el punto de vista  de especialistas en la materia. Para el ingeniero Onésimo González, experto en planificación y ejecución de proyectos de vialidad y ordenamiento del tránsito, ha sido determinante que los gobiernos no advirtieran la necesidad de crear un marco legal de planificación y transporte que permita construir las infraestructuras y servicios demandados por la masiva migración, que desde las zonas rurales se trasladó a la ciudad, a partir del año 1961.
Para entonces, el 70 por ciento de la población residía en las áreas rurales y, solo el 30 por ciento se concentraba  en las ciudades. “La realidad de hoy es inversa. El 70 por ciento de la población dominicana es urbana, mientras el 30 por ciento restante, reside en las zonas rurales”, plantea González.
 En la actualidad, según datos del Diagnóstico del transporte urbano en la ciudad de Santo Domingo realizado por el experto, los 3.3 millones de habitantes que se movilizan en Santo Domingo en medio de un caos absoluto, genera una demanda de 3 millones de viajes por día que, anualizados, tienen un costo de alrededor de 14 000 millones de pesos.

Identificar el gran volumen de dinero que implica la movilidad de pasajeros desnuda la ausencia de una decisión política para resolver un problema que, a juicio de González, no necesita la inversión de un peso más de los tantos miles de millones ya invertidos.

En su opinión, el  gasto en la búsqueda de soluciones ha sido dispendiado por los choferes, cobradores, propietarios de las unidades de transporte público y otros sectores que intervienen en el negocio, porque no existe un sistema tecnológico de gestión de recaudación que lo optimice en beneficio de un transporte urbano seguro, cómodo, económico y eficiente.

Desde la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), su director general, Héctor Mojica, coincide en parte con los planteamientos del experto. Reconoce, además,  que el Estado ha sido condicionado por los sindicatos y empresarios del transporte, quienes han presionado, chantajeado  y obligado a los distintos  gobiernos a negociar en condiciones que solo a ellos favorecen.

Las expectativas del director de la OTTT de cumplir con la meta de organizar el transporte colectivo en la gestión que inicia, descansan en el hecho de que “estará fuera, por cuatro años, la contaminación de las elecciones”, lapso que permitirá “tomar medidas sin tener que violentar lo que establece la ley y hacer lo que corresponde”.

Mientras, la demanda diaria de transporte de tres millones de personas es satisfecha de manera precaria, según datos de González, por 16 500 carros de concho,  2 800 micro y minibuses -con más de 25 años de uso- que compensan el 80.5 por ciento de la demanda real.
A la flotilla anterior se suman 160 autobuses -de los 300 con que inició- que operan en la OMSA, los que apenas desplazan el 3.6 por ciento del total de la demanda diaria, en tanto el Metro de Santo Domingo-Línea 1, satisface el 3.3 por ciento. A esto se suman 90 autobuses de empresas privadas que cubren el 2 por ciento, mientras el 10.6% de la demanda es satisfecha por los llamados “motoconchos”, todo esto en una red de 208 rutas con 1 972 kilómetros  de recorrido, ida y regreso.
El estudio destaca la participación de los 205 sindicatos de choferes, organizados en 12 federaciones, que ejercen una fuerte presión social y política para mantener este deficiente sistema de transporte público en la ciudad.

Nueva ley, una necesidad
A pesar de encontrarse en una especie de limbo, el proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, podría ser la solución a un problema que desde hace décadas afecta a los usuarios del transporte público de pasajeros, ya que entre los objetivos estratégicos está la ejecución de una política integral que implica mejorías en la movilidad de la población, disminución de la contaminación ambiental y el desarrollo armónico de las ciudades.

Asimismo, plantea propuestas económicas concretas, con las que se propone optimizar las condiciones de productividad y competitividad, garantizar la sostenibilidad de los servicios, hacer un uso más eficiente de los recursos del Estado, reducir los costos de prestación y fomentar el provecho de las inversiones pasadas, presentes y futuras.

En su Artículo 4, el anteproyecto de ley propone un sSistema integral que aglutine el conjunto de instituciones, servicios, instalaciones, infraestructura, vehículos, equipos y demás elementos organizados para cumplir las competencias indicadas por dicha propuesta.

Y en efecto, para el director de la OTTT, la regulación del sector, por lo menos teóricamente, corresponde a esa entidad. Se queja, sin embargo, de que por pugilatos entre la OMSA, OPRET y la AMET, a ésta última institución se le asignaron funciones reguladoras, mediante el decreto 187 de 2005, obviando su naturaleza original, que era la de imponer el orden en el tránsito, es decir, asumir las funciones que una vez tuvieron los agentes de tránsito de la Policía.
En ese sentido, el funcionario entiende, al igual que el consultor González, que la aprobación de la ley, que lleva ocho años dando vueltas en el Congreso sin ser aprobada, podría resolver el problema de ordenamiento vial y movilidad de personas, ya que plantea la unificación de todas las instituciones que confluyen en el sector.

¿Qué regula la OTTT?
Para Mojica, lidiar diariamente con los empresarios del transporte es una especie de calamidad, tanto que, según dice, quienes le han antecedido en el cargo se han desgastado en el intento de solucionar los conflictos con ese sector.
“En la actualidad, el subsidio a los empresarios del transporte es del 15 por ciento del consumo, lo que involucra una cifra de más de 200 millones al año”, afirma el director de la OTTT.
Refiere el caso de los subsidios que reciben esas empresas a través del bono-gas y el gasoil, que según el presidente Danilo Medina debió mantenerse solo hasta diciembre de 2012. Sin embargo, “esos empresarios siguen recibiendo los beneficios en base a la presión de los sindicatos”.

 El funcionario gubernamental habla del impuesto fijo establecido en la reforma fiscal para aportar a la solución del transporte y que al parecer será destinado a favorecer a sus empresarios. “Se trata de otorgar más recursos a las centrales sindicales y a los empresarios del transporte, y eso hay que estudiarlo a fin de establecer cuál es el costo operacional de cada una de ellas. Ellos dicen que cobran por debajo del costo operacional, a pesar de los incentivos que reciben desde el Estado”, apunta.

“En la actualidad, el subsidio a los empresarios del transporte es del 15 por ciento del consumo, lo que involucra una cifra de más de 200 millones al año”, afirma.
Frente al problema, admite que durante décadas al Estado le ha ido mal en los intentos por regular el transporte, atribuyendo esta situación, fundamentalmente, a los negocios que involucran a diferentes sectores, incluido el mismo gobierno, y aunque sin una propuesta concreta, tiene la esperanza de que el escenario cambiará.

De su lado, González sueña con la creación de programas, tanto nacionales como municipales, en los que el gobierno defina proyectos de movilización urbana y accesibilidad y seguridad vial  como herramientas para convertir a los peatones de nuestras ciudades en verdaderos ciudadanos, en espacios urbanos ambientalmente sostenibles y seguros.

Deploran dejaran parir a una niña de 11 años, cuyo embarazo fue fruto de violación

La Colectiva Mujer y Salud y otras organizaciones condenaron este viernes la desprotección en que se encuentra una niña de apenas 11 años de edad que ha dado a luz un niño fruto de una violación sexual perpetrada por un adulto.

Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud
Se refiere a “Lucecita”, apodo con el que ha sido nombrada para preservar su real identidad, que alumbró un niño de cuatro libras en el hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal y según el reporte del centro asistencial recogido por 7dias.com.do., se encuentra en estado de gravedad.
La posición de la Colectiva Mujer Salud es abrazada además, por el Foro Feminista y la Asociación Dominicana de Periodistas con Perspectiva de Género.

Consideran que la situación por la que ha atravesado la niña compromete su derecho a la vida y a la integridad personal, además de que vulnera sus derechos sexuales y reproductivos.
“En esta ocasión, hacemos un llamado a la sociedad dominicana para que, en conjunto, velemos por la vida de ‘Lucecita’”, dice un comunicado de las entidades sociales.

Consideran que al existir la prohibición legal sobre la interrupción del embarazo, “Lucecita” “ha sido sometida a un trato cruel, degradante e inhumano, colocándola en un hilo entre la vida y la muerte”.
“Resulta extremadamente arbitrario que una mujer, y en este caso una menor de edad víctima de violación sexual, no tenga en nuestro país el derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su sistema reproductivo. Resulta inhumano y cruel obligar a una niña de once años a llevar a término un embarazo”, insisten las organizaciones de la sociedad civil.

De ahí su demanda de traslado de la menor desde el hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal a la Plaza de la Salud, en Santo Domingo; que se despenalizado el aborto por violación, incesto y cuando corre peligro la vida y la salud de la mujer y que sea llevada la educación sexual integral y científica a las escuelas.
De igual modo, exigen políticas públicas que contribuyan a prevenir y sancionar de manera efectiva la violencia sexual contra las mujeres y las niñas; que la justicia imponga todo el peso de la ley al  violador y disponer de protección social para la criatura, “ya que “Lucecita”, de salvar su vida, no dispone de la madurez emocional, física, psicológica y material para ejercer la maternidad”.

viernes, 8 de febrero de 2013

El Gobierno decidirá manejo loma Miranda

Santo Domingo.-El Gobierno dominicano  tendrá la decisión de la posible explotación o no de loma de Miranda, en base a las recomendaciones que dará el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Valerie Julliand, representante del organismo, al presentar a los seis expertos de alto nivel que llegaron el domingo e iniciaron la evaluación del estudio de impacto ambiental sometido por la empresa Falcondo, para gestionar su operación minera, detalló parte del proceso.

Citó una serie de reuniones con grupos relacionados al proyecto, entre los pasos dados hasta el momento por los especialistas extranjeros, que tentativamente darán a conocer sus conclusiones en unos dos meses.

La diplomática dijo que empezaron a recabar informaciones haciendo una serie de encuentros con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y  la minera Xtrata Falcondo, al tiempo que recorrieron en helicóptero el área, conversaron con  ejecutivos de la empresa, así como con líderes y grupos comunitarios   que se oponen a la iniciativa, básicamente por su temor a perder las fuentes de agua.
Igual  hicieron con  académicos del Instituto Tecnológico de Santiago; la Universidad Iberoamericana y la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo.

 “Esta mañana nos reunimos con instituciones del Estado, como Industria y Comercio y  Minería. Mañana (hoy) iremos al Senado y la Cámara de Diputados, hasta recabar toda la información posible. No somos nosotros los  que vamos a decidir,  el Gobierno es que va a valorar las recomendaciones del equipo”, dijo.

Equipo especializado tema
Entre los expertos, están los mexicanos Eduardo Davillo,   especializado en ordenamiento territorial y  Olivia Eugenia Sparza,   antropóloga; Rafael Negret, colombiano experto en problemática  socieconómica, ambiental y cultural del continente; Oscar Arnoldo, salvadoreño, especialista en Ciencias de la Tierra (aguas subterráneas), así como David Laurence, austriaco, doctorado en ingeniería de minas, y    Jered Hardner, economista ambiental de Estados Unidos.

Valerie Juliani, adelantó que continuarán recibiendo información del caso y puso de manifiesto la confianza puesta por  el Gobierno, de apreciar sus valoraciones.

Ligia Bonetti: “La Aduana debe estar en manos del Gobierno”

Dijo que el sector empresarial está en contra del contrato otorgado a la compañía ICSS
 .-La presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Ligia Bonetti, consideró ayer que la seguridad del país  no puede estar en manos privadas, sino en las del Gobierno.

Bonetti dijo que el  sector empresarial está en contra del contrato otorgado a la empresa ICSSI,  por considerar que es inconstitucional, ya que le otorga privilegios monopólicos a dicha compañía.
Afirmó   que la instalación de un sistema de Rayos X en los puertos dominicanos para la revisión de furgones no le aporta ningún valor  especial o distintivo a las mercancías.

 “La Aduana  debe de estar en manos del Gobierno. Este  contrato atenta contra la competitividad y no   agrega ningún valor a nuestros productos, porque en otros puertos no van  a tomar eso en  cuenta”, manifestó la presidenta de la AIRD en el programa Cuentas Claras, que se difunde por La Nota (95.7 FM).
Empresa defiende contrato

Mientras que  la empresa ICSSI, SRL Boarder Support Services afirmó que desde agosto del año 2012 acogió  las conclusiones de la Comisión designada por el Poder Ejecutivo en ese entonces para la renegociación del contrato de concesión original, aceptando la propuesta de la Autoridad Portuaria Dominicana, que reduce en alrededor del 50% las tarifas consignadas en el contrato-ley otorgado por el Estado en  el año 2002.

En un comunicado publicado en espacio pagado, la empresa señala que la implementación de este contrato-concesión “con las tarifas sugeridas por el Estado,   de cobrar US$45  por contenedores llenos y US$20  por los vacios, lejos de encarecer costos, los reduciría sustancialmente”.

   Asimismo, la dirigente empresarial dijo que está de acuerdo en que el uso de dicha tecnología esté en manos de personal capacitado para esos fines, provenientes de las distintas dependencias del Estado  que tengan que ver con el trasbordo, entrada o salida de contenedores. 
Menéndez   cabildeó a favor Melgen

El senador Robert Menéndez admitió  que su oficina contactó a las agencias federales de salud de un modo en que pudiera favorecer al principal donante político de su reelección, el doctor Salomón Melgen.
De acuerdo a la agencia AP, el senador negó que  interviniera  en forma inadecuada en disputas sobre facturaciones entre el médico y el gobierno.

Menéndez precisó que tomó contacto con los Centros para Servicios de Medicare & Medicaid para preguntar sobre prácticas y políticas de facturación. Los contactos se produjeron durante una disputa entre los Centros y el médico Salomón Melgen.

Guido Gómez recurre ante SCJ archivo de la querella contra diputados PRD

El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara califico de "absurdo jurídico, vagabundería, irresponsabilidad y violación a la ley" la decisión del procurador general Francisco Domínguez Brito de archivar la querella que interpuso contra los diputados perredeístas Víctor Gómez Casanova y Aquiles Leonel Ledesma Alcántara por difundir grabaciones privadas que atentaron contra su intimidad.

Por no estar conforme con la decisión, Gómez Mazara elevó de inmediato un recurso de objeción  ante la Suprema Corte de Justicia a través de su abogado Julio Cury. Dice confiar que dictamen dado a conocer por el Ministerio Público será revertido cuando lo conozca un juez especial del alto tribunal.

"Esto se inscribe en una lógica de paños tibios, propia del procurador Francisco Domínguez Brito. Avala la irresponsabilidad de esos dos diputados cuando no solo hacen uso de una cinta (grabación) obtenida en forma ilegal, sino cuando la hacen púbica, en franca violación del artículo 337 del Código Procesal Penal que protege el derecho a la intimidad de las personas", expresó Gómez Mazara en entrevista para 7dias.com.do.

"Desde el ajusticiamiento de Trujillo, en el país hay un club de señoritos iluminados que creen que es posible construir un proyecto presidencial usando la plataforma de los partidos políticos tradicionales y con solo la bendición de los poderes fácticos.
 Más adelante explica: "No tengo la menor duda de que esa decisión será revocada. Él (Domínguez Brito) dice que el hecho fue producto del calor de la campaña electoral (del 2012), indicando que las violaciones a la ley en procesos electorales están exenta de ser perseguidas por el Ministerio Público, lo que es revelador de cómo la complicidad está vigenteen el ejercicio judicial de este país".

Desde su óptica, Domínguez Brito demuestra su complacencia con el sector político (de Miguel Vargas Maldonado) que tiene colindancias con el gobierno. “El funcionario judicial olvida –añade— que aquí a todo el mundo le llevan su contabilidad”. Recordó que Domínguez Brito fue ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), desde la cual reclamaba respeto a los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas, prédicas que al parecer, conjetura, ya ha olvidado.

Gómez Mazara afirma que el procurador tiene aspiraciones presidenciales y lo habrían convencido de que con un Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en conflicto, un presidente Danilo Medina que no se puede reelegir y un Leonel Fernández descalificado, se crea un ambiente favorable para que él dirija el país.
"Desde el ajusticiamiento de Trujillo, en el país hay un club de señoritos iluminados que creen que es posible construir un proyecto presidencial usando la plataforma de los partidos políticos tradicionales y con solo la bendición de los poderes fácticos. Eso no se logra con solo quererlo, porque hay valores y condiciones que no se compran en botica”, sentenció Gómez Mazara, quien fuera consultor jurídico del gobierno de Hipólito Mejía.
Subrayó la falta de consistencia del procurador en el ejercicio de sus funciones, pues mientas archiva las querellas presentadas por él contra los diputados Gómez Casanova y Ledesma Alcántara y por Guillermo Moreno contra Leonel Fernández, reabre el expediente del senador reformista Amable Aristy Castro.
Gómez Mazara explicó que cuando depositó la querella pensó que el procurador, fuera quien fuera, pondría el interés institucional por encima del interés político, porque la difusión de la conversación telefónica por sus querellados representó una flagrante violación de sus derechos.

La querella contra los diputados Gómez Casanova, Ledesma Alcántara fue introducida inicialmente por la Suprema Corte de Justicia el 4 de junio del 2012. Los acusados difundieron una conversación telefónica del dirigente político y la presentaron como prueba de que este planeaba matar a Miguel Vargas Maldonado.
El 20 de junio desde mismo año, el alto tribunal declinó el expediente por ante el procurador, por considerar que se trataba de una acción privada y no pública.

Fue así como el 11 de diciembre pasado la procuraría emitió un dictamen, cuyo dispositivo fue dado a conocer este miércoles, en el que desestima la querella "por no configurar ninguna infracción de tipo penal". Alega que los querellados no interfirieron ni intervinieron en la vida privada de los querellantes y por lo tanto la declaró inadmisible y dispuso su archivo definitivo.

Dinero sucio español habría sido invertido en el complejo turístico Cap Cana, de la familia Hazoury

La corrupción no conoce fronteras. Se internacionaliza de la mano del capital, los empresarios y políticos globalizados. La pasada semana, el escándalo del senador estadounidense Bob Menéndez y y el médico dominicano Salomón Melgen entró con fuerza en los medios locales y todavía se sienten sus coletazos.

Quizá en breve los ruidos provengan de España amplificados por la investigación que realiza el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre los negocios en el país del Grupo Vitalia.
“La conexión dominicana de los ERE se oculta bajo varias capas de sociedades interpuestas, como en un juego de matriuskas”, dice el diario español.
En un amplio reportaje publicado este jueves por el periódico El Mundo –al que se puede acceder pagando— se dice que Vitalia recibió 23,2 millones de euros en solo cinco años de la Junta de Andalucía para gestionar los expedientes de regulación de empleo (ERE), de los cuales 5,1 millones vinieron a parar a la República Dominicana a través de un entramado de empresas.

El canalizador de esos dineros ahora bajo investigación fue el empresario español Jesús Barderas, radicado en el país desde 1986; el destino, el ambicioso complejo turístico Cap Cana, de la familia Hazoury, donde también participa como accionista Donald Trump.

De acuerdo con la crónica de El Mundo firmada por sus periodistas Sebastián Torres y Antonio Salvador bajo el epígrafe “Políticos bajo sospecha”, un borrador del contrato encontrado durante pesquisas de los Mossos d’Esquadra, en el domicilio de Antonio Albarracín, director comercial de Vitalia, lo transado fue la compra de acciones por 28 millones de euros aunque “en realidad, su valor nominal solo ascendía a 6,9 millones de euros”.

En los expedientes aireados por El Mundo también se habla de correos electrónicos que hacen referencia a “comisiones” y “pagos en metálico” a sindicatos, entre ellos las dos más grandes centrales obreras de España, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.
El escándalo comenzó como consecuencia de la considerada en otros medios como “oscura quiebra de la mutua Fortia Vida”, perteneciente al Grupo Vitalia. Lo que se teme es que el dinero pagado por la Junta de Andalucía por los ERE haya vuelto, aunque disminuido por la repartición, a los bolsillos de quienes lo pagaban. La vía utilizada por Vitalia o Fortia Vida era relacionarse con despachos de abogados, simular negocios mediante empresas fantasmas y hacer volver el dinero a su fuente de origen.
“La conexión dominicana de los ERE se oculta bajo varias capas de sociedades interpuestas, como en un juego de matriuskas”, dice el diario español.

Y de hecho lo es: una gran cantidad de empresas solapándose mutuamente. La gran muñeca rusa que las oculta es la empresa “dominicana” Tenedora Verlac, en la que Plárrega Invest –otra empresa de Vitalia que habría servido para descapitalizar a Fortia Vida— tenía invertidos poco más de cinco millones de euros. No era la única, pero la maraña es demasiado densa para desanudarla en esta nota.
El resultado es que a través de Tenedora Verlac, el Grupo Vitalia era dueño del 18 % de la Corporación Hotelera del Mar, implicada en la construcción del hotel Cap Cana. Jesús Barderas, socio de la familia Hazoury, habría jugado un papel fundamental en la llegada de este presunto dinero sucio al paradisíaco “resort”.

“Los agentes han entregado al Juzgado de Instrucción  6 contrato de compra y venta de acciones de Corporación Hotelera del Mar. Además, Eduardo Pascual tenía en su domicilio un contrato de 8 de marzo de 2005 por el que la dominicana Cap Cana y la panameña Creola Overseas, vinculadas a Barderas y a sus socios de la familia Hazoury, vendieron un 25 % del accionariado de Corporación Hotelera Internacional a Tenedora Tinalli, que podría ser, por tanto, otra de las sociedades utilizadas por el entramado para desviar fondos. Esa podría ser la operación de 28 millones reflejada en el borrador”, concluye la nota de El Mundo.
Jesús Barderas
La crónica se completa con una semblanza del empresario Barderas del que El Mundo afirma que estuvo siempre cerca de la beautiful people en los años ochenta. Amigo íntimo del expresidente del gobierno español Felipe González, a quien recibe con frecuencia en Cap Cana, el empresario estuvo hace unos años atrás en el centro de otro escándalo de corrupción, el caso Malaya.
La semblanza destaca su relación de amistad con González y con el mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de Claro.
Recuerda también que en 2007, Barderas y Abraham Hazoury anunciaron la creación del Centro Energético de las Américas, en Panamá, con 40 000 millones de dólares de inversión y 30 000 empleos, pero “pese a la gran expectación generada, la idea sigue aún sobre el papel”.