Santo Domingo.- La variación de la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica, en favor de la imputada por lavado de activos Sobeida Félix Morel, ha puesto otra vez en el centro del debate la necesidad de una reforma del Código Procesal Penal.
Esta norma jurídica, puesta en vigor hace cinco años, es apoyada por sus propulsores, pero rechazada por diversos sectores que le atribuyen garantías excesivas y la puesta en las calles de las personas acusadas de crímenes.
El debate sobre la necesidad de ajustes en el Código Procesal Penal tomó nuevos giros con la decisión de la jueza Roxanna Vasquez de poner en libertad a Félix Morel, vinculada al decomiso de 4.6 millones de dólares.
Félix Morel, quien es vinculada a una red de narcotraficantes y lavado de activos que dirigía el puertorriqueño José David Figueroa Agosto, también fugitivo, aprovechó su puesta en libertad para fugarse, desconociéndose su paradero hasta la fecha.
Al valorar la aplicación del Código, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, entiende que en los últimos meses los jueces se han mostrado más prudentes a la hora de aplicarlo, en especial lo referente a las medidas de coerción, principalmente la prisión preventiva.
Consideró que el Código ha sido una de las más importantes conquistas del país, a tal punto, que la mayoría de los derechos consagrados en él se encuentran en la nueva Constitución.
Redactor del Código
De su lado, Ramón Emilio Núñez, director general de la Escuela del Ministerio Público y uno de los redactores del Código, expresó que se opone a la modificación de esa normativa.
Dijo que no es posible pretender atribuir al Código el auge de la criminalidad.
A su juicio, la criminalidad es un fenómeno que responde a múltiple factores, y que la adecuada implementación del Código debe ir asociada al fortalecimiento de los actores, y a sus niveles de coordinación.
Comisionado Justicia
El Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia, Lino Vásquez Samuel, entiende necesario el fortalecimiento del Código Procesal Penal para hacer este instrumento legal más funcional.
Vásquez Samuel, quien además es vicepresidente ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de la Reforma Procesal Penal, dijo que con el fortalecimiento de la normativa lo que se pretende es conectar o acercar más al ministerio público con la víctima para poder impulsar acciones legales y así evitar la impunidad.
Jurista
El jurista Vinicio Castillo Semán entiende que “hay sectores que se resisten a entender que es una necesidad reformar el Código”.
Manifestó que la realidad del día a día está demostrando que la mayoría de los delincuentes violentos están en las calles impune, como consecuencia de la desaparición de la figura de la prisión preventiva del ordenamiento procesal penal.
Casos
Hubo muchos casos que mantuvieron en vilo a ciudadanía: Apresamientos por narcotráfico y lavado de activos, algunos encarcelados y otros salvados por la huida, como José Figueroa Agosto y Sobeida Félix Morel, asesinatos y secuestro que causaron conmoción social, han generado el interés ciudadano durante el año que transcurre.
La facilidad con que Figueroa Agosto y Sobeida han burlado a la justicia ha suscitado múltiples comentarios acerca de los alcances del contubernio de autoridades, a todos los niveles, con el narcotráfico o con figuras del crimen organizado.
Rolando Florián
La muerte a tiros en la cárcel de Najayo, de Rolando Florián Féliz, quien había sido condenado a 20 años de prisión por narcotráfico, luego de ser apresado en el año 1989.
El incidente tuvo lugar al momento en que Florián Féliz se enfrentaba, puñal en mano, contra un grupo de policías fuertemente armados al mando del capitán Lino de Oca Jiménez, quien resultó herido en el incidente.
Una comisión del ministerio público recomendó el sometimiento a la justicia, donde se ventila.
El Gringo
Otro hecho que también cabe destacar fue el apresamiento de Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo) y su acompañante la joven Yocasta Espinal Campusano, a quienes se les ocupó más de cuatro millones de pesos y 920 euros, los cuales cargaban en el interior de una yipeta X6 BMW del año. Estos ofrecieron un soborno de 500 mil pesos a los agentes actuantes a cambio de dejarlos en libertad. Guardan prisión preventiva en la Cárcel de Najayo.
Secuestro Baldera
Durante más de veinte días, el país estuvo atento al secuestro del joven Eduardo Baldera, hijo del dueño de dos casas de cambio en Nagua y Samaná.
De acuerdo a la versión hecha pública, Baldera logró escapar de sus captores en la comunidad El Copey, de Villa Vásquez.
De este caso se desprende un gran escándalo de violencia, pues Cecilio Díaz y William Batista Checo, dos hombres acusados del secuestro de Baldera, fueron entregados vivos a la Policía, y luego fueron reportados como muertos en un alegado intercambio de disparos.
Luego una comisión designada por la Procuduría determinó que se trató de una ejecución, por lo que recomendó el sometimiento a la justicia de la patrulla actuante.
Paya
El caso Paya es uno de los más trascendentales, porque involucró el asesinato de siete colombianos. Actualmente hay 27 personas entre militares y civiles en prisión, quienes en la actualidad son procesados en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Alegadamente el móvil del crimen fue 1,200 kilos de cocaína y una cantidad indeterminada de dinero cuyo destino se ignora. Ramón Cruz Benzán -
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