El dedo de los principales dirigentes, las encuestas y las alianzas están decidiendo las candidaturas en detrimento del derecho de los miembros que había ganado terreno en el proceso electoral dominicano, debilitando la democracia interna y generando conflictos.
Un claro retroceso
En el actual proceso de elección de candidaturas se está retrocediendo en la democracia interna de los principales partidos, incluso vulnerando el principio de libre elección por convenciones regularmente convocadas que preconiza el artículo 68 de la Ley Electoral vigente.
Aunque seguramente todos convocarán delegados nacionales para que levanten las manos es un hecho incontrovertible que una gran proporción de las candidaturas serán distribuidas previamente por los principales dirigentes de los partidos.
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| Miguel Vargas Maldonado. |
| Archivo/Clave Digital |
A la cabeza de la elección de dedo se ha colocado el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que fue el primero en instituir la votación de sus bases en la elección de candidatos desde los comicios de 1978, cuando la votación de delegados fue sustituida por el voto universal de los militantes.
También el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha decidido reducir el alcance de su elección interna, en altísima proporción en el caso de las candidaturas a senadores, mientras el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), reducido al papel de comodín de los dos partidos mayoritarios, parece depender nuevamente de una alianza, esta vez con el partido de gobierno.
Para la anterior elección congresional y municipal, en el 2006, los tres partidos mayoritarios celebraron elecciones primarias para casi todos los puestos electivos, aún cuando múltiples alianzas obligaron a sustituir candidatos, pero en proporción muy inferior a lo que se plantea en la actualidad.
Hace 4 años los reformistas comenzaron coqueteando con el PLD para terminar negociando con el PRD lo que se conoció como “alianza rosada” que fue proclamada el 28 de febrero del 2006, cuando concluía el plazo legal para registrarla.
Agotaron tres meses en negociaciones interminables que desgastaron a ambos partidos y conllevaron disturbios internos, especialmente en el PRSC que sufrió fraccionamientos de emigrantes hacia los predios del partido gobernante.
Al final hubo dos grandes bloques electorales: el encarnado por el PLD, Alianza por la Democracia, Fuerza Nacional Progresista, Partido de los Trabajadores Dominicanos, Bloque Institucional Socialdemócrata, Partido Liberal de la RD y la Unión Demócrata Cristiana.
En el otro, junto al PRD y el PRSC participaron el Partido Quisqueyano Demócrata, Unidad Democrática, Partido Renacentista, Alianza Social Dominicana, Partido Demócrata Popular, Partido de la Unidad Nacional, y Partido Nacional de Veteranos y Civiles.
Candidaturas reservadas
El primero en restringir el alcance de su elección primaria fue el PLD, que desde hace varias semanas anunció que no permitiría competencia interna en los lugares donde sus encuestas definen un claro ganador para senador y síndico.
El 12 de octubre el Comité Político decidió reservarse 26 de las 32 candidaturas, lo que equivale al 81 por ciento. La proporción de candidaturas a diputados, síndicos y regidores reservadas es mucho menor, y en general vinculadas a la alianza con una docena de partidos y varios fraccionamientos reformistas que reclaman participación.
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| El presidente Fernández en un acto político junto a Marino Vinicio Castillo y Reinaldo Pared Pérez y otros dirigentes. |
| Archivo/Clave Digital |
En el PLD se tiene la convicción de que muchos de las candidaturas reservadas terminarán beneficiando a personas de la absoluta confianza del líder del partido y presidente de la nación, Leonel Fernández, para protegerlo de una tentativa barrida de los seguidores de Danilo Medina con mayoría en los bloques de legisladores de esa organización.
Pero ha sido el PRD el que ha roto el saco, ya que su Comité Político aprobó esta semana reservar a la presidencia del partido la elección de más de la mitad de los 3 mil 368 cargos de elección.
Ello implica el 30 por ciento de las candidaturas para senadores, diputados y síndicos, y otro 15 por ciento de las mismas para tentativas alianzas, lo que suma 45 por ciento.
También la totalidad de las candidaturas a vicesíndicos y suplentes, y el 50 por ciento de las correspondientes a los distritos municipales.
Los dos partidos mayoritarios han convocado sus primarias para este mes de noviembre, entre los días 21 y 29, alternándose por regiones.
El PRSC decidió “respetar las festividades navideñas” dejando su escogencia para enero, probablemente a espera de comprobar las candidaturas que le deja el PLD dentro de la alianza proyectada.
Consecuencias previsibles
La restricción de la participación de las militancias de los principales partidos en la elección de las candidaturas para los comicios del 2010 se inscribe dentro de una tendencia al fortalecimiento del caudillismo, del clientelismo y del transfuguismo que se viene registrando en la política nacional y que tuvo su punto más alto en el pacto para aprobar la nueva Constitución de la República suscrito entre el Presidente Leonel Fernández y el entonces sólo excandidato presidencial Miguel Vargas Maldonado, impuesto a los legisladores de los dos partidos mayoritarios.
La repartición de altas proporciones de cargos refuerza la lealtad a quien otorga y no a los miembros de los partidos, fomentando el caudillismo. También incentiva el transfuguismo que se registra en los últimos años, primero en aras del liderazgo del presidente Fernández y ahora también del de Vargas Maldonado.
Aunque la restricción ha creado malestar en ambos partidos, el mismo es mayor en el PRD, donde las candidaturas a elegir por sus militantes no llegarán a la mitad del total, y dirigentes como Hipólito Mejía, Luis Abinader y Rafael Calderón, han advertido que eso tendrá serias consecuencias. El diputado Calderón, quien aspira a la candidatura a senador por Azua, llegó a proclamar el jueves que si la base no decide allí, perderán la provincia.
En el PLD por estar en el poder tiene mucho más que repartir, además de que tiene una tradición de mayor cohesión interna, por lo que las consecuencias previsibles no serían traumáticas. No así en el PRD con una tradición de enconadas luchas internas y donde miles de dirigentes y militantes cifran sus expectativas de ascenso político, social y económico en un cargo electivo.
Las consecuencias pueden ser más devastadoras para un PRD en la oposición, aún sin aliados definidos, frente a un PLD que mantiene un “Bloque Progresista”, que en los últimos comicios incluyó a una docena de partidos y cientos de agrupamientos, con el beneficio adicional del presupuesto nacional y los recursos del Estado.
¿Y la ley de partidos?
Llama la atención que los líderes perredeístas, tal vez por estar tan embarcados en sus feroces luchas internas, no han insistido últimamente en la aprobación del proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, tras haber concluido la tarea constitucional. Se había dicho que existía el compromiso con el PLD de aprobarlo en octubre, tan pronto terminaran con la Constitución.
Finalmente los líderes del PRD se convencieron que aunque aprobaran ahora la Ley de Partidos, era imposible que fuera aplicada de inmediato la parte de su contenido que ponía en manos de la Junta Central Electoral la organización de las primarias de todos los partidos en una misma jornada de votación.
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| Archivo/Clave Digital |
Perdieron demasiado tiempo contando con lo que siempre pareció imposible, pero ahora pueden cometer otro error, al no insistir en la aprobación de una ley que conllevaría límites y sanciones al abuso de los recursos estatales en la campaña electoral, cada vez más escandaloso en las elecciones nacionales.
Pero es contradictorio y significativo que quienes más insistieron en la Ley de Partidos que instituye la elección primaria obligatoria para el 90 por ciento de los cargos, sean ahora los que más han restringido el derecho a elegir de sus militantes.
El artículo 47 del proyecto reza: “Con la aprobación de sus integrantes, el organismo de máxima dirección colegiada de todo Partido o Agrupación Política tiene el derecho, en el marco de lo establecido en la presente Ley, de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes del mismo partido o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros Partidos o Agrupaciones Políticas, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalentes al diez por ciento (10%) del total de las nominaciones establecidas por la Constitución y las leyes en todo el país, para los puestos de Senador, Diputado, Síndico y Regidor”. Luego se dijo que el diez por ciento había sido elevado al 15.- de Clave Digital
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