Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud |
La posición de la Colectiva Mujer Salud es abrazada además, por el Foro Feminista y la Asociación Dominicana de Periodistas con Perspectiva de Género.
Consideran que la situación por la que ha atravesado la niña compromete su derecho a la vida y a la integridad personal, además de que vulnera sus derechos sexuales y reproductivos.
“En esta ocasión, hacemos un llamado a la sociedad dominicana para que, en conjunto, velemos por la vida de ‘Lucecita’”, dice un comunicado de las entidades sociales.
Consideran que al existir la prohibición legal sobre la interrupción del embarazo, “Lucecita” “ha sido sometida a un trato cruel, degradante e inhumano, colocándola en un hilo entre la vida y la muerte”.
“Resulta extremadamente arbitrario que una mujer, y en este caso una menor de edad víctima de violación sexual, no tenga en nuestro país el derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su sistema reproductivo. Resulta inhumano y cruel obligar a una niña de once años a llevar a término un embarazo”, insisten las organizaciones de la sociedad civil.
De ahí su demanda de traslado de la menor desde el hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal a la Plaza de la Salud, en Santo Domingo; que se despenalizado el aborto por violación, incesto y cuando corre peligro la vida y la salud de la mujer y que sea llevada la educación sexual integral y científica a las escuelas.
De igual modo, exigen políticas públicas que contribuyan a prevenir y sancionar de manera efectiva la violencia sexual contra las mujeres y las niñas; que la justicia imponga todo el peso de la ley al violador y disponer de protección social para la criatura, “ya que “Lucecita”, de salvar su vida, no dispone de la madurez emocional, física, psicológica y material para ejercer la maternidad”.
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