Para el coordinador general de Participación Ciudadana está
claro que la JCE no quiere que esa entidad observe los próximos
comicios, como lo ha hecho durante las últimas ocho elecciones, pero
sobre todo que no haga el conteo rápido. Así reaccionó el doctor
Francisco Álvarez ante la información ofrecida por una comisión de la
JCE en el sentido de que en la lista de observadores de Participación
Ciudadana hay personas con antecedentes de tráfico de drogas, en el
crimen organizado, asociación de malhechores, dirigentes del PRD y
militares.
La comisión de observación electoral de la Junta Central Electoral
(JCE) reveló ayer que en la lista de observadores de Participación
Ciudadana (PC) hay personas con antecedentes por tráfico de drogas y
participación en el crimen organizado, asociación de malhechores,
dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y militares.
En un informe dado a conocer a los medios de comunicación antes que
al Pleno de la JCE y a la propia entidad afectada, la Comisión dice que
de 3,805 observadores sometidos por PC se seleccionó de manera aleatoria
una muestra de 1,225, de los cuales 188 (15%) presentan “graves
inconsistencias”.
“Se pudo constatar personas que han tenido antecedentes penales de
reciente sometimiento a la justicia por violaciones a la Ley 50-88 sobre
Tráfico Ilícito de Drogas o Sustancias Controladas, con sus agravantes
en la participación de grupos de crímenes organizados, como por ejemplo
los observadores que aparecen en los números 17 y 748 del grupo No.1
remitido por esa entidad a esta JCE”, dice la comisión. (El No. 17 en
esa lista corresponde al periodista Juan Bolívar Díaz). Agregó que
también hay acusados de asociación de malhechores, por robo calificado
y agravado y tentativa de robo, y “más de una decena están registrados
en el Sistema de Investigación Criminal”. Cita entre estos los
números 146 y 924 de la lista de PC.
Resaltó que un tema “sensible” en la lista de observadores de PC lo
constituye “el elevado número de militantes políticos y/o vinculados a
agrupaciones partidarias”. Cita entre éstos a Jacqueline Segura Peña,
delegada del PRD en Fundación; Elizabeth Matos Cuevas, suplente técnica
de la misma organización en Cristóbal, provincia Independencia, 88 que
fueron candidatos en las elecciones de 2010 y dos militares.
Lo más preocupante. La comisión de observación
electoral de la JCE, integrada por cuatro exmiembros del equipo técnico
de Participación Ciudadana, afirma que “lo más preocupante” es la
negativa del movimiento cívico a que sus observadores agoten el
procedimiento que todas las demás instituciones observadoras han
aceptado, incluida la OEA y las delegaciones extranjeras, que es el de
identificar correctamente la persona a quien el organismo electoral le
entregará una acreditación.
Advirtió que solo las personas cuya acreditación no está en
discusión podrán presentarse a retirarlas a partir del próximo viernes 4
por la Junta Electoral que le corresponda.
Zoom
Rosario secuestra
Ocho de los partidos emergentes exigieron ayer a la Junta Central
Electoral la resolución que establece el "Observador de escrutinio", que
le permitiría a los aliados tener un observador en el conteo y
verificación de las votaciones. Los partidos Acción Liberal, Fuerza
Nacional Progresista, Unión Demócrata Cristiana, Liberal de la República
Dominicana; de los Trabajadores Dominicanos, Cívico Renovador, de
Unidad Nacional y Quisqueyano Demócrata acusan al presidente de JCE,
Roberto Rosario, de secuestrarla.
Juan Bolívar espera se aclare imputación
El periodista y director del Noticiario Teleantillas, Juan Bolívar
Díaz, calificó ayer como “extremadamente grave” la imputación que le
hizo la comisión de observación electoral de la Junta Central Electoral
(JCE) sobre supuesto sometimiento a la justicia por violación a la Ley
50-88, sobre Tráfico Ilícito de Drogas, y dijo esperar que el organismo
aclare definitivamente los alcances de esa acusación.
En declaraciones para HOY, Díaz afirmó que la única vez que ha estado
sometido a la justicia y condenado “al vapor” en ausencia, pero nunca
preso, fue en el 1996, acusado por supuesta difamación e injuria tras
la publicación de su libro “Trauma Electoral”.
Refirió que la sentencia dictada en su contra por el juez Juan María
Severino fue calificada incluso por el fiscal de entonces como un
“linchamiento político”, y unos dos años después fue anulada por la
Suprema Corte de Justicia (SCJ) por graves irregularidades, ya que se
le condenó sin escucharlo.
“Yo no entiendo definitivamente qué está pasando en el país; estoy
más que sorprendido, no entiendo nada de lo que está pasando. Pareciera
como que esta perversidad ha alcanzado su máxima cota. Yo no tengo
ningún antecedente penal, a mí se me condenó por haber denunciado un
fraude electoral, lo que es una coincidencia”, subrayó el también
director del matutino “Uno +Uno”
¿Miedo?
Juan Bolívar Díaz agregó que si denunciar fraude electoral en abril
de 1996, a pocos meses de las elecciones, fue su acto delincuencial,
“entonces yo considero que ellos (la JCE) tienen razones para estar
preocupados”.
Díaz respondió así cuando se le preguntó en torno a las declaraciones
de la comisión de observación electoral de la JCE, que entre otras
cosas dijo que en la lista de observadores presentada por Participación
Ciudadana figuran personas con antecedentes penales de recientes
sometimientos a la justicia por violaciones a la Ley 50-88, entre los
que citó el número 17, que corresponde al periodista Díaz.
“Me parece que de esa manera la Junta pretende dirimir su diferencia o
su deseo de excluir de la observación electoral a la gente que tiene
experiencia en hacerlo”, expresó el comunicador, frente a las
imputaciones.
