Ramón Pérez Reyes POR REPRESENTAR UN PRIVILEGIO IRRACIONAL
Participación Ciudadana depositó hoy ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 5796 que dispone la exoneración abierta del pago de impuesto a la importaciones de vehículos de motor a diputados y senadores.
El documento fue depositado esta mañana por Luis Scheker Ortiz, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, y Carlos Pimentel, director del área de Transparencia.
Ortiz indicó que esa Ley es una violación a la Constitución de la República que condena que una persona sustraiga fondos públicos o que valiéndose de su posición en el Estado obtenga para sí o para terceros provecho económico.
Indicó que por esas exoneraciones el Gobierno ha dejado de percibir más de mil millones de pesos.
Señaló que las exoneraciones otorgadas a los legisladores representa un privilegio irracional y desproporcionado, contrario a la Carta Magna, por lo que solicitan a la Suprema su nulidad.
“La Ley 5796 debe ser declarada nula, conforme a lo dispuesto por el artículo seis de la Constitución vigente, que plantea que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujeto a la Constitución”, indicó Ortiz cuando fue entrevistado por los periodistas luego de entregar el documento.
La organización no gubernamental advirtió que acudirá a los tribunales cuantas veces entienda que las leyes han sido violadas, o que se cometan excesos y abusos de poder en el ejercicio de una función, con la finalidad de eliminar esas malas prácticas y fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho.
De inmediato se produjeron reacciones de tres senadores, que aunque admiten que se pueden reglamentar las exoneraciones, alegan que son de utilidad para el trabajo que realizan.
Charlie Mariotti, senador por Monte Planta, dijo que en su caso particular las exoneraciones que le tocan por ley las ha vendido y ese dinero reinvertido en organizaciones comunitarias de su provincia.
En tanto que Julio César Valentín, de Santiago, explicó que se puede reglamentar en esta ocasión en que el período es de seis años, para que no sean tres exoneraciones, ya que en la actualidad se otorga una cada dos años.
Mientras que Euclides Sánchez, de La Vega, fue más crítico al decir que Participación Ciudadana “lo que tiene que promover es un proyecto para abolir el Congreso, ya que le critica todo”.
Dijo que es ilógico y mesquino cuestionar una ayuda para la compra de un vehículo que sin lugar a dudas sirve de utilidad para los legisladores que tienen que trasladarse hasta cuatro veces por semana a la ciudad capital de lugares tan distantes que superan las 100 millas.
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