Un reportaje calzado con la firma de la periodista Alicia Ortega, productora de “El Informe”, que origina el Servicio Informativo de Noticias (SIN), afirma que el presidente de la Cámara Administrativa Junta Central Electoral, Roberto Rosario, recibió pagos millonarios de parte de la administración de la Lotería Nacional. A continuación reproducimos la crónica tal como aparece en la página web de SIN.
Por Alicia Ortega
SANTO DOMNGO, República Dominicana.- Un nuevo escándalo sacude a la administración pública nacional, ya que el actual presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, recibió pagos millonarios por servicios de asesorías legales de parte de la Lotería Nacional, situación que viene repitiendo desde hace seis años su bufete de abogados. ¿Incompatibilidad de funciones? o ¿tráfico de influencias?
RD$332 mil 500 pesos RD$1 millón 201 mil 683 pesos, RD$1 millón 353 mil 750 pesos, RD$1 millón 462 mil 500 pesos, RD$2 millones 205 mil pesos y RD$3 millones 150 mil pesos.
Esos son los pagos que desde diciembre de 2005 hasta marzo de 2008, recibió el bufete de abogados Rosario Márquez & Asociados, propiedad del presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, por asesorías legales realizadas a la Lotería Nacional. En total, los seis cheques ascienden a más de 9 millones 705 mil pesos. (RD$9.705.433)
Iniciemos con la Constitución de la República que dice en su Artículo 108, que “Ninguna función o cargo público a que se refieren en esta Constitución y las leyes, serán incompatibles con cargos honoríficos y los docentes”. En otras palabras, las funciones públicas solo son compatibles con cargos sin sueldo o de docencia.
Pero también entra el factor ético, Manuel Morel Cerda, ex presidente de la Junta Central Electoral, dijo que es antiético, el artículo 378, inciso 8 del Código de Procedimiento Civil, estipula entre las causas de recusación de un juez el servirle consultas, hacerle trabajos, recibir dádivas.
Manuel Ramón Morel Cerda, fue presidente de la Junta Central Electoral entre 1998 y el 2003.
Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, asegura que las leyes son claras, entendemos que las propias legislaciones, las leyes en nuestro país condenan este tipo de conflictos de intereses.
Ramón Antonio Veras, reconocido jurista de Santiago, dice que se presta a conjeturas.
En el pasado, jueces de la junta han ejercido como abogados durante sus respectivos periodos en el tribunal electoral.
Pero Morel Cerda aclara que en estos dos casos, representaban a privados nunca al estado.
Cuenta que cuando fue elegido presidente de la Junta en 1998, él cerró su bufete para precisamente evitar conflictos de intereses.
¿Pudiera alegar Roberto Rosario que no actuó personalmente en estas asesorías legales, sino que el bufete que lleva su nombre realizó los servicios, aunque en al menos dos cheques aparece su firma como recibidos?
“Estamos, en primer lugar, ante una clara violación ética que en un ejercicio democrático institucional en el país, sobre todo en una institución como la JCE, no se puede permitir, porque estamos hablando de los árbitros de los procesos de elección de las autoridades en nuestro país que precisamente tienen que ir al Estado a desempeñar funciones públicas.
Lo que también captó nuestra atención de estos servicios prestados por el bufete Rosario Márquez y Asociados a la Lotería Nacional, fueron los montos cobrados.
El 12 de febrero del 2007, cobró RD$3 millones 150 mil pesos por un acto de alguacil, una asesoría legal y asistencia de un Adendun, elaboración del contrato, elaboración y remisión de firmas y la legalización del acuerdo.
Pero, en el detalle de los honorarios, el bufete también agregó la demanda de la contraparte y el acuerdo transaccional, tipificaciones que según bufetes consultados, regularmente no se incluyen. Igual lo especificaron en casi todas las facturas. Este cheque en particular, fue firmado por el propio Roberto Rosario cuando se recibió el pago.
Consultamos a algunos de los principales y más reconocidos bufetes de abogados del país sobre el valor que cobran por estas asesorías legales.
Nos detallaron que un acto de alguacil no supera los 10 mil pesos en promedio; la elaboración de un contrato, en general, no sobrepasa los 25 mil pesos; una asesoría legal, dependiendo del tema, se cobra por hora; y la elaboración y remisión de firmas tiene un costo, en promedio, de 20 mil pesos.
Incluso, El Informe tuvo acceso a la lista de precios de algunas compañías de seguros y bancos con respecto a lo que pagan por servicios legales a abogados contratados. Esto nos permitió tener una referencia más acabada sobre la dimensión de los honorarios pagados por la Lotería Nacional al bufete de Roberto Rosario Márquez-
Por ejemplo, La Colonial por casos civiles paga entre 2.000 y 10 mil pesos dependiendo el servicio. Estos incluyen desde la constitución de abogado y audiencia en primera instancia, diversos tipos de escritos, audiencia de corte de apelación, demanda de suspensión y recurso de casación, siendo este ultimo el servicio mejor pagado.
En casos penales, las tarifas no sobrepasan los 3.000 pesos.
Mientras, que el Banco de Reservas, por actos en primer grado civil, paga entre 1.500 y 5.000 pesos. Estos precios incluyen gastos de alguacil, copias, rol e impuestos y traslados. En materia de la Corte de Apelación, sus precios son de 5.000 pesos.
En Seguros Universal, los tarifas varían entre los 1.500 y los 5.000 pesos. Incluso, para el pago de viáticos o transporte para comparecencia de las audiencias, se aplica una tarifa de 15 pesos por kilómetro, y en caso de una comparecencia a más de una audiencia, 10 pesos por kilómetro.
En Proseguros, la tabla de precios para la facturación de los abogados, varía en materia civil entre 750 y 12.000 pesos, lo mismo se aplica en materia penal (750 hasta 12 mil pesos)
Mientras, que en Mapfre BHD, las tarifas fluctúan, en materia civil, entre 870 y los 4.060 pesos; en Segundo Grado de Jurisdicción, los precios van desde los 870 y los 5,220 pesos; y en Suprema Corte de Justicia, los valores rondan entre los 870 y 8,120 pesos.
En uno de los casos por los cuales el bufete de Rosario cobró más de 1,353,000 pesos, la factura detalla copia de un dictamen, copia de una sentencia, un memorial de defensa depositado por la Lotería y 7 actos de Alguacil.
CORTE. Ramón Antonio Veras, abogado.
Curiosamente, tres de las facturas de los cheques pagados por la Lotería al bufete Rosario Márquez y Asociados, detallan que el pago por la asesoría legal fue en virtud de la Ley N°302, sobre Honorarios Profesionales, y la Ley N°301, sobre Honorarios de Notarios.
Esta Ley, data de 1904, y aunque fue enmienda por ultima fue en 1988, es poco utilizada por abogados a la hora de fijar honorarios, ya que las tarifas que aparecen son mínimas, las cuales parten desde los 10 pesos y no sobrepasan los 550 pesos en muchos casos.
Otro cheque recibido por Rosario Márquez fue de RD$2 millones 205 mil pesos.
El mismo está relacionado a servicios legales prestados a la Lotería Nacional por un caso presentado encontra de la institución por Alfredo Paula y Asociados.
Se trata del levantamiento de un embargo retentivo u oposición que fue oído por el doctor José Elías Rodríguez Blanco, por si y por los doctores Alexis Diclo Garabito, y el propio Roberto Rosario Márquez, tal y como aparece en el documento de audiencia del 12 de septiembre del 2005.
El viernes pasado nos comunicamos con el asistente de Roberto Rosario Márquez para solicitar una entrevista para conocer su opinión sobre esta denuncia, sin embargo, nos dijeron que no concedería la entrevista porque, según Rosario, otros jueces de la JCE también han realizado asesorías mientras estuvieron en ese organismo.
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