jueves, 7 de enero de 2010

Entidades se disputan los bienes confiscados para robarselos: Hogares Crea se cae a pedazos

SD. Hogares Crea vendió boletos a RD$100 para rifar un vehículo en diciembre y recaudar fondos para los 1,600 internos que se recuperan de su adicción a las drogas, ante la deuda de RD$4 millones que tiene.

"¿Cómo en el país se pretende enfrentar las drogas si el trabajo de recuperación de adictos es tan precario?", cuestiona su director Leopoldo Díaz.
Las legislaciones y mandatos están generando un choque entre el Comité Nacional de Lavado de Activos, las instituciones que se benefician de las confiscaciones al narcotráfico y el Ministerio Público, pese a que la Ley 72-02 da plazos para entregar lo incautado o decomisado.

En diciembre pasado, el Consejo Nacional de Drogas (CND) recibió de la Procuraduría 12 bienes del extraditado Quirino Paulino Castillo, valorados en más de RD$374 millones.
En ese mismo mes, el Comité Contra el Lavado de Activos recibió de la Fiscalía del DN unos RD$2 millones y más de US$40 mil de intereses de certificados de depósitos bancarios de los bienes de Quirino.

Pese a las comisiones, la presidenta del CND y de la Comisión Contra el Lavado de Activos, Mabel Féliz, se queja constantemente de los pocos beneficios que recibe de las confiscaciones que, por ley, se emplean para combatir las drogas.

Quejas y defensas

Según reportes entregados a DL, en los últimos tres años, el dinero incautado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Fiscalía del DN, desde agosto de 2008 a noviembre de 2009, suma más de RD$66 millones, US$11,108,599 y €$1,100,564, y otras partidas en diferentes monedas.
Aunque por el decreto 571-05, la Oficina de Custodia de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID) no debería tener vigencia, reclama. "A pesar de todos los 'dealers' que han incautado, todos los vehículos que se le decomisan a los narcotraficantes, todos están por la DNCD o la Fiscalía...

Tienen la teoría de que existen artículos que los facultan a ellos para administrar y custodiar los bienes. Entonces uno se pregunta: ¿Para qué fue constituida esta Oficina?", dice su director Laureano Guerrero.

Las instituciones se quejan también de que sólo se enteran por la prensa de los grandes decomisos e incautaciones que se hacen en el país. Ante los cuestionamientos, el fiscal del DN, Alejandro Moscoso Segarra, se defiende: "Si se ordena el decomiso, entonces dichos bienes se entregan a las instituciones que menciona la Ley.
O sea, que ningún bien incautado puede distribuirse hasta que no haya sido decomisado, como por ejemplo los 4.6 millones de dólares incautados en el caso seguido en contra de la señora Sobeida Félix Morel, los cuales no han sido decomisados aún, pues no ha intervenido una sentencia judicial definitiva que ordene su decomiso, por lo que sería ilegal distribuirlos en este momento".
El coordinador de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría, Germán Miranda, hace un llamado: "Mabel (del CND) no tiene que desesperarse. Los criterios están establecidos.
El Ministerio Público tiene la potestad para, en un principio, de tener el control de todo lo que incauta.

El Código Procesal Penal se impone a la Ley 72-02 la cual nosotros dominamos aquí en esta Unidad".

Millones sólo para nómina

El director de la OCABID dice que tiene entre 30 militares sin custodiar nada pese a que su inventario tiene docenas de bienes.
Señala que la entidad tiene un presupuesto anual de RD$65 millones. "Se invierte en nómina (entre 300 empleados) para no custodiar nada. Esa es una distorsión total", destaca.
El Fiscal del DN es directo en su defensa: "Me parece que esas instituciones pierden de vista que la distribución de los bienes decomisados, no incautados, se hace de acuerdo a la Ley.
La Ley 72-02 establece claramente en su artículo 10, párrafo I y II, que los fondos inmovilizados, o sea incautados, se depositan en una cuenta bancaria donde permanecen hasta tanto haya una sentencia definitiva que ordene o no su decomiso".

Agrega que se depositan en la Cuenta Especial de Cuerpo del Delito de la Fiscalía. No obstante, en junio de 2009, once organizaciones acusaron al Procurador, Radhamés Jiménez, de retenerles cerca de RD$78 millones de US$14.5 millones incautados a Quirino.

Más críticas
"No es que un coronel o un general... Es que hay una política general de que tú no sabes dónde está la fortuna de los narcos, las grandes residencias, los US$100 millones. Tú no sabes dónde están las joyas, las cabañas, porque eso lo tiene la Fiscalía, los tiene el Ministerio Público, los tiene la DNCD, y eso no debe ser", dice Laureano Guerrero, director de la Oficina de Custodia de Bienes Incautados.
Diario Libre

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