“Félix Bautista es el símbolo de la corrupción en República Dominicana”

 El Coordinador de Participación Ciudadana considera que en materia de persecución a la corrupción, el Ministerio Público ha sido selectivo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El senador Félix Bautista, secretario de Organización del PLD, es el símbolo de la corrupción en la República Dominicana,  y debe explicar al pueblo dominicano el origen de su fortuna.

Francisco Álvarez Valdez, coordinador de PC. Acento.com.do/Archivo

Así lo afirmó el coordinador general del movimiento cívico Participación Ciudadana, Francisco Álvarez.
Criticó el mal manejo que se le ha dado a los expedientes sometidos contra el senador Félix Bautista, y espera que este último pueda explicar al país la proveniencia de su actual patrimonio.
“Félix Bautista es el símbolo de la corrupción en República Dominicana en estos momentos. La percepción es que el está haciendo existencialismo social con los fondos públicos”, dijo.

“A mayor corrupción, habrá más delincuencia”, aseguró

El activista cívico abogó por una reforma interna en el Ministerio Público, de manera particular en el organismo encargado de perseguir la corrupción administrativa, la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA).
Álvarez manifestó que existe una percepción generalizada de que en estos momentos, el Procurador General de la República y el Ministerio Público están “siendo selectivos” cuando se trata de perseguir a funcionarios y servidores públicos con expedientes que comprometen su responsabilidad penal.
“Así como se habla de reforma policial, dentro del Ministerio Público debería hablarse de una reforma integral al Departamento de Persecución de la Corrupción”, afirmó el Coordinador de Participación Ciudadana, al ser entrevistado en el programa “Líderes”, que conduce Orlando Jorge Mera, y que se transmite todos los domingos a las nueve de la mañana por Color Visión.
Lamentó que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, no haya “ni siquiera guardado las formalidades” cuando tuvo que manejar el expediente sometido por Guillermo Moreno de Alianza País contra el ex presidente Leonel Fernández.
Sobre la situación de inseguridad ciudadana que vive el país, Francisco Álvarez expresó que esto no se puede desligar de la corrupción.
“A mayor corrupción, habrá más delincuencia”, aseguró.
Dijo además que espera que se ejecute la tan esperada reforma policial, que “debe comenzar con un proceso de depuración”.
“No podemos tener tranquilidad con una Policía Nacional que actúe de esa manera”, señalo Álvarez.
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Nerviosismo de agentes económicos desestabiliza tasa del dólar

Los bancos privados tienen restringida la venta de la divisa norteamericana por supuestas instrucciones del Banco Central.

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El nerviosismo de los agentes económicos frente a la situación de las finanzas públicas, acogotadas por un gran déficit fiscal, es lo que ha generado la subida de la tasa de cambio, llegando a cotizarse el dólar a 40.35 pesos por uno. La afirmación la hizo este viernes Carlos Pla, presidente de la Asociación Dominicana de Agentes de Cambio (ADOCAMBIO), quien agregó que en los actuales momentos ha crecido la demanda de la divisa, pero que la oferta del mercado ha sido muy pobre, debido a la escasez y que eso a su vez motivaría controles en las ventas al público. “Ahora bien, los agentes de cambio no tienen nada que ver con el incremento en la prima del dólar, porque nosotros no fijamos tasa. Eso lo manejan los bancos comerciales, que controlan el 85% del mercado cambiario, y eso forma parte de las políticas y acuerdos  trazados y sostenidos por el Banco Central con el sector financiero”, dijo Pla. El empresario aclaró que la subida de la moneda estadounidense no ha sido súbita, sino que la misma se viene registrado de manera gradual desde el pasado mes de octubre, explicando que ese fenómeno guarda íntima relación con el manejo inadecuado de la economía, -que sostiene- hasta la fecha han hecho las autoridades que asumieron el poder el 16 de agosto pasado. Explicó que sería risible pensar que ante la grave crisis que afecta toda la estructura económica del país, que el dólar, la más importante moneda de cambio y transacciones comerciales entre el país y el exterior, se quedara estático. Afirmó que el incremento de la tasa del dólar lo que ha hecho es evidenciar y sincerar el valor real del peso frente a la moneda dura y que ciertamente hay una demanda inusitada que a su vez ha provocado la escasez de la divisa. Controlan venta de divisas En recorrido realizado este viernes por periodistas de 7dias.como.do por los principales bancos, se pudo comprobar la existencia de controles en la venta del dólar estadounidense, la mayoría de los cuales, como son el Popular, Reservas y BHD expenden sólo mil dólares por persona por día. Mientras que en otros como VIMENCA se informó de la disponibilidad de hasta 2,000 mil por persona y en el Scotiabank, hasta 4,000. En tanto que los bancos Promerica y Progreso dijeron que no están vendiendo dólares porque no tenían en existencia y que solo están haciendo transacciones en divisa con los clientes para el pago de tarjetas de crédito. Algunos ejecutivos bancarios atribuyeron la escasez a las compras masivas del sector importador por el período navideño, mientras que una gerente del banco del Progreso, que prefirió omitir su nombre, dijo que mucha gente está reteniendo sus dólares y que otros los estarían llevando para el exterior. En las sucursales del estatal Banco de Reservas de la avenida Tiradentes, el Centro de los Héroes y la avenida Lope de Vega explicaron que para una venta superior a mil dólares tenían que procurar una autorización en el Departamento de Transacciones Internacionales, “por órdenes superiores recientes”. En el recorrido se comprobó que la mayoría de los bancos privados compra la moneda a un promedio de 39.95 pesos por dólar y la vende, cuando tienen, al tope de hoy del 40.35 Suanny Reynoso/7dias.com.do

Expediente FONPER vs. generadoras, en el limbo

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Treinta y nueve días después de vencido el plazo de 20 que diera la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso a los ejecutivos de EGE-Itabo, para citar a uno de los principales imputados en el expediente que por dolo, fraude, estafa y abuso de confianza contra el Estado, elevara el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) el pasado 8 de agosto, todavía no se  sabe qué ha ocurrido con la citación a Marcos de la Rosa, exdirector ejecutivo de la empresa generadora de electricidad. Las expectativas en la coyuntura actual están concentradas en el anuncio que hiciera el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, de que el gobierno buscará 300 millones de dólares de los 700 que supuestamente se adeudan a estas empresas. Mientras, lo que no se menciona es el curso de la querella interpuesta por el FONPER que involucra la suma de 18,000 millones de pesos que en este caso deberían devolver las generadoras de electricidad al Estado. Al parecer, tampoco es noticia el proceso de negociación que había iniciado el gobierno con los representantes  de las generadoras de energía  de cara al pacto eléctrico anunciado por el presidente Danilo Medina y que implicaría una revisión de los contratos firmados hasta 2015 y 2016 que, según Bichara, no aguantarían tres años para su revisión debido al déficit y a la difícil situación por la que atraviesa el sector. No hay que olvidar el sometimiento hecho por el FONPER a las empresas generadoras de electricidad Haina, S.A (EGE-Haina) y ITABO, S. A. (EGE-ITABO) y a sus principales autoridades bajo los cargos de abuso de confianza, falsedad en escritura pública, asociación de malhechores, corrupción y desfalco al Estado por aproximadamente 18,000 millones de pesos, a través de la energía servida y la sobrevaloración de la no producida y cobrada de manera ilegal. El FONPER –antigua CREP— acusa a Edgar Pichardo, presidente de la distribuidora de electricidad, Pastor Sanjurjo, gerente general y a la empresa Haina Investment Company, LTD, administradora de EGE-Haina, de violar el contrato suscrito el 28 de octubre de 1999, cuando el país inicia el proceso de privatización del sistema eléctrico. De igual manera, la entidad, que maneja los fondos de las empresas que fueran privatizadas y estatizadas durante el primer período de gobierno de Leonel Fernández, presentó un emplazamiento judicial contra Jesús Bolinaga, presidente de EGE-ITABO, New Caribbean Investments, S. A., empresa que además es cien por ciento propiedad de AES Corporation, administradora de Ege-ITABO, por transgredir lo establecido en el contrato del 8 de agosto de 2001. Otra sustentación de la querella  reside en que la institución estatal es la propietaria del 49.7 % del capital de cada una de las distribuidoras, ya que el 0.03 por ciento del capital  corresponde a los antiguos trabajadores de la CDEEE. A raíz del sometimiento, la universidad Autónoma de Santo Domingo, en un informe  enviado al Poder Ejecutivo a través de su Instituto de Energía, destacó que la querella interpuesta por el FONPER contra las empresas generadoras de electricidad revelaba  nuevos aspectos de “las graves manipulaciones delictuosas de los precios base de generación, que han convertido a la electricidad del país en una de las más caras del hemisferio, en este caso respecto del uso de carbón de Colombia de parte de las empresas generadoras que lo utilizan importado a través de una empresa vinculada, evidenciando cómo una red de corporaciones se han apoderado de la economía nacional para llevar a cabo operaciones concertadas indebidas, que les han merecido en el expediente toda suerte de calificaciones penales”. En ese sentido, el Consejo Directivo del IE-UASD dejó claro su apoyo, y así se lo hizo  saber al Poder Ejecutivo, a la investigación del FONPER en torno de las operaciones de sus socios en EGE-Haina y EGE-Itabo, no solo por su reivindicación de los intereses del Estado, sino por su incidencia en el costo de la electricidad en el país, sugiriendo además  que el nuevo gobierno se abstuviera de pagar la “supuesta” deuda de más de 1,100 millones de dólares con las generadoras dejada por la saliente gerencia de la CDEEE, hasta que -apoyada en peritajes técnicos inobjetables- “llegue a conclusiones la investigación del Ministerio Público sobre esta oportuna denuncia, porque las empresas involucradas en la misma son parte acreedora de ésta”. Tampoco hay que olvidar  que la fiscal Jenny Berenice Reynoso, al recibir el voluminoso expediente que avala el supuesto fraude de las principales empresas generadoras de electricidad en contra del Estado, dictaminó que por la gravedad de la denuncia y las pruebas presentadas, se obviaba la fase de conciliación, para entrar en la investigación real del caso. Como parte de la fase preliminar de las investigaciones que se realizan en torno al caso,  Reynoso convocó hace casi dos meses a las partes involucradas en el sometimiento que hiciera el FONPER, a la que acudieron tanto ejecutivos de EGE-Haina y EGE-Itabo, y sus abogados, y por el FONPER, los abogados querellantes, reunión que se llevó a cabo en el despacho del procurador general de la República, quien envió a su adjunto Piñeyra a representarlo. Luego de escuchar a la partes envueltas en el conflicto, la fiscal otorgó un plazo de 10 días francos para la presentación por escrito de sus argumentos, con relación al expediente acusatorio, sin embargo, los ejecutivos de EGE-Itabo y sus abogados solicitaron ampliar el plazo de diez a 20 días, a fin de citar a uno de los principales imputados, Marcos de la Rosa, exdirector ejecutivo de la empresa, quien se encontraba fuera del país, para que comparezca a los interrogatorios, a lo que Reynoso accedió. En esa última reunión, de la que han transcurrido 39 días, acudieron a la Procuraduría General de la República, los imputados Rolando González Bunster, presidente del Consorcio Punta Cana-Macao, Jesús Bolinaga, presidente de EGE-Itabo, y Pastor (Tito) Sanjurjo, director ejecutivo de EGE-Haina. También, los abogados de EGE-Haina Luis Miguel Pereyra, Andrés Bobadilla, Reynaldo Ramos, Olivo Rodríguez Huerta. Por EGE-Itabo, acudieron sus representantes Flavio Darío Espinal y Alejandro Peña, así como Ángel Delgado Malagón, representante del FONPER En la ocasión, los abogados del FONPER reiteraron todas y cada uno de los fundamentos de la querella  e insistieron en que se trata de un expediente criminal, por cuanto involucra crímenes establecidos en el Código Penal, además de ser una acción pública por cuanto es un crimen contra el Estado, es decir, contra la sociedad. De igual manera, los abogados del FONPER solicitaron la presentación de las nóminas de ambas empresas generadoras, por entender que forman parte vital del expediente, a lo que se han negado de manera reiterada. Ivonne Ferreras/7dias.com.do