 Libertad de expresión. La jueza Katia Miguelina Jiménez Martínez. |
Santo Domingo.- El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, y el jurista Vinicio Castillo Semán, rechazaron ayer que se amordace a los medios de comunicación en la cobertura de procesos judiciales, tal como sugiere una jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Sin embargo, el jurista Julio Cury, entiende que se debe reglamentar cuidadosamente a los medios de comunicación que de alguna manera contribuyan a forjar la presunción social de culpabilidad.
El procurador Jiménez Peña, el fiscal Moscoso Segarra y el jurista Castillo Semán, rechazaron el planteamiento de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, quien plantea además erradicar ciertas prácticas que, realizadas desde el Poder Judicial, contribuyen a aumentar el descrédito de ese poder del Estado y la presión que se pudiera ejercer sobre los jueces.
Jiménez Peña dijo que no se le puede poner límite a la libertad de expresión y difusión del pensamiento al momento de informar sobre los casos judiciales.
Sostiene que la sociedad tiene derecho a estar libremente informada y es un derecho que no se puede escamotear.
Servicio a la sociedad
De su lado, Moscoso Segarra sostiene que los medios de comunicación le dan un gran servicio a la sociedad cuando siguen de cerca los procesos judiciales.
Empero, entiende que lo que no deben hacer los medios de comunicación es intervenir en los procesos de investigación que la ley manda, tras alegar que es una fase secreta.
Manifestó que cuando se emita una decisión de un tribunal ya tiene un carácter público, señalando que la ley establece que las audiencias son orales, públicas y contradictorias.
En tanto que el jurista Castillo Semán sostiene que los medios de comunicación juegan un papel fundamental al dar a conocer al pueblo decisiones judiciales escandalosas que afectan gravemente la seguridad ciudadana, en las que se esgrimen acomodaticiamente artículos de un código procesal penal que garantizan la pronta libertad de miles de peligrosos criminales que azotan hoy las calles.
Advirtió que los jueces son funcionarios del Estado que se deben a su sociedad, y que sus actuaciones cuando emiten sentencias deben estar rodeadas de transparencia y por lo tanto sujetas al escrutinio público y de los medios de comunicación.
Manifestó que el juez no es una computadora fría que procesa datos y que no sabe ni le tiene que importar a quién juzga y el peligro que éste puede representar para la sociedad. “No. Los jueces deben de saber que tienen una obligación suprema con la sociedad que los ha escogido en la difícil tarea de juzgar, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y tratados internacionales”, adujo el jurista.
Mientras que el abogado Julio Cury sostiene que la sociedad se ha estado inclinando a dar por cierta la autoría o complicidad que el Ministerio Público atribuye a imputados de hechos pavorosos...........Ramón Cruz Benzán
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