Los privilegios de los banqueros convictos por fraude están por
terminar, de ser trasladados, como ha sido anunciado, a cárceles del
Nuevo Modelo Penitenciario.
El director general de Prisiones, general retirado Tomás Holguín la
Paz, anunció este viernes que los banqueros serán reubicados, aunque no
especificó en cuáles de las nuevas cárceles.
De la información se infiere que los exejecutivos bancarios tendrán
que usar uniformes como los presos comunes y se les recortará el pelo,
como ha ocurrido con otros reos, entre los que figuran los cantantes
“Omega” y “Vakeró”.
Entre los que cumplen prisión por defraudar el sistema financiero, al
Estado y a clientes están Ramón Báez Figueroa, expresidente del Banco
Intercontinental (Banínter), Luis Álvarez Renta, de la misma entidad
financiera y Pedro Castillo, del Banco del Progreso.
Holguín la Paz dijo que los privilegios en la cárcel de Najayo “muy
pronto pasarán a la historia” y que se están remodelando y rehabilitando
algunas áreas para erradicar el hacinamiento y mejorar las condiciones
de vida de los presidiarios.
Ofreció sus declaraciones durante una rueda de prensa en la
Procuraduría General de la República, en la que se dieron a conocer los
resultados preliminares del censo penitenciario del 2012.
El censo penitenciario
La investigación tocó a 19 recintos carcelarios tradicionales, fueron
entrevistados 16,270 reclusos, de los cuales 190 son mujeres y el resto
del sexo masculino.
Los recintos con mayor cantidad de presos preventivos son Barahona,
El Seibo, Baní, Pedernales y Cotuí, con una proporción de 37%.
Por delito cometido, se verificó que un 28.6% está en prisión por
tráfico o consumo de drogas, un 27% por homicidio, por robo un 23.4% y
violación sexual un 9.5%.
En cuanto al nivel educativo, el censo reveló que en la actualidad,
los iletrados representan un 19.2%, un 50.5% realizó estudios hasta el
nivel de primaria, el 27% llegó a la secundaria y un 3.7 % alcanzó el
nivel universitario.
De los 2,096 registros de internos digitados, resultó que 500 dicen
tener problemas de salud, predominando los casos de asma, presión
arterial, problemas de riñones y diabetes, así como otras la cefalea,
gastritis, virus gripal y VIH.
Los precios de las gasolinas siguieron su escalada, rompiendo este
viernes la barrera de los 250 pesos por galón, al colocarse la tipo
prémium, en 250.70, impulsado por una alza de 4.20 pesos.
El Ministerio de Industria y Comercio justificó el incremento para la
semana del 23 de febrero al 1 de marzo, en el hecho de que “durante el
período de referencia se registraron variaciones superiores al 6.7% en
los precios internacionales de los derivados como reacción a las
noticias de reducción de las importaciones promedio de crudo en Estados
Unidos”.
En el caso de la gasolina regular el alza es de 3.50 pesos, para
venderse a 230.70 por galón; el gasoil prémium será comercializado a
221.80 y el regular a 215.10, fruto de subidas respectivas de 3.00 por
galón.
El avtur, de uso en aviones, se expenderá a 164.43, para un aumento
de 2.27; el keroseno costará 204.40, para un alza de 2.50 y el fuel oil,
de uso en la generación eléctrica, será despachado a 145.67, para un
alza de 0.38 centavos por galón.
El ministerio informó que el gas licuado de petróleo (GLP) costará
seguirá costando los mismos 99.78 pesos por galón; el gas natural (GNL –
GNC) mantiene su precio de 30.50 pesos por metro cúbico y la tasa de
cambio promedio fue de 40.95 pesos por dólar.
Danilo se echa encima la responsabilidad de que él
dio la orden de buscar un acuerdo con los pretendidos propietarios, y
dice reconocer el esfuerzo que hicieron Javier García, Bauta Gómez y
Pina Toribio. Es decir, le cuida las espaldas a los tres.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El gobierno reclamó al
Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y a la
Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, para que “asuman la
responsabilidad de defender el interés del Estado en este caso” en el
caso de Bahía de las Aguilas y los terrenos estatales sean recuperados
como corresponde.
En un comunicado oficial, emitido por la dirección de Prensa del
Palacio nacional, también se solicita a los organismos judiciales para
que “realicen todos los esfuerzos para la agilización y terminación de
los procesos y conclusión de los mismos”. Dice el comunicado que
“nadie acepta que tras 16 años de iniciado este litigio no se han
producido sentencias definitivas que lo resuelvan”.
Este comunicado representa un giro rotundo del gobierno respecto a la
solución que se quería aplicar para resolver las diferencias judiciales
en torno a la emisión de títulos de propiedad falsificados, para
robarle al Estado la propiedad de los terrenos.
El comunicado del gobierno también exculpa a los ministros de Turismo
y de Medio Ambiente, así como al Consultor Jurídico del Poder
Ejecutivo, por haber propuesto una salida que fue acogida inicialmente
por el presidente Danilo Medina.
Sin embargo, el gobierno reconoce que la sociedad se levantó contra
las ideas del pacto transaccional que había discutido los funcionarios
con los pretendidos dueños de los terrenos. Vale decir, que la sociedad
fue escuchada por el presidente de la República.
“Sin embargo –dice el documento oficial-, la propuesta de solución
levantó críticas en cuanto a su legitimidad de parte de amplios
sectores de la opinión pública. Hemos escuchado a personas e
instituciones de la sociedad, quienes critican que se realice un acuerdo
con personas sobre las cuales pesa la acusación de haber obtenido de
forma fraudulenta los títulos que están alegando en justicia”.
El plan de intentar justificar el acuerdo con los supuestos dueños no
llegó a nada, pese a que los funcionarios dijeron que era la única
forma de solucionar un conflicto judicial de 16 años y de hacerle frente
a la pobreza de la zona de Pedernales.
Vea a continuación el comunicado del gobierno:
Declaración pública del Gobierno Dominicano sobre Bahía de las Águilas
Procurando el mejor esquema posible que permitiera rescatar de la
pobreza a los hombres y mujeres de nuestro Suroeste, el gobierno
dominicano diseñó un plan que permitiera destrabar la larga litis
judicial en que se encuentran los terrenos del litoral de la provincia
Pedernales. A tal efecto, examinó diversos mecanismos de solución, de
los cuales se escogió el más expedito y definitivo que es el acuerdo
transaccional que han dado cuenta los medios de comunicación del país.
El indicado acuerdo mostraba la ventaja de obtener una solución
rápida y definitiva, que permitiera convertir ese patrimonio en un bien
aprovechable, mediante mecanismos jurídicos y financieros de gran
transparencia, para promover los planes de desarrollo de dicha región
que el gobierno había previamente estudiado y acordado.
Sin embargo, la propuesta de solución levantó críticas en cuanto a
su legitimidad de parte de amplios sectores de la opinión pública.
Hemos escuchado a personas e instituciones de la sociedad, quienes
critican que se realice un acuerdo con personas sobre las cuales pesa la
acusación de haber obtenido de forma fraudulenta los títulos que están
alegando en justicia.
En consecuencia, y por recomendación de la comisión de funcionarios
encargados de viabilizar el referido plan, se ha desestimado el acuerdo
anunciado, el cual no se había formalizado a la fecha. Aguardaremos,
entonces, un fallo definitivo de los órganos judiciales correspondientes
a cuyo cargo están las litis que afectan a los terrenos aludidos.
El Poder Ejecutivo confía en que las jurisdicciones apoderadas de la
litis realicen todos los esfuerzos para la agilización y terminación de
los procesos y conclusión de los mismos. Así mismo, reclama del
Procurador General de la República y de la Procuradora Fiscal del
Distrito Nacional que asuman la responsabilidad de defender el interés
del Estado en este caso. Nadie acepta que tras 16 años de iniciado este
litigio no se han producido sentencias definitivas que lo resuelvan.
El Gobierno reconoce el esfuerzo, dedicación y compromiso de los
funcionarios que fueron comisionados para procurar la solución que
habíamos adelantado, quienes actuaron por mandato expreso del Presidente
de la República.
Reiteramos ante el País, que el Estado es el propietario legítimo de
los terrenos en cuestión, por lo que seguiremos explorando alternativas
que nos permitan implementar el proyecto de desarrollo económico y
social de toda esa zona, para sacar de la miseria y el abandono a
cientos de miles de ciudadanos de la Zona Enriquillo.
Nuestra preocupación seguirá siendo lograr sacar de la miseria a los
habitantes de las provincias del Suroeste, para lo cual es indispensable
que pueda darse el uso adecuado a los recursos naturales que hacen de
Pedernales un polo turístico de magnificas potencialidades.
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
Cómo de Por Dios, cree el Poder Ejecutivo que puede
pedirle sacrificios a la población y que creamos lo que dicen, si sus
actuaciones reniegan de todo ello?
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La abogada Rosina de la Cruz
Alvarado consideró que el Ministro de Turismo debería renunciar o de lo
contrario ser destituido por atropello a la independencia del poder
judicial y por inmiscuirse en temas que no son de su competencia.
Javier García dijo que sólo en los procedimientos la justicia se ha
tomado 16 años para dilucidar el caso de Bahía de las Aguilas. “Sólo en
establecer los procedimientos, se tiene 16 años, y todavía no han
entrado en fondo. Si sólo discutiendo el procedimiento no han llegado al
fondo, habría que averiguar lo que faltaría para dilucidar el fondo",
habría expresado el funcionario.
La prestigiosa abogada Rosina de la Cruz Alvarado mostró su
indignación, y lo expresa con el siguiente mensaje enviado a
Acento.com.do:
La prensa se ha hecho eco de las declaraciones infortunadas del
Ministro de Turismo. Por esa sola declaración debería haber renunciado o
haber sido destituido, porque ellas constituyen la negación de todo
Estado de Derecho, sobre el que se asienta su gestión. Pero además
constituyen una violación del principio de la separación de los poderes
consagrados en la Constitución, cuyo respeto es asegurado por las
disposiciones contenidas en el Libro Tercero, Título I “Crímenes y
Delitos contra la Cosa Pública” articulo 127, 128, 129,130 y 131 del
Código Penal.
En los países institucionalizados, ningún funcionario del orden
administrativo se permite emitir juicios de valor sobre el
funcionamiento de la Justicia y pongo el ejemplo de Estados Unidos de
Norteamérica, porque con motivo de la instalación de la señora Sonia
Sotomayor como juez del Tribunal Supremo, el Presidente Obama y el
Vicepresidente Biden, concurrieron a la ceremonia y la prensa destacó
que esa es una de las pocas ocasiones en que el Ejecutivo visita al
Poder Judicial.
Pero es que tampoco en Francia, Canadá, España ni en ningún otro país
de Latinoamérica un funcionario administrativo se permite o le permiten
atentados tan groseros a la institucionalidad. Pero lo que más
desagrada es que los jueces se queden callados, admitiendo con silencio
cómplice que esos extravíos verbales son ciertos. Para eso están la
Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal
Constitucional, el Tribunal Electoral, sobre los cuales recae toda esa
bazofia degradante.
No podemos sorprendernos entonces que la delincuencia haya crecido,
que haya más robos con o sin fractura, con o sin violencia; que haya más
hombres golpeando mujeres y violando niños y niñas: es que desde la
cumbre del Ejecutivo, se le está diciendo a la gente que no respete las
leyes.
¿Cómo de Por Dios, cree el Poder Ejecutivo que puede pedirle
sacrificios a la población y que creamos lo que dicen, si sus
actuaciones reniegan de todo ello?
Ya está bueno de aguantar inermes los atropellos del Ejecutivo, la
gente, el pueblo debe saber que esas actuaciones están penadas por la
Ley y que no estamos sin defensa, que podemos obligar a los funcionarios
administrativos a respetar la legalidad.
Sobre Bahía de las Aguilas
La doctora Rosina de la Crfuz Alvarado dijo que el caso Bahía de las
Aguilas es una vergüenza, porque el Estado no puede llegar a acuerdos
con alguien que le ha intentado robar lo que es suyo.
“Es de principio, que el fraude todo lo corrompe (Fraus Omnia
Corrumpit) y nada que tenga su origen en un fraude, puede dar lugar a
derechos. Entonces, ¿Cómo es posible llegar a un acuerdo con el que
sustrajo una cosa entregándole parte de lo robado? No hay interés
general, bien común que justifique el despojo de esas tierras.
Que tres
personas con sus caras frescas se atrevan a reírse de todos los
dominicanos y faltarle el respeto a la casa presidencial, sería cómico,
sino no fuera porque es una afrenta, una vergüenza; en fin de cuentas,
una declaración que contiene una autorización para robar y para que
todos sepamos que la llamada lucha contra la corrupción es solo un
enunciado, una llamada. Nada más”.
De la información se infiere que los exejecutivos bancarios tendrán
que usar uniformes como los presos comunes y se les recortará el pelo,
como ha ocurrido con otros reos, entre los que figuran los cantantes
“Omega” y “Vakeró”.
