EL RECURSO FUE PRESENTADO POR LA DIRECTORA DE LA PROCURADURÍA ESPECIALIZA DE PERSECUCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA
Los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fueron apoderados para conocer el recurso de apelación presentado en contra de un auto de no ha lugar a favor del exadministrador de Bienes Nacionales, Elías Wessin Chávez y dos exfuncionarios más de ese organismo, acusados de la comisión de presuntos actos de corrupción por un monto de RD$157 millones.
El tribunal, presidido por el magistrado Ignacio Camacho, fue apoderado del caso por el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César Cano Alfau, mediante el sorteo aleatorio computarizado.
Se espera que el presidente del tribunal fije en las próximas horas el día en que deberá conocerse el recurso de apelación presentado por la directora de la Procuraduría Especializa de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier en contra de la decisión que favorece además a Elvin Leonor Arias Morbán y José Jacobo de León Garrido, estos dos últimos quienes tenían las funciones de subdirector general y supervisor del Área Financiera y encargado de la Dirección de Subasta.
El pasado 2 de agosto, la jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción, Kenya Romero emitió un auto de no ha lugar a favor de los imputados, tras considerar que las pruebas presentadas en el proceso no son suficientes para demostrar la probable existencia de los crímenes de desfalco, prevaricación y asociación de malhechores en la Dirección General del Bienes Nacionales.
Empero, el ministerio público recurrió en apelación la decisión, pidiendo a la Sala Penal de la Corte de Apelación admitir los cargos de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores durante el ejercicio de una función pública, al tener ellos calidad de funcionarios estatales.
Asimismo, pidieron que se admitan las pruebas por considerar que la misma son licitas, suficientes, pertinentes y vinculantes respeto a cada uno de los imputados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, en representación del ministerio público, les atribuía a los acusados haber malversado RD$19,311,540.00 en pagos de dietas, gastos de representación y usar vehículos de motor en su provecho.
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