Participación Ciudadana rindió informe de 2010 durante su XVll Asamblea GeneralA pesar de las múltiples legislaciones que se han creado en el país en los últimos años para transparentar el manejo de los fondos en la administración pública, los resultados no se ven, aseguró ayer el coordinador general de Participación Ciudadana, Santiago Sosa.
Citó la ley de Compras, Contrataciones y Concesiones de Obras Públicas, así como las leyes que regulan el manejo del crédito público, la Tesorería, los controles internos, y las asignaciones presupuestarias, entre otras.
Afirmó que transcurrida más de una década, el esfuerzo legal por cubrir las brechas por donde se escapan tantos recursos y se filtra la corrupción y la ineficiencia, es “virtualmente invisible”, dijo.
Agregó que no hay evidencias de que el comportamiento de los gobernantes en materia de gastos públicos haya cambiado positivamente por estas leyes, y la gestión fiscal no es transparente, ni eficaz.
Sosa habló en esos términos al rendir un informe de las acciones de Participación Ciudadana durante el año 2010.
Nebulosa. Precisó que en el ámbito político y social, las perspectivas no parecen nada favorables en lo atinente a la gobernabilidad y el respeto a los derechos ciudadanos y la Constitución. “Todo indica que estamos ante un nuevo modelo de concentración personal del poder no tanto en manos de un partido sino de un líder”, indicó.
Reiteró que los aprestos para continuar violando el principio constitucional de separación de poderes se evidencian en la forma en que fueron designados los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas, así como en la conformación de una comisión para asesorar al Congreso tras el conflicto surgido con las modificaciones hechas por el Senado al proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
¿Dictadura? En opinión de Sosa, las decisiones tomadas con posterioridad a la promulgación de la Constitución, no favorecen al pueblo, sino “a ese proyecto de poder personal concentrado” que se viene gestando, rememorando tiempos que se pensaban ya superados.
“El momento es de reflexión, concertación y lucha para vigilar el proceso de conformación del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia y el Defensor del Pueblo, ya que las mismas constituyen columnas indispensables para garantizar la calidad de la democracia y el Estado de Derecho en la República Dominicana”, acotó.
Asamblea. Sosa ofreció el informe de gestión de PC durante durante la celebración de la XVll Asamblea General de la entidad no partidista.
En el acto, realizado en el centro de los Dominicos, en la Zona Colonial, fueron electos como nuevos miembros del Consejo Nacional de PC Sonnia Vargas, Samir Isa, Rosalia Sosa y Francisco Alvarez, entre otros.
Las claves
1. Esperan fallo SCJ
Sosa dijo que están a la espera de que la Suprema Corte de Justicia falle un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 57/96 que dispone la exoneración del pago de impuestos a las importaciones de vehículos para los legisladores.
2. Un abuso
Dijo que entre enero 2002 y octubre 2009 los legisladores importaron 678 vehículos por CIF equivalente a RD$1,993 millones. Afirmó, que de haber sido adquiridos de acuerdo con las normas regulares, habrían conllevado impuestos por RD$1,022 millones, recursos con los que el Estado pudo haber financiado importantes iniciativas como escuelas y hospitales.
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