Expediente FONPER vs. generadoras, en el limbo

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Treinta y nueve días después de vencido el plazo de 20 que diera la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso a los ejecutivos de EGE-Itabo, para citar a uno de los principales imputados en el expediente que por dolo, fraude, estafa y abuso de confianza contra el Estado, elevara el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) el pasado 8 de agosto, todavía no se  sabe qué ha ocurrido con la citación a Marcos de la Rosa, exdirector ejecutivo de la empresa generadora de electricidad. Las expectativas en la coyuntura actual están concentradas en el anuncio que hiciera el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, de que el gobierno buscará 300 millones de dólares de los 700 que supuestamente se adeudan a estas empresas. Mientras, lo que no se menciona es el curso de la querella interpuesta por el FONPER que involucra la suma de 18,000 millones de pesos que en este caso deberían devolver las generadoras de electricidad al Estado. Al parecer, tampoco es noticia el proceso de negociación que había iniciado el gobierno con los representantes  de las generadoras de energía  de cara al pacto eléctrico anunciado por el presidente Danilo Medina y que implicaría una revisión de los contratos firmados hasta 2015 y 2016 que, según Bichara, no aguantarían tres años para su revisión debido al déficit y a la difícil situación por la que atraviesa el sector. No hay que olvidar el sometimiento hecho por el FONPER a las empresas generadoras de electricidad Haina, S.A (EGE-Haina) y ITABO, S. A. (EGE-ITABO) y a sus principales autoridades bajo los cargos de abuso de confianza, falsedad en escritura pública, asociación de malhechores, corrupción y desfalco al Estado por aproximadamente 18,000 millones de pesos, a través de la energía servida y la sobrevaloración de la no producida y cobrada de manera ilegal. El FONPER –antigua CREP— acusa a Edgar Pichardo, presidente de la distribuidora de electricidad, Pastor Sanjurjo, gerente general y a la empresa Haina Investment Company, LTD, administradora de EGE-Haina, de violar el contrato suscrito el 28 de octubre de 1999, cuando el país inicia el proceso de privatización del sistema eléctrico. De igual manera, la entidad, que maneja los fondos de las empresas que fueran privatizadas y estatizadas durante el primer período de gobierno de Leonel Fernández, presentó un emplazamiento judicial contra Jesús Bolinaga, presidente de EGE-ITABO, New Caribbean Investments, S. A., empresa que además es cien por ciento propiedad de AES Corporation, administradora de Ege-ITABO, por transgredir lo establecido en el contrato del 8 de agosto de 2001. Otra sustentación de la querella  reside en que la institución estatal es la propietaria del 49.7 % del capital de cada una de las distribuidoras, ya que el 0.03 por ciento del capital  corresponde a los antiguos trabajadores de la CDEEE. A raíz del sometimiento, la universidad Autónoma de Santo Domingo, en un informe  enviado al Poder Ejecutivo a través de su Instituto de Energía, destacó que la querella interpuesta por el FONPER contra las empresas generadoras de electricidad revelaba  nuevos aspectos de “las graves manipulaciones delictuosas de los precios base de generación, que han convertido a la electricidad del país en una de las más caras del hemisferio, en este caso respecto del uso de carbón de Colombia de parte de las empresas generadoras que lo utilizan importado a través de una empresa vinculada, evidenciando cómo una red de corporaciones se han apoderado de la economía nacional para llevar a cabo operaciones concertadas indebidas, que les han merecido en el expediente toda suerte de calificaciones penales”. En ese sentido, el Consejo Directivo del IE-UASD dejó claro su apoyo, y así se lo hizo  saber al Poder Ejecutivo, a la investigación del FONPER en torno de las operaciones de sus socios en EGE-Haina y EGE-Itabo, no solo por su reivindicación de los intereses del Estado, sino por su incidencia en el costo de la electricidad en el país, sugiriendo además  que el nuevo gobierno se abstuviera de pagar la “supuesta” deuda de más de 1,100 millones de dólares con las generadoras dejada por la saliente gerencia de la CDEEE, hasta que -apoyada en peritajes técnicos inobjetables- “llegue a conclusiones la investigación del Ministerio Público sobre esta oportuna denuncia, porque las empresas involucradas en la misma son parte acreedora de ésta”. Tampoco hay que olvidar  que la fiscal Jenny Berenice Reynoso, al recibir el voluminoso expediente que avala el supuesto fraude de las principales empresas generadoras de electricidad en contra del Estado, dictaminó que por la gravedad de la denuncia y las pruebas presentadas, se obviaba la fase de conciliación, para entrar en la investigación real del caso. Como parte de la fase preliminar de las investigaciones que se realizan en torno al caso,  Reynoso convocó hace casi dos meses a las partes involucradas en el sometimiento que hiciera el FONPER, a la que acudieron tanto ejecutivos de EGE-Haina y EGE-Itabo, y sus abogados, y por el FONPER, los abogados querellantes, reunión que se llevó a cabo en el despacho del procurador general de la República, quien envió a su adjunto Piñeyra a representarlo. Luego de escuchar a la partes envueltas en el conflicto, la fiscal otorgó un plazo de 10 días francos para la presentación por escrito de sus argumentos, con relación al expediente acusatorio, sin embargo, los ejecutivos de EGE-Itabo y sus abogados solicitaron ampliar el plazo de diez a 20 días, a fin de citar a uno de los principales imputados, Marcos de la Rosa, exdirector ejecutivo de la empresa, quien se encontraba fuera del país, para que comparezca a los interrogatorios, a lo que Reynoso accedió. En esa última reunión, de la que han transcurrido 39 días, acudieron a la Procuraduría General de la República, los imputados Rolando González Bunster, presidente del Consorcio Punta Cana-Macao, Jesús Bolinaga, presidente de EGE-Itabo, y Pastor (Tito) Sanjurjo, director ejecutivo de EGE-Haina. También, los abogados de EGE-Haina Luis Miguel Pereyra, Andrés Bobadilla, Reynaldo Ramos, Olivo Rodríguez Huerta. Por EGE-Itabo, acudieron sus representantes Flavio Darío Espinal y Alejandro Peña, así como Ángel Delgado Malagón, representante del FONPER En la ocasión, los abogados del FONPER reiteraron todas y cada uno de los fundamentos de la querella  e insistieron en que se trata de un expediente criminal, por cuanto involucra crímenes establecidos en el Código Penal, además de ser una acción pública por cuanto es un crimen contra el Estado, es decir, contra la sociedad. De igual manera, los abogados del FONPER solicitaron la presentación de las nóminas de ambas empresas generadoras, por entender que forman parte vital del expediente, a lo que se han negado de manera reiterada. Ivonne Ferreras/7dias.com.do