"Cardenal, los encubridores también violan la ley", dicen activistas

Manifestación frente a la Nunciatura

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez "es responsable de facilitar la huída de dos personas acusadas de actos bestiales, horrendos", denunció este miércoles Denise Paiewnsky frente a la Nunciatura Apostólica, donde un grupo de manifestantes reclamó la eliminación del Concordato y justicia para la pederastia sacerdotal.

"Cardenal: los encubridores también violan la ley", era una de las consignas elevadas por el colectivo que demanda que López Rodríguez sea interpelado por el Ministerio Público que investiga las denuncias de pederastia contra el exnuncio Josef Wesolowski.
La activista manifiesta que al mantener silencio sobre los "crímenes" de Wesolowski y permitir su salida a sabiendas de los mismos, el arzobispo de Santo Domingo lo ayudaba a escapar de la Justicia dominicana.
Repudió que minimizara el hecho al decir que la "Corte de la Fé" se encargaría de condenarlo. "El cardenal lo dijo como si fuera una cosa completamente normal y perfecta", agregó Paiewnski.

"Mientras persistan los privilegios para una Iglesia, el Concordato le va a seguir trayendo mucho perjuicio a la sociedad dominicana, en lo político, en lo social, en lo institucional", opinó.

"Y en el caso del cura de Juncalito (padre Alberto Gil) es peor, lo destituyeron para que se pudiera ir cuando ya se le venía encima la denuncia judicial", lamentó. Sostuvo que esta complicidad debería de "tener consecuencias legales, es parte de la impunidad que estamos reclamando que cese".
Paiewnsky, activista del Colectivo Mujer y Salud, así como el resto de los manifestantes, favorece que se llame a testificar a López Rodríguez, pues "en una democracia es un ciudadano como cualquier otro y tiene que ser tratado por la Justicia exactamente de la misma manera".
El trato especial del Estado hacia la Iglesia católica es una de las injusticias heredadas de "un Concordato arcaico, trujillista y que no tiene razón de ser". El cual en su primer artículo declara esa religión como la oficial.
"Mientras persistan los privilegios para una Iglesia, el Concordato le va a seguir trayendo mucho perjuicio a la sociedad dominicana, en lo político, en lo social, en lo institucional", opinó.
Entre estos privilegios mencionó la asignación de capellanías militares a los altos clérigos, "tenemos sacerdotes, obispos y cardenales con rango militar, armados de pistolas y recibiendo salarios". Recordó que el cardenal, gracias a este acuerdo, es general de brigada y, como tal recibe un salario.
El acuerdo con la Santa Sede, además, permite a la Iglesia incidir en el derecho a la educación, a través de la cual promueven la religión católica sobre las demás religiones.
Asimismo le da potestad sobre los contenidos curriculares, razón por la cual aún no se imparte educación sexual en las escuelas. La falta de educación sexual genera problemas críticos en la sociedad dominicana como lo es la alta cantidad de embarazos en adolescentes, insistió.
También se refirió a la exoneración de múltiples impuestos, los subsidios económicos a las diócesis y parroquias, el compromiso que asume el Estado de construir iglesias, seminarios, residencias de obispos, y otros privilegios económicos "que pagamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos".
Todo esto implica una seria violación a la Constitución dominicana que establece que "todos los ciudadanos somos iguales". Interrumpe además con el rol del Estado democrático de garantizar la libertad de conciencia y culto para todos los ciudadanos.