Guido Gómez recurre ante SCJ archivo de la querella contra diputados PRD

El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara califico de "absurdo jurídico, vagabundería, irresponsabilidad y violación a la ley" la decisión del procurador general Francisco Domínguez Brito de archivar la querella que interpuso contra los diputados perredeístas Víctor Gómez Casanova y Aquiles Leonel Ledesma Alcántara por difundir grabaciones privadas que atentaron contra su intimidad.

Por no estar conforme con la decisión, Gómez Mazara elevó de inmediato un recurso de objeción  ante la Suprema Corte de Justicia a través de su abogado Julio Cury. Dice confiar que dictamen dado a conocer por el Ministerio Público será revertido cuando lo conozca un juez especial del alto tribunal.

"Esto se inscribe en una lógica de paños tibios, propia del procurador Francisco Domínguez Brito. Avala la irresponsabilidad de esos dos diputados cuando no solo hacen uso de una cinta (grabación) obtenida en forma ilegal, sino cuando la hacen púbica, en franca violación del artículo 337 del Código Procesal Penal que protege el derecho a la intimidad de las personas", expresó Gómez Mazara en entrevista para 7dias.com.do.

"Desde el ajusticiamiento de Trujillo, en el país hay un club de señoritos iluminados que creen que es posible construir un proyecto presidencial usando la plataforma de los partidos políticos tradicionales y con solo la bendición de los poderes fácticos.

 Más adelante explica: "No tengo la menor duda de que esa decisión será revocada. Él (Domínguez Brito) dice que el hecho fue producto del calor de la campaña electoral (del 2012), indicando que las violaciones a la ley en procesos electorales están exenta de ser perseguidas por el Ministerio Público, lo que es revelador de cómo la complicidad está vigenteen el ejercicio judicial de este país".

Desde su óptica, Domínguez Brito demuestra su complacencia con el sector político (de Miguel Vargas Maldonado) que tiene colindancias con el gobierno. “El funcionario judicial olvida –añade— que aquí a todo el mundo le llevan su contabilidad”. Recordó que Domínguez Brito fue ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), desde la cual reclamaba respeto a los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas, prédicas que al parecer, conjetura, ya ha olvidado.

Gómez Mazara afirma que el procurador tiene aspiraciones presidenciales y lo habrían convencido de que con un Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en conflicto, un presidente Danilo Medina que no se puede reelegir y un Leonel Fernández descalificado, se crea un ambiente favorable para que él dirija el país.
"Desde el ajusticiamiento de Trujillo, en el país hay un club de señoritos iluminados que creen que es posible construir un proyecto presidencial usando la plataforma de los partidos políticos tradicionales y con solo la bendición de los poderes fácticos. Eso no se logra con solo quererlo, porque hay valores y condiciones que no se compran en botica”, sentenció Gómez Mazara, quien fuera consultor jurídico del gobierno de Hipólito Mejía.
Subrayó la falta de consistencia del procurador en el ejercicio de sus funciones, pues mientas archiva las querellas presentadas por él contra los diputados Gómez Casanova y Ledesma Alcántara y por Guillermo Moreno contra Leonel Fernández, reabre el expediente del senador reformista Amable Aristy Castro.
Gómez Mazara explicó que cuando depositó la querella pensó que el procurador, fuera quien fuera, pondría el interés institucional por encima del interés político, porque la difusión de la conversación telefónica por sus querellados representó una flagrante violación de sus derechos.

La querella contra los diputados Gómez Casanova, Ledesma Alcántara fue introducida inicialmente por la Suprema Corte de Justicia el 4 de junio del 2012. Los acusados difundieron una conversación telefónica del dirigente político y la presentaron como prueba de que este planeaba matar a Miguel Vargas Maldonado.
El 20 de junio desde mismo año, el alto tribunal declinó el expediente por ante el procurador, por considerar que se trataba de una acción privada y no pública.

Fue así como el 11 de diciembre pasado la procuraría emitió un dictamen, cuyo dispositivo fue dado a conocer este miércoles, en el que desestima la querella "por no configurar ninguna infracción de tipo penal". Alega que los querellados no interfirieron ni intervinieron en la vida privada de los querellantes y por lo tanto la declaró inadmisible y dispuso su archivo definitivo.