Cuando el jefe de la Policía, Manuel Castro Castillo, atribuye las 24 muertes del pasado fin de semana a la “violencia social”
intenta limpiar de culpa a la institución que dirige, cuya
responsabilidad es el orden público, pero reconoce de manera implícita
que el Plan de Seguridad Ciudadana anunciado por el gobierno en marzo pasado ha sido un natimuerto.Los únicos elementos concretos del susodicho plan fueron los anuncios realizados por el director de la AMET, Juan Brown, quien explicó algunos pasos para mejorar el tránsito capitalino que aliviaron el desorden un par de días pero que rápidamente fueron olvidados por el hábito del caos. El resto no pasó de buenas intenciones que no generaron hechos concretos en aras de la tranquilidad de la ciudadanía.
La presión social hizo que en mayo el presidente Danilo Medina
dispusiera el patrullaje militar en las calles como un disuasivo y la
“Comisión Militar de Obras Públicas” también recién creada, se unió a
los esfuerzos.La presencia militar en las calles fue criticada incluso por la fiscal del Distrito, Yenny Berenice Reynoso, sabedora de que la medida no pasa del bulto y que en ocasiones anteriores la misma acción no había tenido resultados positivos.
En esta ocasión se dijo que el número de guardias patrullando era de 2,000 y que la suma llegaría a cinco mil en unas semanas. El bulto fue tan grande que en algunos puntos de la ciudad, como el kilómetro 9 de la autopista Duarte, se establecieron tanquetas en los primeros días de la medida.Al respecto el psiquiatra César Mella aclara que “la violencia social tiene protagonistas. Esos protagonistas se llaman antisociales y la labor de enfrentarlos como la amenaza que son está en manos del Estado”.
Pero ahora, como antes, es evidente que la medida no ha tenido ningún resultado más allá de las páginas de los periódicos o de la apreciación simple de un ciudadano. Veinticuatro muertos en un fin de semana, nueve apenas este jueves, reconoce que el disuasivo de la presencia militar no funciona. Por demás, quedan cabos sueltos, como el costo de la operación de los militares en la ciudad y el malestar generado por una asignación para cada alistado en las calles que no llega a 15 pesos.
Cuando Castro Castillo retoma el discurso de Franklin Almeyda en el sentido de que la violencia que causa las muertes es social, no delictiva, claramente se lava las manos porque entiende que su responsabilidad termina con el cumplimiento de la ley y el orden.
Al respecto el psiquiatra César Mella aclara que “la violencia social tiene protagonistas. Esos protagonistas se llaman antisociales y la labor de enfrentarlos como la amenaza que son está en manos del Estado”.
Nueve años después y un plan nuevo de perfil local y muchos millones más, la violencia sigue y probablemente al ciudadano que la sufre no le importa si es social o delictiva o si en el fondo es lo mismo.El propio jefe policial dice que como conocedores del tema, el trabajo de prevención incluye evitar que los ciudadanos estén armados cuando llegan a un sitio público. Las estadísticas del Ministerio de Interior y Policía dice que el 80 por ciento de los asesinatos con armas de fuego son cometidos por ciudadanos comunes que no tenían antecedentes penales.
No es desdeñable el dato, reiterado en todas las encuestas, de la falta de confianza de la población en la policía.
Las relaciones públicas fueron el único elemento exitoso del primer
Plan de Seguridad Ciudadana ejecutado durante el gobierno de Leonel
Fernández, diseñado por Eduardo Gamarra como parte del área de
investigación política de la firma Newlink. Aunque la empresa
internacional lo vende como uno de sus grandes logros, cuando Gamarra
fue entrevistado por un Comité del Congreso de los Estados Unidos dijo
que la resistencia de la policía y la politiquería abortaron la
iniciativa.Nueve años después y un plan nuevo de perfil local y muchos millones más, la violencia sigue y probablemente al ciudadano que la sufre no le importa si es social o delictiva o si en el fondo es lo mismo.
