Carmen Suárez/Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Al finalizar el año pasado, cada diputado recibió partidas adicionales de RD $926,000 en bonos, dinero en efectivo y cajas de artículos comestibles y bebidas, además de 500 unidades de juguetes.
La cifra equivale a RD$169, 458,000 cuando se toma en cuenta todos los diputados beneficiados. El dinero y la mercancía fueron distribuidos entre estos congresistas con el supuesto propósito de ayudar a familias pobres durante las festividades navideñas.
Los legisladores actualmente reciben RD $214,000 mensualmente para ayudas sociales.
De acuerdo con una carta enviada por la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados, en respuesta a una solicitud que le hiciera El Informe con Alicia Ortega, los diputados recibieron una transferencia a sus cuentas bancarias por RD$250,000, además de RD$430,000 en bonos.
De acuerdo con una carta enviada por la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados, en respuesta a una solicitud que le hiciera El Informe con Alicia Ortega, los diputados recibieron una transferencia a sus cuentas bancarias por RD$250,000, además de RD$430,000 en bonos.
También recibieron artículos comestibles y bebidas alcoholicas que incluyen 10 cajas de whisky Dewars, 12 cajas de ron Brugal, 21 fardos de arroz, 23 fardos de espaguetis, 12 cajas de aceite, 6 cajas de uva, 20 de manzanas y 5 cajas de pavos, más dos sacos de habichuela. Según precios cotizados por el Informe, estos artículos costaron aproximadamente RD $246,000 tomando como referencia precios al por mayor, en base a las ofertas más bajas del mercado. Esta suma, multiplicada por el número de diputados beneficiados, asciende a RD$44, 772,000.
Adjunto al paquete de cartas solicitando la transferencia del cuarto de millón de pesos hay una nota con fecha del 5 de diciembre del 2011, indicando que no firmaron, la diputada Guadalupe Valdez y los legisladores Hugo Tolentino Dipp, Pelegrín Castillo y Juan Hubieres por el PRD. ´
Sin embargo, se anexa una carta del 19 de diciembre de 2011, en la cual Hubieres hace acuse de recibo de los RD$250,000 y otra que hace constar que recibió los RD$430,000 en bonos.
Este mismo legislador, quien es también dirigente choferil, provocó un escándalo el año anterior, al anunciar que devolvía los bonos. Este año, ni corto ni perezoso, recibió ambos.
Organizaciones de la sociedad civil critican la práctica
Participación Ciudadana y el Movimiento Cívico “Toy Jarto”, criticaron esta práctica y sostienen que los diputados no tienen facultad para imponer supuestos planes de asistencia social.
“Usted no va a encontrar en la Constitución de la República, ni en ninguna otra ley aprobada por el propio Congreso de la República Dominicana, ninguna facultad para la presidencia de la Cámara, ni para los diputados de manera individual de realizar actividades de asistencia social”, refiere Francisco (Pancho) Álvarez, Coordinador de Participación Ciudadana.
Esto en respuesta a las explicaciones que diera la Cámara Baja a El Informe con Alicia Ortega justificando estas partidas adicionales como “…una cuestión administrativa, ejecutada en virtud de las leyes números 194-04 y 46-97, respectivamente, que conceden autonomía presupuestaria administrativa al Poder Legislativo y autorizan a sus respectivos presidentes para establecer las unidades administrativas necesarias para el manejo de sus presupuestos”.
“Hay falta de transparencia, un uso discrecional de los fondos y abuso de la autoridad que le otorga la constitución a la CD, que no es para repartir los fondos entre ellos, sino para usar los recursos indispensables para legislar y fiscalizar, que son las funciones del Congreso", sostuvo Elizabeth Mateo, presidenta de “Toy Jarto”
De su lado, la diputada por la Alianza por la Democracia, Guadalupe Valdez, quien non retiró las citadas partidas extraordinarias dijo que este tipo de asistencia puede ser canalizado, a través de las instituciones establecidas para tales fines.
“Los recursos de la CD tienen que ser orientados para garantizar las políticas públicas que garanticen los derechos a la población. El derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la diversión, al desarrollo cultural, es lo que tiene que estar establecido en el presupuesto general”, refirió la legisladora, indicó Valdez.
“Esos significa una trampa, porque entonces vamos a estar aumentando esa forma de hacer política tan perjudicial que es el clientelismo, que disminuye la calidad de nuestros representantes, de nuestros legisladores y por qué la disminuye, porque el que es elegido el que más dinero invierte con la ciudadanía para comprarle el voto. No aquel que está ejerciendo bien las facultades que le atribuye la Constitución que es la de legislar”, dijo Pancho Álvarez.
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