SANTO DOMINGO. Justificadas o no, las decisiones tomadas por algunos jueces ponen en entredicho la independencia con que trabaja la justicia dominicana, que en estos días vuelve a colocarse en el paredón de la opinión pública. La variación de medidas de coerción que implicaban prisión preventiva para favorecer con libertad a personas acusadas de lavado de activos y de traficar con drogas, como son los casos más recientes de Sobeida Félix Morel o Jimmy Oliver Rodríguez Ortiz, reviven una práctica frecuente entre los que tienen la última palabra en materia judicial.
Además de los magistrados Fanny Manuel González Castillo, que otorgó la libertad a favor de Rodríguez Ortiz, apresado con 50 kilos de cocaína, o Rosanna Vásquez, que falló a favor de Félix Morel, a quien se vincula con US$4.6 millones supuestamente provenientes de lavado, hallados en una yipeta, la lista de jueces sancionados por malas prácticas es larga.
Según la Suprema Corte de Justicia (SCJ), desde el 1999 a la fecha se han cancelado 52 magistrados por "faltas graves" en su función. Sólo en el 2007 se anunció el sometimiento a juicio disciplinario de unos 40 jueces, según reportó la Suprema ese año.
Los motivos incluyen desde recibir sobornos a cambio de fallos, exhibir malas conductas, actuar fuera de jurisdicción hasta actuar por temor.
Casos que despertaron gran recelo de la población son los del juez Ramón Emilio Sánchez Carpio, que dejó en libertad, por supuesta falta de pruebas, a dos sacerdotes y un diácono acusados de violación en el albergue Ciudad de los Niños San Francisco Javier, en Higüey; la decisión de los jueces de dejar en libertad a los policías involucrados en el escándalo de los vehículos robados; a los acusados del Plan Renove; o del préstamo de US$130 millones con la empresa Sun Land, que recayó en la propia Suprema. Continua Aqui
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