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| Julio César de la Rosa, coordinador de ADOCCO |
Los supuestos actos de corrupción que involucran al FONPER y a las empresas productoras de energía fueron sustentados por el exdirector de la entidad oficial, José Izquierdo, a través de un expediente presentado el 8 de agosto del 2012, luego de que 7dias.com.do revelara parte de su contenido.
Con la acción la entidad de la sociedad civil se adhiere a esa primera querella presentada por Izquierdo y dice que respecto de EGE-HAINA, fundamenta sus argumentos en el hecho de que esta empresa, de la que el Estado es socio, abultó dolosamente la suma usada como referencia para el cálculo del canon de administración que le confiere a sus administradores el contrato del 28 de octubre de 1999 y enmendado el 8 de septiembre de 2001.
Dice que a través de este mecanismo los ejecutivos disiparon en provecho personal, aproximadamente 725 millones de pesos, cometiendo así un burdo abuso de confianza en perjuicio de la mencionada sociedad de capital mixto.
Para los directivos de ADOCCO el caso constituye el mayor reto para el Ministerio Público, por la combinación de corrupción pública y privada.
También les atribuyen realizado operaciones con empresas vinculadas en condiciones anormales, sin la debida autorización de los órganos corporativos competentes, entre los años 2008 y 2011, que en conjunto sumaron alrededor 182 millones de dólares, que por su diferencia de precios en relación a las operaciones ordinarias representaron un perjuicio contra el Estado estimado en 90 millones de dólares.
De igual modo, haber tomado fondos sociales de la empresa con la finalidad de pagar el impuesto sobre la renta de “Haina Investment Company”, la compañía encargada de la administración de EGE-HAINA, “práctica que sólo entre los años 2007 y 2011 ascendió a la suma de687 millones de pesos.
En cuanto a EGE-ITABO, dice fundamentar su adhesión a la querella contra sus directivos por haber abultado dolosamente la suma usada como referencia para el cálculo del canon de administración que le confiere a sus administradores el contrato de fecha 8 de septiembre de 1999, enmendado en fecha 16 de agosto de 2001.
A través de esta fórmula se habrían disipado en provecho personal de los administradores aproximadamente 1,053 millones de pesos.
También a través de EGE-ITABO se habrían realizado operaciones con empresas vinculadas en condiciones anormales entre los años 2009 y 2011, las cuales suman alrededor de 200 millones de dólares, resultando en un perjuicio para el Estado de 30 millones de dólares, fruto de las diferencias de precios.
Además, se imputa a estos empresarios haber realizado compras fraudulentas a suplidores de materias primas, específicamente carbón mineral, al suplidor internacional GLENCORE, con unos anormales niveles de sobreprecio que rondan los 140 dólares por tonelada métrica, lo cual arroja una sumatoria de casi 67 millones de dólares de sobrepago en relación a los precios del mercado, entre los años 2009 y 2011.
Otro argumento gira en torno a la supuesta falsificación y uso de comprobantes de gastos presuntamente emitidos por el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Falconbridge Dominicana (Sutrafado) por alrededor de 1,700 millones de pesos, durante los años 2007 y 2008.
La instancia fue depositada por los directivos de ADOCCO Julio César de la Rosa y Rigoberto Rosario ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
Dijeron que los hechos imputados pueden ser calificados palmariamente de “falsedad en escritura de comercio”, “uso de documentos falsos”, “asociación de malhechores” y “abuso de confianza”, infracciones previstas y sancionadas en los artículos 147, 148, 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano.
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