La Dirección Nacional de Persecución de la
Corrupción Administrativa (DPCA) citó para hoy martes al ex alcalde de
Santiago, José Enrique Sued, a quien interrogará en torno a una
investigación en curso relacionada con presuntas irregularidades
cometidas durante su gestión en el cabildo de ese municipio.
Sued,
ex alcalde del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), fue citado
para que acuda a las 10:00 de la mañana por ante el despacho del
director de la DPCA, Hotoniel Bonilla García, en la tercera planta del
edificio (viejo) de la Procuraduría General de la República, en el
Centro de los Héroes.
“Lo hemos citado a fin de ser escuchado en
relación a una investigación que realiza el ministerio público sobre
presuntas irregularidades ocurridas en el ayuntamiento Municipal de
Santiago de los Caballeros mientras usted se desempeñó como síndico de
esa entidad edilicia”, indica la citación, a cumplirse en la calle
Penetración número 26, en El Dorado I, de Santiago de los Caballeros.
Bonilla
García le señala a Enrique Sued, que durante la fase preliminar de la
investigación se ha evidenciado que esas irregularidades contienen
hechos con relevancia penal, por lo que su presencia resulta necesaria
para el esclarecimiento de los hechos.
El director de la DPCA
también le recuerda al ex alcalde de Santiago que conforme a la norma
procesal penal vigente debe acudir acompañado de un abogado de su
elección.
Denuncia La investigación se realiza luego de
que la Cámara de Cuentas detectara irregularidades en la gestión de
Sued, quien en las pasadas elecciones apoyó al ex candidato presidencial
del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía.
La
auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la gestión de Sued,
establece anomalías graves y la comisión de irregularidades que van
desde compra de bienes sin la modalidad de contratación y duplicidad de
pagos por tres mil millones de pesos.
En la auditoría se establece
que durante la alcaldía de Sued se entregaron desde partidas por
publicidad a regidores hasta la entrega de obras a contratistas con
parentesco a las principales autoridades, por valores de 60 millones de
pesos.
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