De acuerdo con el texto de CCD, que se pondrá a circular los días 10 y 25 de abril en Santiago y Santo Domingo, respectivamente, la reforma del sistema político debe incluir una fiscalía electoral con autonomía del Poder Ejecutivo, un sistema de listas abiertas y la redefinición del financiamiento de los partidos políticos de modo que se potencie un sistema de mayorías cambiantes y contemple la paridad y el respeto de las minorías políticas.
“Crear un sistema participación paritaria de todos los partidos políticos en los medios de comunicación y los espacios públicos para colocar la propaganda política y propiciar de forma obligatoria la celebración del debate de los candidatos a todos los cargos electivos, organizando debates nacionales para los cargos presidenciales y debates locales para los legislativos y municipales”, dice el documento impreso a todo color con fotografías e ilustraciones de las protestas sociales del último trimestre del año pasado.
Se plantea también reducir el tiempo de las campañas electorales y la reglamentación del proceso comicial acorde con el artículo 211 de la Constitución, el cual le impone a la Junta Central Electoral la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia y objetividad de las elecciones.
En otro de los aspectos del manifiesto, CCD proponen cambiar el sistema de elección de los jueces de las altas cortes y su modalidad de elección, para ampliar el espacio deliberativo y la participación de los partidos políticos mayoritarios y minoritarios, y sectores representativos de la sociedad civil.
En la propuesta también se plantea la reestructuración del sistema eléctrico, para lo que se requiere, “romper las poderosas mafias que existen en este sector.Al mismo tiempo, entre las 13 propuestas contenidas en el texto, se incluye un o una fiscal anticorrupción, designado a través de un concurso abierto donde participen todos los partidos políticos mayoritarios y minoritarios. “La implementación de este objetivo requiere una modificación constitucional, la cual resulta compleja pero no imposible si se logra orquestar un amplio respaldo social que desde la calle presione y demande este necesario cambio como garantía imprescindible del Estado Democrático de Derecho”. El documento insiste en la importancia de desarrollar un amplio movimiento social “para que los principales corruptos de la corporación PLD, incluyendo a Leonel Fernández, sean sometidos a la acción de la justicia”.
Otro de los temas ampliamente abordados en el documento es el de la revisión del contrato entre el Estado y la Barrick Gold. Al respecto CCD considera que el estado debe procurar un beneficio de al menos un 50% de la explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo, Cotuí. Esto debe hacerse “con un sistema de control de estos fondos para promover políticas sociales con la participación del sector público y la sociedad civil”.
En la propuesta también se plantea la reestructuración del sistema eléctrico, para lo que se requiere, “romper las poderosas mafias que existen en este sector, lo que se hace imprescindible para hacer el sistema eléctrico más económico, posibilitar una mayor capacidad competitiva para el sector productivo y lograr una reducción sustancial de la tarifa eléctrica para los hogares de las familias”.
Las demás propuestas contenidas en el “manifiesto por la democracia” son: garantizar cobertura universal en el sistema de seguridad social, aumento general de salarios para todos los trabajadores de los sectores público y privado, detener la explotación de Loma Miranda y garantizar el respeto al medio ambiente en cualquier parte del territorio nacional y garantizar el respeto de los derechos humanos y la seguridad ciudadana transformando a fondo la Policía Nacional.
En el documento, que lleva como título De la protesta a la propuesta de cambio político, manifiesto por la democracia, se establece que los doce años que ha gobernado el PLD “han dejado una huella de deterioro de la democracia, expresada en un sistema de dominación que ha logrado burlar la posibilidad de la alternancia mediante el uso desmedido de un poder ilimitado”.
En ese sentido, CCD entiende que en la medida en que no se conforma un bloque de fuerzas sociopolíticas con capacidad real de desplazar y desmontar los resortes y mecanismos de poder de esa “funesta Corporación”, el deterioro se hará mucho mas grave.
Cambios en el sistema de dominación
Indica que el proceso de dominación peledeísta comienza a gestarse a partir de su primer gobierno con la acumulación de importantes recursos económicos provenientes de la privatización de la energía eléctrica, la conversión de la Lotería Nacional en un sistema de bancas privadas bajo propiedad de prominentes allegados al PLD, la articulación de una “red mafiosa y clientelar” denominada Programa Mínimo de Empleo (PEME) y el inicio de construcciones megalómanas con los elevados de la avenida 27 de febrero, donde se puso a Diandino Peña a cargo de la Secretaria de Obras Publicas, otorgándole el 75% de la inversión Pública del año 1998 al 2000.
El documento precisa que en ese primer periodo de gobierno comienza a gestarse el liderazgo único de Leonel Fernández, siguiendo la tradición impuesta en el PLD por Juan Bosch. Al mismo tiempo, en las elecciones del año 2000, se produce un complejo rejuego político donde quedan excluidos del círculo dominante Danilo Medina y Jaime David Fernández Mirabal, culminando con la derrota interna de Medina en las primarias del 2008, quien en ese momento reconoció que fue vencido por el Estado.
Añade que los triunfos electorales del PLD en los años 1996, 2004, 2008, 2010 y 2012 hicieron emerger una visión autoritaria de la política fundada en una legitimidad de facto.Las elecciones del 2008 fueron un punto de despegue para la consolidación de un poderoso eje transversal de la corporación PLD encabezado por Leonel Fernández, con el uso de una suma desorbitaba de recursos económicos, con la cooptación y el transfuguismo de dirigentes de la oposición y la absorción del Partido Reformista. De esta manera –dice el manifiesto- se consolida el liderazgo único de Leonel Fernández.
Añade que los triunfos electorales del PLD en los años 1996, 2004, 2008, 2010 y 2012 hicieron emerger una visión autoritaria de la política fundada en una legitimidad de facto, que se expresa en la reiteración de mayorías electorales como único fundamento de la democracia, dentro de un contexto de una marcada inequidad electoral en el cual se rechaza el reconocimiento de la oposición política y de cualquier otra forma de disidencia. “El relato que se instala a partir de entonces es el de un liderazgo mesiánico, providencial y predestinado contrario a los valores democráticos de la pluralidad, la alternancia y el respeto de las minorías y los derechos ciudadanos”.
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