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lunes, 8 de enero de 2018
jueves, 2 de noviembre de 2017
viernes, 13 de julio de 2012
Denuncian a tres jueces de Santiago por presuntamente liberar “delincuentes”
En vez de acoger la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público, el juez Marchena le impuso el pago de una fianza de un millón 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país sin la autorización de un juez.
Los jueces que deberá ir a juicio disciplinario son Águeda del Carmen García, jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción de Santiago, Gabriel Marchena, juez de paz de Villa Bisonó, Santiago, en funciones de juez de Atención Permanente de Santiago y Luisa Rosa García, jueza del Primer Juzgado de la Instrucción de Santiago.
A la magistrada García se le acusa de designar a abogados privados que corresponden a la Defensoría Pública de Santiago, usurpando funciones que le corresponden a la Defensoría.
La denuncia contra esta magistrada fue hecha por Ramona Curiel, encargada de la Oficina de la Defensoría Pública en Santiago.
Mientras que al juez Marchena se le acusa de liberar bajo fianza a Pedro Luis Báez Sánchez hombre que presuntamente asesinó de una puñalada en el corazón a su ex pareja Gleny María Muñiz.
“El imputado Pedro Luis Báez Sánchez asesinó de una puñalada en el corazón a su ex pareja Gleiry María Muñoz, en presencia de sus tres hijos menores de edad”, indica el apoderamiento que hizo la Procuraduría General de la República (PRG).
En vez de acoger la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público, el juez le impuso el pago de una fianza de un millón 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país sin la autorización de un juez.
La denuncia contra el magistrado Marchena fue interpuesta por María Jesús -Susi- Pola Zapico del Movimiento Vida sin Violencia.
De su lado, contra la magistrada Luisa Rosa García existe una denuncia de que dictó de forma irregular siete resoluciones de forma administrativa, mediante las cuales declaró la inadmisibilidad de las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público.
Rechazó imponerles medidas de coerción a imputados acusados de Tráfico y Consumo de Drogas, robo calificado, asociación de malhechores, porte y tenencia de armas, uso de billetes falsos, golpes y heridas, según explica la acusación.
La denuncia contra la magistrada García Polanco fue interpuesta por Yeni Berenice Reynoso.
martes, 3 de julio de 2012
Jueza advierte que con bajos salarios no se imparte buena justicia
En la comparación de la jueza explica que el magistrado de corte gana mensual 110 mil pesos y el juez de la Suprema Corte de Justicia tiene un salario de 274 mil 586 pesos mensuales, para una diferencia de 164 mil 586 pesos.
Así lo establece Ysis Muñiz, jueza de la Tercera Sala Penal de la corte de Apelación y miembro de la Asociación de jueces y juezas de la República Dominicana en una comunicación enviada al CPJ.
“Desde hace siete (7) años el sueldo de los jueces a nivel nacional se encuentra congelado. Esta situación es alarmante y altamente peligrosa, pues el problema no es tan simple como un aumento salarial al sector justicia; de lo que estamos hablando es de un verdadero atentado a la estabilidad y la independencia judicial”, indica la carta.
Muñiz hizo una comparación entre los jueces de todas las instancias y el resultado fue el siguiente: Un juez de paz devenga un sueldo mensual de 49 mil 500 pesos, mientras que un juez de primera instancia tiene devenga mensual de 77 mil pesos, lo que representa una diferencia de RD$27 mil 500 en las distintas instancias.
En la comparación, la jueza explica que el magistrado de corte gana mensual 110 mil pesos y el juez de la Suprema Corte de Justicia tiene un salario de 274 mil 586 pesos mensuales, para una diferencia de 164 mil 586 pesos.
“Urge un aumento salarial en todos los estamentos del escalafón judicial y de otro lado que se hace necesario ajustar los sueldos de forma que exista una proporción equitativa entre las diferentes categorías salariales”, explica la magistrada.
La carta va dirigida a los miembros del CPJ, que está integrado por Mariano Germán Mejía, presidente y Dulce maría Rodríguez, Samuel Arias Arzeno, Francisco Arias y Elias Santini Perera, miembros.
miércoles, 28 de marzo de 2012
Tampoco el procurador ve dolo en Félix Bautista
Tampoco el procurador Radhamés Jiménez ve nada doloso en las operaciones empresariales del senador peledeista Félix Bautista, dos de cuyas empresas obtuvieron contratos sin concurso en Haití.El procurador general de la República manifestó que el Ministerio Público no puede actuar por especulaciones ni rumores con respecto a las acusaciones de corrupción que circulan en torno al congresista del Partido de la Liberación Dominicana Bautista.
“Tiene que haber hechos concretos, no especulaciones”, declaró Jiménez Peña, asegurando que de haberlos la Procuraduría actuaría sin importar de quien se trate.
Dijo además que le compete a Bautista responder ante los rumores y que si en determinado momento el “Ministerio Público tiene que intervenir lo hará”.
Aclaró que hasta el momento no hay ninguna denuncia formal ni expedientes para que la Justicia actúe en contra del funcionario.
Al preguntarle si puede el organismo que dirige moverse mediante la denuncia pública, Jiménez Peña reiteró que no existen hechos concretos y llamó a quien tenga información al respecto, a que se querelle formalmente ante las autoridades.
A Félix Bautista se le atribuye tráfico de influencia para la adjudicación de obras en los planes de reconstrucción de Haití.
Por otro lado, el procurador deploró que jóvenes se estén dando la tarea de ejecutar la ciberdelincuencia.
Asimismo manifestó que existen pruebas contundentes de que los seis (o siete?) supuestos integrantes de la red Anonymous, incluyendo dos menores, hackearon varias páginas.
Agregó además que se investiga si los acusados han intervenido portales de entidades bancarias.
sábado, 10 de marzo de 2012
Con nuevo giro, Elena Marizan podría quedar en libertad..Que mierda de justicia nos gastamos
San Francisco de Macorís.- El caso Lohara, ampliamente conocido y debatido en esta ciudad ha tomado un nuevo giro luego que la representante del ministerio público en la Suprema Corte de Justicia solicitara un nuevo juicio que, de ser acogido, anularía la sentencia de 20 años dictada contra la acusada de la muerte de la joven estudiante. Según una fuente judicial, la insólita postura de la procuradora adjunta Casilda Báez, que coincide con el planteamiento de los abogados de Elena Marizan de celebrar un nuevo juicio, fue rechazada por el ministerio público que había enviado un escrito en torno a la posición de Artagnan Pérez Méndez que solicitaba nueva audiencia al estimar que la sentencia emanada de la Corte de Apelación de Este Departamento Judicial tenia fallos procedimentales.
El escrito fue obviado por la procuradora adjunta Báez, quien es oriunda de Nagua, la que hizo causa común con la defensa.
Ahora los Jueces de la Suprema Corte de Justicia emitirán el veredicto en 30 días y se teme que el mismo pueda favorecer a la Marizan a quien también le solicitaron la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por una garantía económica que la dejaría en libertad hasta nuevo juicio.
De la Suprema acoger la solicitud de nuevo juicio, un tribunal de otra demarcación conocería la audiencia lo que aumenta el temor de que el caso pueda quedar impune.
Además de Elena Marizan, fue condenado por el asesinato de la estudiante de arquitectura Lohara Tavares Rosario, Víctor Alfonso Brito, El Guachi, quien guarda prisión en el Centro de Detención de Vista al Valle en tanto la primera esta presa en la cárcel para mujeres de Salcedo.
El caso de la joven estudiante de arquitectura Lohara Tavares adquirió notoriedad por las circunstancias que rodearon el crimen y las personas envueltas en el mismo.
Lohara fue asesinada el 5 de noviembre del pasado año y su cadáver encontrado en unos matorrales en la comunidad Las Cejas.
miércoles, 18 de enero de 2012
Leonel le dice a Morales que sugiera un juez reformista para Suprema Corte
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Sin considerar la trayectoria, evaluación de desempeño y los años en servicio, el presidente Leonel Fernández le pidió al canciller y presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Carlos Morales Troncoso que designe el candidato de su partido para nombrarlo en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El “agraciado” es José María Vásquez Montero, juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, quien recomendó Morales Troncoso al presidente de la República, según informó una fuente a Acento.com.do.
El “elegido”, Vásquez Montero, sustituirá la vacante que dejó Jorge Subero Isa luego de renunciar a formar parte del máximo tribunal como miembro, y no como presidente.
Vásquez Montero de 50 años de edad, se graduó de derecho en la Universidad Central del Este (UCE), fue fiscal de La Romana desde el 1986 hasta el 1992 y diputado por el partido reformista en el cuatrenio 1994-1998.
Además de Morales Troncoso, el magistrado fue propuesto a ocupar un puesto en las Altas Cortes por las entidades: Asociación Nacional de Electores, Colegio de Abogados de la República Dominicana y por la Universidad Central del Este (UCE).
En sus evaluaciones de desempeño, que se encuentran en la página de la SCJ, el juez Vásquez Montero tiene 75.60 (2006); 95.67 (2007); 64.05 (2008) y 80.07 (2009), las que la fuente calificó como “inconsistentes” cuando muchos jueces alcanzan los 100 puntos y no ni siquiera son ponderados.
Según señala la persona que ofreció la información a Acento.com.do, en las últimas evaluaciones de desempeño que hizo el Poder Judicial, el juez elegido a la SCJ por el presidente del PRSC, fue enviado a la Escuela Nacional de la Judicatura a tomar cursos “para poder poner en el nivel correspondiente su rendimiento”.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se reunirá este jueves a las 6 de la tarde para seleccionar la vacante de la SCJ y un juez suplente del Tribunal Superior Electoral (TSE).
En la reunión de este jueves, el CNM se sesionará con el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía.
domingo, 18 de diciembre de 2011
Segundo Tribunal Colegiado ordena la puesta en libertad de acusado de 36 asesinatos
En abril de 2010, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso la suspensión de un juez interino que concedió la libertad bajo fianza al acusado, argumentando que el magistrado cometió una irregularidad
Santo Domingo, 16 dic (EFE).- Un tribunal de la República Dominicana ordenó hoy por supuesta falta de pruebas la puesta en libertad de un hombre acusado por la Policía de estar involucrado en más de medio centenar de delitos, entre ellos 36 asesinatos.
La decisión a favor de Raúl Serumberto Mota Reynoso, alias "Vantroi", fue tomada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, publicaron periódicos locales en sus páginas electrónicas.
Los jueces del tribunal realizaban un juicio en contra del acusado por la muerte de tres hombres, entre ellos, un suboficial de la Fuerza Aérea, pero en sus conclusiones argumentaron que el Ministerio Público, que pedía 30 años de prisión para Mota, la pena máxima en el país, no presentó suficientes pruebas.
Las acusaciones y sometimientos judiciales contra alias "Vantroi" se remontan a 1995 cuando fue apresado por herir de bala a dos hombres en medio de riñas en el sector Guachupita, en Santo Domingo, recordó el periódico Listín Diario basándose en archivos policiales.
A partir de ahí, el hombre se vio involucrado el diferentes sucesos delictivos y múltiples asesinatos.
En abril de 2010, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso la suspensión de un juez interino que concedió la libertad bajo fianza al acusado, argumentando que el magistrado cometió una irregularidad y un atropello en contra de la sociedad. EFE
Los jueces del tribunal realizaban un juicio en contra del acusado por la muerte de tres hombres, entre ellos, un suboficial de la Fuerza Aérea, pero en sus conclusiones argumentaron que el Ministerio Público, que pedía 30 años de prisión para Mota, la pena máxima en el país, no presentó suficientes pruebas.
Las acusaciones y sometimientos judiciales contra alias "Vantroi" se remontan a 1995 cuando fue apresado por herir de bala a dos hombres en medio de riñas en el sector Guachupita, en Santo Domingo, recordó el periódico Listín Diario basándose en archivos policiales.
A partir de ahí, el hombre se vio involucrado el diferentes sucesos delictivos y múltiples asesinatos.
En abril de 2010, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso la suspensión de un juez interino que concedió la libertad bajo fianza al acusado, argumentando que el magistrado cometió una irregularidad y un atropello en contra de la sociedad. EFE
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