Que las autoridades investigarán hasta las últimas consecuencias esos hechos es la coletilla que acompaña las declaraciones policiales y de fiscales
La Policía y el Ministerio Público tienen entre sus tareas pendientes esclarecer varios homicidios que consternaron a la sociedad dominicana, sobre todo por la saña con que se cometieron.
La Policía y el Ministerio Público tienen entre sus tareas pendientes el esclarecimiento de varios homicidios que consternaron a la sociedad dominicana, tanto por la saña con que se cometieron algunos, como por las sospechas de que detrás de esas acciones esté el crimen organizado.
Que las autoridades investigarán hasta las últimas consecuencias esos hechos es la coletilla que acompaña sus declaraciones, pero mientras se llega a ese término siguen sin solución casos como el asesinato del ex oficial de la Marina de Guerra Isidro Zayas García, de 37 años, asesinado el 28 de octubre de 2003 en su residencia del sector Galá, en Santo Domingo.
Los atacantes, vestidos con uniformes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cometieron el hecho en presencia de la esposa e hijos de la víctima.
Zayas García, de origen humilde, poseía vehículos de lujo, fincas, fábricas de muebles, un yate y varias viviendas.
Parecería que el tiempo se encargó de borrar el crimen de Martín Abreu Pimentel, acribillado el 23 de mayo de 2002 en el estacionamiento de Trío Café, situado en la Plaza Castilla, en la avenida Abraham Lincoln.
El fenecido, condenado en contumacia a 20 años de prisión por su vinculación con un cargamento de 116 kilos de cocaína, fue durante una semana ayudante civil honorífico del presidente de la República, a la sazón Hipólito Mejía.
En el limbo también quedaron las pesquisas sobre la muerte de Ángel Christopher Martínez, quien perdió la vida el 12 de julio de 2006 luego de recibir los disparos que le propinaron dos hombres en el sector Alma Rosa, del municipio Santo Domingo Este.
La víctima, que trabajaba en el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), investigaba una red que supuestamente operaba aviones de carga y de pasajeros utilizando matrículas falsas.
Aunque el 29 de septiembre de ese año se dictaron medidas de coerción contra José Rafael Corporán, por su alegada implicación en el caso, posteriormente fue puesto en libertad, y el anuncio de la extradición de un colombiano que habría participado en el crimen, se quedó como una de las tantas nebulosas que arropan a ese hecho. Continua AQui
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