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Rafael Leónidas Trujillo Molina, considerado el dictador más temido del Caribe, ejerció su régimen criminal entre 1930 y 1961, con el beneplácito de siete de los 20 presidentes que ha tenido la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en toda su historia, más de 12 procuradores fiscales y una cantidad similar de procuradores generales de la República.
Las cifras de estos funcionarios judiciales son precisas en lo referente a los integrantes de la SCJ, máximo tribunal del país.
Pero están dispersos los datos relativos a los procuradores fiscales y a los procuradores generales, ya que los archivos que recogen la historia de la Fiscalía del Distrito Nacional empiezan con el procurador fiscal del año 1944 y el registro de los procuradoresgenerales se hace a partir del año 1961.
Trujillo, quien ascendió a la principal magistratura del país mediante elecciones populares del 30 de mayo de 1930, luego de traicionar y de estallar en febrero de ese año la rebelión en contra de su padrino, el entonces presidente Horario Vásquez, hizo que los distintos tribunales dominicanos estuvieran sometidos a su voluntad y control.
Se hacía proclamar “Benefactor de la Patria” y “Padre de la Patria Nueva” el hombre de mano dura, que obligó a jueces, procuradores, fiscales, abogados, intelectuales, políticos y el pueblo en general, a alabar a su régimen y a enaltecerlo con los honores.
El brigadier, luego general y posteriormente, generalísimo, inició su mandato en lo que se denomina el segundo período de la SCJ, marcado de 1930 a 1961.
Tribunales. Trujillo permaneció por espacio de un año con la presidencia de Rafael Justino Castillo en la SCJ, quien ostentó el cargo durante 14 años, desde 1916 y salió en 1931.
Se le recuerda como el presidente de la SCJ que abarcó períodos diferentes de la historia.
Luego designó a José Antonio Jiménez Domínguez (1931-1943), a Augusto Júpiter (primero en 1934, más tarde, de 1936 a 1938). Alcibíades Roca asumió la Suprema entre 1934 y 1936, Juan Tomás Mejía Soliere de 1938 a 1946, Pedro Troncoso Sánchez, de 1946 a 1949.
La era concluyó con Hipólito Herrera Billini, 1949 y 1961. Éste tuvo la etapa más larga de la tiranía.
Amparó su Gobierno despótico en los mejores profesionales. Sedujo con el poder o por la fuerza a los más connotados profesionales del Derecho, los que a su vez buscaba que fueran filósofos, poetas, politólogos y con manejo de más de un idioma.
Procuradores. Trujillo cambiaba los procuradores generales con el mismo criterio que lo hacía con los funcionarios de su gobierno y muchas veces los jueces de instrucción ni siquiera habían estudiado Derecho. A esto se debe que en sus decisiones firmaran como señor, pero Trujillo puso fin a este problema.
La galería de ex procuradores generales de la República de la Era de Trujillo que se exhibe en su edificio del Centro de los Héroes desde el 17 agosto de 2007 sólo recuerda a José Manuel Machado (1961), sustituido por Porfirio Néstor Basora Puello, (1961-1962).
En el mural que data de la gestión de Francisco Domínguez Brito, no figura Juan Tomás Mejía Soliere, ex presidente de la SCJ, y quien desempeñó la función de procurador general en 1946. Juan Tomás Mejía Soliere ocupó la Procuraduría general en 1935, antes y después ejerció varias labores como era usual en la dictadora. Y Herrera Billini condujo el Ministerio Público desde la Procuraduría en los años 1948 y 1949.
En 1951, el procurador general del país era Porfirio Basora. El 30 de mayo de 1961, la Procuraduría General la dirigía Federico Cabral Noboa, quien instruyó al procurador fiscal de entonces, Teodoro Tejada Díaz, para investigar todo lo concerniente al ajusticiamiento del tirano.
Los fiscales. Los únicos datos que se tienen en la Fiscalía de los procuradores fiscales del Distrito Nacional empiezan con José Antonio Turull Ricard (1944-1945). Seguido por Emmanuel Aristy Ortiz (1945-1946), Homero Henríquez (1948-1949), Juan Tomás Mejía Feliú (1949-1953). Salvador Aybar Mella (1953-1955), Servio Tulio Castaños Espaillat (1955-1956), Antonio Martínez Ramírez (1956-1957), Felipe Owsvaldo Perdomo (1957-1958), José Salvador Vásquez (1958-1959), Víctor Garrido Hijo (1959-1960), Ernesto Suncar Méndez (1960-1961) y, finamente, Teodoro Tejada Díaz (1961). A este último le correspondió investigar el asesinato de su jefe. Todos han fallecido.
Cuando Trujillo llegó al poder, en mayo de 1930, la Procuraduría general de la República estaba en manos del licenciado Ramón O. Lovatón. Tuvo a su cargo investigar la denuncia de irregularidades en El Seibo el 16 de mayo en el transcurso de las elecciones presidenciales que le dieron la primera victoria a Trujillo.
En su obra titulada “Yo investigué la muerte de Trujillo”, Tejeda Díaz narra la forma en que fueron interrogados los señalados en el complot contra el dictador, hace saber que fueron eliminados y de otros, dice que murieron.
La galería de ex fiscales del Distrito Nacional fue abierta por el procurador fiscal Alejandro Moscoso Segarra el 29 de julio del 2010.
El manual de esta galería lo compiló la encargada de Relaciones Públicas de la Fiscalía, la periodista Onoris Metz. Cuenta una parte de la historia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, desde 1944, cuando se inauguró el edificio que permanece. Metz indica la dificultad para investigar los nombres de los procuradores fiscales que trabajaron para Trujillo.
La inauguración del Palacio de Justicia el 24 de octubre de 1944 fue encabezada por el presidente de la SCJ, Juan Tomás Mejía. El edificio alojó a la SCJ, la Corte de Apelación, el Tribunal Superior de Tierras y las demás entidades del Poder Judicial dominicano.
Pina Acevedo. Al valorar la administración de justicia en la Era de Trujillo, el jurista Ramón Pina Acevedo afirma que cuando en un asunto de justicia no estaba el interés del régimen, es decir, interés político, se podía esperar una buena decisión. “Cuando había interés político había que resolver el asunto de conformidad con el interés del régimen”.
Señala que eso explica el porqué juristas como Hipólito Herrera Billini y Manuel Ramón Ruiz Tejada pudieron vivir la era como jueces y “hacer un buen trabajo”. El fiscal era el dueño de la investigación, y de ahí, pasaba al juez de Instrucción.
La Policía no tenía ningún rol en la investigación. “Era obediente a las órdenes del fiscal”. Explica que son muchos los casos de personas que murieron en la dictadura y que no se investigaron.
Citó el primer crimen imputado al Gobierno, el de Virgilio Martínez Reyna, y los hechos imputados en Santiago al general José Estrella. Planteó que la muerte de Sergio Bencosme, por equivocación, permanece en un misterio.
Querían matar al licenciado Ángel Morales, quien residía solo en un apartamento en Nueva York. Bencosme lo visitaba el día que lo fueron a matar, y al abrir la puerta, recibió el disparo. “Esa muerte se le atribuye a Porfirio Rubirosa”, establece Pina Acevedo.
Las cifras
30 años. Esta era la condena máxima. La pena se imponía como 30 años de trabajos públicos. El jurista y exjuez de la Instrucción Artagñan Pérez Méndez indica que las sentencias que otorgaban en el régimen de Trujillo imponían penas similares a las actuales. Los delitos más comunes entre particulares eran por conflictos de tierras, acusaciones políticas, asuntos comerciales y, en menor grado, el robo. Este delito se castigaba con pena severa, lo mismo que el homicidio, siempre que el crimen no fuese cometido por los esbirros del régimen.
3 cortes. A la llegada de Trujillo al poder habían tres cortes de apelación, 12 distritos judiciales y 59 juzgados de paz. Al concluir la Era del Trujillo existían nueve cortes de apelación, 24 juzgados de primera instancia y 95 juzgados de paz. Estas cifras las ofreció a la población el 4 de julio de 1958 el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado Hipólito Herrera Billini. El acto fue al conmemorarse el cincuentenario del máximo tribunal dominicano, la Suprema Corte de Justicia. Entre 1959 y 1969 se establecieron varios tribunales.
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