El nepotismo parece ser denominador común en
algunas instituciones del Estado en las que familiares directos de los
incumbentes figuran en la nómina. Por lo menos en dos, el Instituto de
Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (Indrhi), que encabezan Pedro Corporán y Olgo
Fernández Rodríguez, la práctica ha sido puesta en evidencia en esas
dependencias, sin que hasta el momento haya consecuencias. Ver PDF Ver infografía
Tras la juramentación del presidente Danilo Medina las esperanzas de
la desaparición de las prácticas cuestionables dentro de la
administración pública se incrementaron entre quienes vieron con buenos
ojos la firma, por parte de los funcionarios públicos, de un código de
pautas éticas.Sin embargo, esto no ha logrado frenar las irregularidades que se registran en algunas instituciones del Estado, donde el nepotismo, la falta de transparencia y las denominadas botellas siguen presentes. En este nuevo escenario, lo único que parece cambiar son los actores.
La función del Idecoop de promover, educar, tecnificar y fiscalizar convive con la realidad de la institución donde por lo menos cinco familiares del presidente de esa entidad, Pedro Corporán, figuran en la nómina. Tres de ellos aparecen como encargados de diferentes áreas, lo que es corroborado por la nómina de la institución, entregada mediante la Ley de Libre Acceso a la Información.
Jonathan Corporán Peña, de 27 años de edad y hermano del director, es el encargado de tecnología de la información, devengando un sueldo de RD$25,000 en 2012. En 2011, ganaba RD$20,700. Con su ascenso, solo 53 de los 360 empleados de la institución cuentan con un salario más alto.
Juan Guillermo Guante Suárez, tío de Corporán, figura como encargado, sin especificar un área, con un salario de RD$28,750. En su caso, un 90 por ciento de los empleados del Idecoop perciben un sueldo más bajo que él.
Urka Inés Soto Guante, prima del director del Idecoop, ganaba RD$18,000 en 2011 como encargada de nómina general, pero en 2012 fue ascendida a encargada de Compras y gana RD$25,000, sueldo que cae entre el 16% de los que más ganan.
En la nómina del Idecoop aparece Modesto Guante, también primo del director de la entidad. Guante figura como técnico y gana RD$9,000, mientras que otro primo, Juan Antonio Guante Guzmán, aparece como chofer y gana RD$9,200.
En entrevista concedida a El Informe con Alicia Ortega, el director del Idecoop justifica la presencia de sus familiares en la nómina de la institución.
“Efectivamente tengo recursos familiares insertados en los entramados laborales del Idecoop; sin embargo es importante observar que ninguno tiene ningún tipo de privilegios que transgredan hasta cierto punto los preceptos ideales de la administración pública”. Corporán parece olvidar que tres de los cinco miembros de su familia insertados en los registros de la dependencia gubernamental desempeñan puestos de encargados, esto según la nómina entregada por la propia institución.
El artículo 102 de la Constitución de la República es muy claro en cuanto al tratamiento que debe recibir todo aquel que se descubra en acciones de nepotismo en instituciones del Estado. “Serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”, establece la Carta Magna.
El hecho de que sus familiares laboren para la institución que dirige, no es nepotismo para Pedro Corporán.
“No es nepotismo porque la discusión sobre nepotismo es una discusión bizantina, una discusión legendaria, una discusión que tiene muchos expositores, y no todo el mundo está de acuerdo en considerar que porque se tenga un familiar insertado en un espacio público si no genera un perjuicio real al patrimonio del estado, signifique práctica nepotista.
El funcionario apela a la sensibilidad para justificar su falta ética y agrega que “será muy difícil encontrarse un ser humano sumergido en una miseria material espantosa, con una familia incapacitada de ser sostenida, y que usted no le pueda ofrecer un espacio laboral y que se consideren todos que esos son casos que transgreden grandes principios en el ejercicio de la vida pública”.
Con una revista titulada “Cruzada de Defensa del Honor y la Dignidad Pública”, coordinada por el Departamento de Relaciones Públicas del Idecoop, el director de esa entidad se defiende no solo de los señalamientos de nepotismo, sino de otras irregularidades encontradas en la institución tras una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas.
“Podría ser objeto de discusión analizar los conceptos `relación de jerarquía` y en el caso que nos ocupa, observamos que mis familiares, en el marco del organigrama institucional del Idecoop, ningunos son encargados de departamentos como se ha publicitado, lo que quiere decir que están bajo la égida de estamentos superiores a las áreas donde trabajan”.
Esto contrasta con el artículo 80 numeral 15 de la Ley 41-08, de Función Pública, que dice: “Está prohibido prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando tuvieran relación de jerarquía”.
También el Código de Ética del Servidor Público combate las prácticas del nepotismo y prohíbe a los empleados estatales el “promover y propiciar el nepotismo en las oficinas del Estado, favoreciendo y protegiendo a sus parientes y amigos en los cargos y negocios de la institución”.
En la revista elaborada para su defensa, Corporán asegura que “ese enunciado de ley es letra muerta en la República Dominicana, inexistente como praxis jurídica institucional, inobservancia histórica congénita de la sociedad nacional con ésta y otras leyes del orden jurídico de la República”.
Aunque ilegal, su planteamiento parece darle la razón tomando en cuenta que las sanciones por esta violación ética son inexistentes.
Una auditoria de la Cámara de Cuentas, realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, y colgada en la página de la institución fiscalizadora revela que en el Idecoop se pagaron RD$102.776,368 en nóminas pagadas a personas con sueldos de RD$15,000 hasta RD$25,000 que no cumplían con ninguna función en el Idecoop, no tenían tienen registros de asistencia ni expediente en el departamento de personal; no tenían los incentivos laborales de los empleados normales, y no se encontraron pruebas de labor realizada.
Corporán asegura que cuando llegó a la institución encontró dicha nómina, la cual, según sus palabras, era manejada por el gobierno central.
“Esa nominilla no se administraba ni se manejaba en el seno de la administración de Idecoop porque ellos tenían capacidad, autonomía y poder absoluto para administrar su propia nómina, ellos nombraban las personas, ellos le pagaban a las personas, ellos administraban los recursos”, asegura el presidente de Idecoop.
De acuerdo con el informe legal preparado por la Cámara de Cuentas, RD$467,727 se desembolsaron para adquirir mercadería navideña sin evidencia de facturas, para ser entregada a personas ajenas al IDECOOP, clasificada en la cuenta de gratificaciones de personal, y RD$785,000 como gratificaciones a empleados sin evidencia de acuso de recibo por parte del beneficiario.
Entre las irregularidades señaladas por el organismo fiscalizador se encuentra que la entidad suscribió un contrato para la ampliación y remodelación del segundo piso de la sede central, por un monto de RD$9,265,310 con la empresa Linares y Asociados S.A., representada por el arquitecto José Ramón Reyes Linares, con fecha de inicio 23 de abril de 2008 y terminación en 23 de agosto de 2008.
El 23 de julio de 2008, es decir tres meses después de iniciada la obra, el Idecoop suscribió una adenda, por un monto de RD$4,079,871, equivalente a un 44% del contrato original, lo cual va en contra de las leyes, además de que los planos, según el informe de la Cámara de Cuentas, no fueron aprobados por el Ayuntamiento ni por Obras Públicas.
La familia política tampoco se queda. Definido como la máxima autoridad nacional con relación al control, aprovechamiento y construcción de obras hidráulicas, en el Indrhi, el agua no es el único recurso al que parece sacársele provecho. Entre los nombramientos realizados entre septiembre y noviembre de 2012, poco después de que Fernández Rodríguez fuera nombrado director, se encuentran parientes tanto de él, como de su esposa Sonia Agüero Morales.
Un ejemplo de esto es el consultor jurídico de la entidad, Ángeles Custodio Sosa Morales, quien es hermano de Agüero Morales, por lo tanto cuñado del director. Gana RD$54,050 al mes.
Ramona Paniagua, también cuñada del director, figura como supervisora devengando un sueldo de RD$30,000, mientras que el hijo de ésta, Daniel Ramón Suero Paniagua, está nombrado como supervisor de obras con RD$25,000.
Hasta enero de este año, en la nómina del Indrhi también aparecía Wilson Rafael Fernández Ramos, sobrino del director, quien estaba nombrado como supervisor de obras con un sueldo de RD$22,000.
Tras la publicación, en El Informe con Alicia Ortega, de un reportaje en el que se revela el parentesco de Fernández con varios empleados de la institución, éste envió una carta al periódico Hoy en la que se defendió alegando que su sobrino trabajó en la institución hasta septiembre de 2012 y que actualmente es empleado de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).
Sin embargo, datos de la Contraloría General de la República confirman que Fernández Ramos laboró en el Indrhi hasta enero pasado, en Coraasan se pudo confirmar que ingresó el 11 de febrero.
“La Constitución de la República establece, en su artículo 46 que no se puede nombrar ningún tipo de familiar ni allegado ni a la persona funcionaria ni a su familia, esposa, hijo, hermano, porque eso atenta contra el tema del acceso a la igualdad de los empleados públicos porque no hay un tratamiento en plano de igualdad”, asegura Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.
Para Sosa esto atenta contra la integridad del Estado, “no solo se viola la constitución, la Ley de Función Pública, también se está violando el código de comportamiento ético, se está violando el juramento que hizo ese funcionario de cumplir y hacer cumplir las leyes”, manifiesta Sosa.
El director del Indrhi admite que su cuñado Ángeles Custodio Sosa Morales es consultor jurídico de la institución. Pero alega que “está amparado en la Carrera Administrativa y trabaja con él por autorización del ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, a quien hizo la solicitud y le fue autorizada”.
Otro punto que llama la atención en el Indrhi es la cantidad de personas oriundas y residentes en Dajabón que aparecen nombradas en lugares tan lejanos a su residencia como los Distritos de Riego Este, Lago Enriquillo, Ozama Nizao, Yaque del Sur y Bajo Yuna, en Nagua, todos a cientos de kilómetros de Dajabón, aunque muchos de ellos confirman que viven en la provincia de la que también es oriundo Olgo Fernández.
Como era de esperarse, a la mayoría de ellos nadie los conoce en sus puestos de trabajo.
En total se encontraron unas 126 personas, residentes de Dajabón pero nombradas a cientos de kilómetros, ganando sueldos de RD$5,200, RD$10,000, RD$15,000 y hasta RD$25,000, todos datos confirmados con la Contraloría General de la República vigentes hasta el mes de enero.
Una materia pendiente
El Estado Dominicano no sale bien parado cuando se evalúan sus métodos de contratación y promoción de personal. El denominado índice de mérito, que evalúa el grado de autonomía de una burocracia, deja con baja calificación al país en lo que se refiere a garantías de profesionalidad del servicio civil y “protección de los funcionarios frente a la arbritrariedad, la politización y la búsqueda de rentas”, esto de acuerdo con el estudio “Analizando la burocracia: Una mirada desde el BID”, del especialista en Estado, gobernabilidad y sociedad civil del Banco Interamericano de Desarrollo, Koldo Echebarría.La República Dominicana quedó entre los países con peor desempeño, tanto en el ejercicio por mérito como en la preparación de los servidores públicos. Según el reporte, “un primer grupo de países presenta burocracias con un desarrollo mínimo, por lo que el sistema de servicio civil no puede garantizar la atracción y retención de personal competente, ni dispone de mecanismos de gestión que permitan influir en un comportamiento efectivo de los funcionarios; este grupo incluye países con bajo nivel en ambos índices, incluyendo Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Perú, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Paraguay y Bolivia”.
En muchos países latinoamericanos los empleados públicos se sienten comprometidos con los intereses particulares de quienes los han nombrado. Esto necesariamente lleva a un abuso de poder, contradice el principio de igualdad ante la ley y reduce el umbral inhibitorio para la corrupción ya que se sirve a intereses particulares de terceros. Muchas de las causas de la corrupción en los países industrializados y en vías de desarrollo deben buscarse en los errores institucionales de la administración pública.
¿Legítima defensa?
Una rueda de prensa fue el preámbulo para la entrega a la prensa nacional de una publicación de 98 páginas, confeccionadas en papel satinado al 100 por ciento, páginas a todo color y portada y contraportada elaborada en cartonite 12 plastificado con brillo.En dicho material, coordinado tal como dice la mancheta, por el departamento de relaciones públicas del Idecoop, Pedro Corporán, presidente de la institución, expone sus consideraciones y hasta da lecciones de periodismo mezcladas con clases de teología, todo para justificar los señalamientos sobre nepotismo y otras regularidades que fueron detectadas en la institución tras una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas.
La publicación, a veces absurda, otras ridícula, llega al colmo de presentar fotos de las residencias de los empleados señalados como parientes del presidente de la entidad, para justificar el “derecho supremo al trabajo” que tienen los parientes de Corporán, a los cuales define como profundamente humildes.
Un material similar, es decir, elaborado con el mismo papel y cotizado en la misma imprenta utilizada por el Idecoop, donde el mínimo son 100 ejemplares, cuesta RD$88,212.67
El coto de 300 ejemplares de la misma publicación 81/2 X 11, pegada, de 98 páginas en papel satinado al 100 por ciento, a todo color y con portada y contraportada en cartonite asciende a RD$191,953, mientras que el costo de 500 ejemplares suman RD$219.354.
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