El presidente Danilo Medina expresó hoy su firme decisión de procurar
una renegociación del contrato con la empresa canadiense Barrick Gold,
tras definir como “inaceptable” que la minera se lleve el 97% de los
recursos obtenidos por la exportación del oro extraído de la mina de
Pueblo Viejo, en Cotuí.
Al pronunciar su primer discurso de rendición de cuentas ante el
Congreso, el primer mandatario destaca que fruto del reajuste de los
precios del oro en el mercado internacional, la Barrick Gold se ganaría
1,753 millones de dólares anuales, frente a los 56 millones que
percibiría el Estado dominicano.
Para el mandatario esa ecuación es “sencillamente inaceptable”.
Quiero hacer hoy un último llamado a los ejecutivos de la Barrick
Pueblo Viejo para que accedan a revisar los aspectos fiscales del
contrato, pues el esquema actual de distribución de ingresos, luego del
alza en los precios del oro en el mercado mundial, es inaceptable.
Sus extensas palabras sobre el tema Barrick Gold son las siguientes:
Señoras y señores
Nuestro gobierno tiene un firme compromiso con el principio de la
seguridad jurídica para la inversión. Soy un fiel creyente en la sana
inversión extranjera para estimular el crecimiento del ingreso, el
empleo, la reducción de la pobreza y la generación de divisas, en
economías emergentes como la nuestra.
En este contexto, quiero ahora referirme a un tema que desde hace
meses se viene debatiendo en el país, y sobre el cual un número
creciente de sectores, grupos, y líderes de la sociedad dominicana han
estado reclamando una definición del Gobierno. Me refiero, al contrato
entre el Estado dominicano y la empresa Barrick Pueblo Viejo.
La inversión extranjera que se ha producido en el Proyecto Barrick
Pueblo Viejo es la de mayor envergadura que ha tenido lugar en el país
en toda la historia.
Se estima que la inversión realizada alcanza más de 3 mil millones de
dólares, monto que deberá ser validado por la auditoría que el Estado
dominicano contrató con la SGS de Suiza.
Estoy convencido de que la Barrick es una empresa seria, comprometida
con una minería responsable, y cumplidora de las normas y mejores
prácticas para proteger nuestro medio ambiente.
Dicho lo anterior, paso a referirme a un aspecto que consideramos
merece atención especial, tanto por parte del Gobierno como de la
empresa Barrick Pueblo Viejo: los beneficios fiscales que genera el
proyecto y la nueva situación que se ha presentado, luego de que los
precios del oro en el mercado de Londres hayan registrado niveles de
entre mil 600 y mil 900 dólares la onza en los últimos años, como
consecuencia de la fuerte expansión de la liquidez mundial y la
incertidumbre provocada por el colapso de Lehman Brothers en septiembre
de 2008.
El 25 de marzo de 2002, fecha en que se aprobó el Contrato para la
explotación del oro entre el Estado dominicano y la empresa Placer Dome,
el precio del oro en el mercado de Londres cerró en 298 dólares la
onza.
Ese contrato fue adquirido por Barrick Gold cuando el 19 de enero del
2006 esta empresa compró las acciones de Placer Dome. El día de la
compra de las acciones, el precio del oro cerró en 555 dólares la onza.
El 27 de septiembre del 2007, Barrick Gold solicitó, a través de
carta dirigida a la Ministerio de Industria y Comercio, la
flexibilización de los aspectos fiscales del contrato que el Gobierno
había acordado con Placer Dome. Ese día el precio del oro cerró en 732
dólares la onza.
A pesar de que el Gobierno dominicano podía aferrarse a lo
establecido en el Contrato original con Placer Dome, mostrando una
actitud de apertura y flexibilidad, aceptó sentarse en la mesa de
negociación con la empresa Barrick Gold, para revisar los aspectos
fiscales del Contrato que esta había adquirido.
El 11 de noviembre de 2009, la Cámara de Diputados aprobó la enmienda
al contrato con Placer Dome, en el cual se establecieron modificaciones
al régimen fiscal del contrato.
Como acertadamente sentenció el Presidente Barack Obama en su
discurso inaugural el pasado 21 de enero, “cuando los tiempos cambian,
nosotros también debemos cambiar”. Y nadie, absolutamente nadie, puede
negar que luego de la crisis financiera de 2008, los tiempos de hoy son
muy diferentes a los de principios de la década.
El hecho de que el precio del oro sea actualmente casi 6 veces más
alto que el de marzo del 2002, es un reflejo de la magnitud del cambio.
Fue eso lo que nos motivó, desde que asumimos la Presidencia de la
República el pasado 16 de agosto del 2012, a designar una Comisión
Oficial de Alto Nivel, bajo la coordinación del Ministro de la
Presidencia, con el mandato de iniciar conversaciones con los ejecutivos
de la empresa Barrick Pueblo Viejo.
El objetivo de la comisión es acordar modificaciones al esquema
fiscal establecido en el contrato, dado el cambio dramático que ha
tenido lugar en el precio del oro en el mercado de Londres.
Decenas de reuniones han tenido lugar en los últimos seis meses, sin
que a la fecha se haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad
y la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual de
distribución de los ingresos, entre la empresa y el Estado dominicano,
derivada de la explotación del oro.
A lo sumo, lo único que la empresa ha ofrecido es la posibilidad de
adelantar el pago de impuestos futuros, lo que implicaría que el
Gobierno actual estaría apropiándose de recursos que le corresponderían a
las próximas administraciones.
Que no le quepa duda a nadie. Para quien les habla, una operación
como la planteada por los ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo no encaja
dentro de los principios éticos y morales sobre los que se fundamenta
nuestra administración.
Bajo el esquema fiscal establecido en la más reciente versión del
contrato para la explotación de oro en Pueblo Viejo, con un precio
promedio de mil 700 dólares la onza de oro y 28 dólares la onza de
plata, la empresa Barrick Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de
costos operativos por 2 mil 600 millones de dólares en los dos primeros
años de producción, asumiendo exportaciones de 1 millón de onzas de oro
y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa
estaría recuperando el monto total invertido en poco más de dos años.
Nunca antes, en la historia de la humanidad, se ha verificado un caso
en el cual una empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan
poco tiempo, mientras el Estado del país receptor de la inversión
estaría recibiendo migajas durante esos primeros años.
De los mil 753 millones de dólares de ingresos anuales de
exportación, el Gobierno dominicano apenas recibiría 56 millones de
dólares.
En otras palabras, durante los primeros años, de cada 100 dólares de
ingresos de la exportación de oro y otros metales, la Barrick recibiría
97 dólares y el pueblo dominicano tres.
Dominicanas y dominicanos.
¡Eso es sencillamente INACEPTABLE!
Estoy consciente que ni el Gobierno ni Barrick Pueblo Viejo tienen la
culpa de este resultado. La verdad es que ninguno de los dos previeron,
y quizás no podían prever, lo que iba a suceder con el precio del oro
luego de la crisis financiera global que estalló en septiembre del
2008.
Pero la realidad es que la situación cambió. Que las circunstancias
ahora son muy diferentes. Y si por mutuo acuerdo no modificamos los
términos fiscales del contrato durante los primeros años, la Barrick se
quedaría prácticamente con todo y el pueblo dominicano con nada.
Dominicanos y dominicanas,
Yo, Danilo Medina, les aseguro que eso no sucederá.
Quiero hacer hoy un último llamado a los ejecutivos de la Barrick
Pueblo Viejo para que accedan a revisar los aspectos fiscales del
contrato, pues el esquema actual de distribución de ingresos, luego del
alza en los precios del oro en el mercado mundial, es inaceptable.
Hasta ahora hemos sido pacientes. Pero la paciencia tiene un límite. Y
más para un gobierno que está a diario en la calle y ve dibujadas en el
rostro de nuestra gente las urgencias de una mayor inversión de
recursos, que le permitan mejorar sus condiciones de vida.
Si la empresa Barrick Pueblo Viejo mantiene la posición intransigente
que ha exhibido hasta ahora, el gobierno no se puede quedar de brazos
cruzados.
Pasado un plazo prudente, someteremos al Congreso Nacional un
proyecto de ley que establecerá un Impuesto sobre los Ingresos
Inesperados de las empresas exportadoras de minerales, el cual gravará,
con una tasa justa, el excedente entre el valor de las exportaciones de
minerales a los precios en el momento en que se realicen las mismas y el
precio de referencia para cada uno de los minerales.
Ese precio se fijará en función de los precios vigentes en los
tiempos en que los contratos originales fueron adquiridos u otorgados a
las actuales empresas dedicadas a la explotación de minerales. El
impuesto sobre los ingresos inesperados liquidado operaría como un
crédito para el pago del impuesto de participación sobre las utilidades
netas (PUN) de 28.75%.
Los ingresos que se obtengan de este impuesto serán destinados a la inversión social y al combate de la pobreza.
Estoy seguro que esta iniciativa recibirá el apoyo mayoritario y
expedito de los legisladores de todos nuestros partidos políticos
presentes en esta Asamblea Nacional.
Sé que algunas empresas argumentarán que sus contratos contienen
cláusulas de estabilidad fiscal durante la vigencia de los mismos que
impiden la creación de nuevos impuestos que las afecten.
Mi respuesta a esa argumentación es la siguiente. Primero, la
introducción del nuevo impuesto no reducirá el valor del contrato
original adquirido u otorgado a la empresa. Lo que el nuevo impuesto
haría sería distribuir el aumento en el valor del contrato, generado por
el alza inesperada de los precios, asignándole un porcentaje justo del
incremento al pueblo dominicano y el resto a la empresa.
Segundo, al igual que sucede en los países desarrollados que rechazan
las solicitudes de cláusulas de estabilidad fiscal, en nuestro caso las
decisiones que hayan tomado los Poderes Legislativos en el 2002 y el
2009, no pueden atar de manos al actual ni a los futuros Congresos que
elija el pueblo dominicano, pues esto violaría los derechos de
soberanía.
No es por casualidad que Estados Unidos, Canadá e Inglaterra no
permiten la inclusión de este tipo de cláusulas en los contratos de
explotación petrolera y minera.
Y tercero, el contrato inicial con Placer Dome contenía cláusulas de
estabilidad fiscal similares y el Gobierno, a solicitud de la Barrick
Gold, accedió a sentarse en la mesa de negociaciones para modificarlo a
favor de la empresa.
Ahora, que los elevados precios favorecerían de manera exagerada y
exclusiva a la empresa en los primeros años, corresponde a la empresa
aceptar la invitación del Gobierno para que, por mutuo acuerdo,
modifiquemos la distribución de los ingresos que generará la explotación
del oro de Pueblo Viejo.
Las modificaciones de los esquemas fiscales acordados con las
empresas petroleras y de minerales han sido la regla y no la excepción
en el mundo minero, a raíz de los aumentos inesperados de precios que
han tenido lugar en los últimos años.
Lo que el Gobierno dominicano está requiriendo, no es algo muy
diferente a los cambios fiscales ejecutados en: Argelia en 2006, en
Argentina en 2002, 2004 y 2006, en Australia en 2008, en Bolivia en
2005, 2006 y 2007, en Canadá en 2007, en China en 2006, en Ecuador en
2006, 2007 y 2008, en India en 2008, en Inglaterra en 2002 y 2005, en
Italia en 2008, en Kazajistán en 2008, en Mongolia en 2006, en Nigeria
en 2008, en Papúa Nueva Guinea en 2008, en Rusia en 2002 y 2003, en
Estados Unidos en 2005, 2006 y 2007, en Venezuela del 2002 al 2008, en
Vietnam en 2008, y en Zambia en el 2008.
No somos, por tanto, los únicos que estamos reclamando una mayor
justicia distributiva de los beneficios generados por la explotación de
los recursos no renovables.
Señoras y señores;
Quiero que me escuchen bien: El oro que subyace en el suelo de la
patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperon, es del pueblo dominicano.
¡De nadie más!
Y sólo podrá ser extraído, procesado y exportado, si las condiciones
de distribución de los ingresos generados por la explotación de este
recurso no renovable, son justas y favorables para las dominicanas y los
dominicanos. Y en los actuales momentos no lo son.
De todas formas, les repito, el Gobierno favorecerá el mantenimiento del mejor clima para la inversión nacional y extranjera.
El 'Plan Operativo Obra Santa, Semana Santa, 2013',
que concluirá la noche del domingo, contará en total con 33.130
personas, entre las que figuran socorristas, médicos, paramédicos,
militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate, entre otras,
informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).
