“La palabra corrupción tiene muchas significaciones. Una de ellas es podrido o putrefacto así como todas las que se derivan de esas dos, pero en la lengua de los latinos, de la cual pasó a la española, quería decir, y quizás de manera preponderante, no sólo corrompido sino también corruptor, porque el que ejerce la corrupción necesita que alguien sea su cómplice y para conseguir cómplices corrompe a otro…como sucede en todos los casos de aprovechamiento del poder sobre el Estado y sus fondos para enriquecerse.
“La corrupción tiene muchas formas porque no se limita al robo de los dineros que el pueblo le paga al Estado a través de los impuestos directos e indirectos. Se actúa en forma corrupta cuando se sabe que alguien está ejerciendo la corrupción y se le preteje con el silencio o se le defiende… Es corrupción usar la influencia que da un cargo público para hacer negocios con el Estado o para beneficiarse de negociantes sin escrúpulos, pero sería también corrupción que nosotros, que no tenemos puestos en el aparato del Estado, nos quedáramos callados ante la ola de corrupción que se ha levantado en el país”.
No crean que los párrafos precedentes son fruto de nuestra persistente preocupación por la corrupción. Están extraídos de la presentación del “Album de la Corrupción” que editó en 8 páginas y 100 mil ejemplares el periódico “Vanguardia del Pueblo”, órgano desaparecido del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el 4 de noviembre de 1981.
El tercer y último párrafo de la presentación asegura que tienen pruebas de todo lo que denuncian, pero su lectura sólo arroja generalidades, con muy escasa documentación de los cargos formulados contra una decena de altos funcionarios del gobierno del presidente Antonio Guzmán, que en muchos casos fueron auténticos libelos. Seguro que hubo corrupción pero al Album le faltaron investigadores que la documentaran. Si se le pudiera reeditar el país estallaría en carcajadas.
Lo más gráfico e indicar son las fotografías de tres residencias construidas por el vicepresidente Jacobo Majluta, el secretario sin cartera Lorenzo Sánchez Baret y el “secretario particular de Peña Gómez” Aridio García de León, con inversión, según el periódico, de $475 mil, “cerca de un cuarto de millón de pesos”, y “más de cien mil pesos”, respectivamente. A los precios de entonces eran sumas mucho mayores que hoy.
Pero observen los cargos fundamentales que contiene el celebrado álbum con fotos de los acusados: Pedro Franco Badía, síndico del DN: una auditoría reveló que entre 1977 y 1981 gastó $673 mil en “asistencia social y acción comunitaria”, para promoverse.
Frank Desueza Fleury, director del IDSS: “fraude escandaloso”. La comisión de Concursos le autorizó compras de medicinas por $236 mil y las llevó a 550 mil para favorecer a 7 empresas en detrimento de otras seis. Sin ninguna prueba.
Gustavo Sánchez Díaz, director de Inespre, luego aceptado por el PLD: auditoría de la Cámara de Cuentas revela que hizo donaciones por $203 mil en tres años. Los investigadores peledeístas sólo documentan un cheque de $600 que cobraron perredeístas de Bonao, habiendo sido emitido a un club cultural.
A Jacobo Majluta, y su hermano Freddy (ahora aliado del PLD y funcionario) que dirigía Induspapel, les dedican las páginas centrales: como director de CORDE Jacobo había pagado “más de $92 mil a 160 personas que no eran empleados, en sumas que oscilaban entre $200 y $4,000. También que gastó $116 mil para imprimir calendarios donde aparece en fotografía con el Papa y otros $28 mil “para hacerse 200 mil fotografías a color” a fin de promoverse.
“Los jugosos beneficios de Hipólito”, página 6: refiere denuncias de que, como secretario de Agricultura, Mejía habría hecho compras de fertilizantes “de forma irregular” por $10 millones, entre ellas a la empresa Fuerza Agrícola a la que estaría vinculado. Sólo afirmaciones, no aportan ni siquiera indicios.
Vicente Sánchez Baret, secretario de Deportes: que “una de las barbaridades de ese turpén” es que no ha explicado el “imperdonable derroche de $175 mil en la remodelación del palco presidencial del Estadio Quisqueya”.
Un gran recuadro titulado Repartidera, comenta desembolsos de $260 mil del Fondo de Asistencia Social de Salud Pública y documenta 8 casos con cheques de $500 y $600. En “Otros gastos escandalosos” presentan dos cheques a un restaurante por $454 y $329 y a un salón de reuniones por $1,251, y siete cheques que pagaron dietas entre $200 y $610 a seis funcionarios por viajes al interior de entre dos y cinco días.
En conclusión, no hay duda que hubo corrupción, malversación y repartición en aquel gobierno, como lamentablemente ha habido en todos, pero las denuncias del álbum fueron rolin al pitcher, en comparación a las que se formulan ahora de contratos tipo Sun Land, de sobre valuaciones de obras, de nóminas y nominillas, de repartos a fundaciones y relacionados, de violación a las leyes de compra y contrataciones y de libre acceso a la información y de boato. Es una pena que nuestros aliados de antes en las denuncias de corrupción, sean los que ahora la practican o justifican, y que además nos condenen por persistir en rechazar cualquier tipo de malversación o por exigir transparencia. Algunos de los autores del Album llegan a considerarnos envidiosos.-
De Juan Bolivar Diaz
