Interesante Articulo Detallando como los LADRONAZOS de nuestro pais se han salido con la suya

Mayoría Denuncias corrupción pública se Quedan Sin Castigo
SD. Aunque año tras año el volumen de denuncias de corrupción contra funcionarios públicos crece en los medios de comunicación, y en la justicia, pocos son los casos que prosperan y logran sentencias condenatorias.
En la historia reciente, la constante ha sido que las denuncias que involucran funcionarios se diluyan en los tribunales en kilométricos procesos, hasta quedar sepultadas en el olvido.

Y en los escasos procesos que llegan a juicio de fondo, los funcionarios logran zafarse de las condenas con la ayuda de tecnicismos legales.
Así se comprueba cuando se revisan los expedientes periodísticos de los más de 30 procesos sometidos contra funcionarios estatales de alto rango desde mediados de los años 80 hasta la fecha.

Una muestra es que hasta el 2007, de 250 casos de corrupción sometidos a la justicia, sólo ocho habían logrado sentencias definitivas, es decir, sólo un 3.2%.
Entre esos se citan, los del ex diputado Rafael Flores Estrella, de los ex funcionarios José Michelén, Fulgencio Espinal, y más reciente el diputado Radhamés Ramos; el ex director de la Oficina de Desarrollo Fronterizo, Yorman Vásquez, y algunos involucrados en el Plan Renove.

Los demás salieron airosos con No ha lugar, indultos, retiro de acusaciones y descargas de expedientes.

Descargados

En la larga lista de eximidos figuran, el ex presidente Salvador Jorge Blanco, acusado de desfalco; la ex directora de Aduanas, Anisia Risi, imputada por un supuesto fraude por RD$1,000 millones, y los implicados en el fraude de RD$90 millones de la Lotería Nacional durante el primer gobierno de Leonel Fernández.

También los ex funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía: Víctor Tió, ex director de Bienes Nacionales, acusado de vender terrenos del Estado; el ex secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, sometido por la supuesta entrega irregular de 55 invernaderos; el ex secretario administrativo de la Presidencia, Siquió Ng de la Rosa, por el plan Renove; el ex procurador Víctor Céspedes, acusado de desfalco, y el ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, por el uso dado a RD$2,000 millones de los bonos soberanos.

Igual suerte tuvieron el ex jefe de la Fuerza Aérea, Virgilio Sierra Pérez, por el caso de la venta de turbinas; los 54 oficiales de la Policía, inculpados por el usufructo de vehículos robados; el ex director de la Comisión de Reforma a la Empresa Pública, Félix Alcántara, y los involucrados en el fraude de pasaportes oficiales, entre ellos el ex subsecretario Técnico de la Liga Municipal, Amaurys Antonio Guzmán, y el subdirector de Migración, Víctor Soto Pérez.

Retiraron acusación
En tanto, el Ministerio Público decidió retirar la acusación en los casos de los funcionarios del primer gobierno del presidente Leonel Fernández: Noe María Camacho Ovalles, Diandino Peña, Haivanhoe Ng Cortiñas, Simón Lizardo, (los últimos tres son actuales funcionarios) involucrados en expediente del Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME), en el que supuestamente se desfalcó al Estado con RD$1,427 millones.

El MP también desistió en el caso de los cupones de GLP, en el que se acusaba al actual embajador en Colombia, Ángel Lockward.

También salió ileso el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, Félix Bautista, acusado de sobrevaluar la carretera San Juan-Vallejuelo en más de RD$50 millones.
Bautista también se libró de ir a los tribunales por el caso más escandaloso de los últimos tiempos: el contrato de la Sun Land.
Aunque fue sometido a los tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia, el recurso no prosperó porque la Suprema declaró que el demandante, el Partido Revolucionario Dominicano, no tenía calidad para actuar en justicia.
Actualmente, la ciudadanía está atenta a cómo terminarán los casos de la mafia del departamento de Pensiones de la Secretaría de Hacienda, del ex director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Franklin Beltré; el del ex director del Programa de Reducción de Apagones, Marcos Lara; el caso del ex vicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura; y la supuesta sobrevaluación de obras en el Indrhi, en la que imputan al ex director Héctor Rodríguez Pimentel.
El problema
Para el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, el problema radica en que los órganos de control del Estado fueron diseñados para que no funcionaran en estos casos.
Explica que actualmente hay un problema de equilibrio de estos órganos porque funcionan muy bien para el sector privado y la ciudadanía, pero no para los funcionarios.

Castaños Guzmán enfatiza en que para resolver esa situación hay que rediseñar en el marco de la reforma a la Constitución los órganos de controles, como la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público, para que no sigan siendo dependientes del Ejecutivo.
En abril de este año, la población se sorprendió cuando la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa anunció que eliminó 103 expedientes sobre denuncias de corrupción. El director, Hotoniel Bonilla, justificó la acción en que la mayoría no reunían los requisitos para ser calificados como expedientes de presunta corrupción, por ser "simples papeles" y otros carecer de argumentos y asidero jurídico.
De Yvonny Alcántara