SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La
decisión del expresidente Leonel Fernández de optar por un nuevo período
presidencial en el año 2008, fue el detonante del desbordamiento del
gasto público, tal y como lo establece el informe de la comisión técnica
del Consejo Económico Social en su informe sobre el déficit de este
año 2012, que alcanzó la cifra de 187,000 millones de pesos,
equivalentes al 8.5 % del producto interno bruto según estimaciones del
Fondo Monetario Internacional.
Y en efecto, de conformidad con el análisis de los datos presentados
por los miembros de la comisión, durante los años 2006 y 2007 los gastos
gubernamentales crecieron a un ritmo similar a los ingresos, con un
déficit de apenas 0.1% del PIB en 2006 e incluso un superávit de 0.3%
del PIB en 2007.
El detalle es –destacan- que no ocurre lo mismo durante el 2008,
cuando con un crecimiento del 5.1 % en los ingresos, el gasto se
incrementó en 29.8 %, iniciándose así una carrera de déficits anuales
continuos de alrededor de 3 % del PIB en las cuentas fiscales, lo que
creó una situación sin precedentes en el presente año.
“En suma, se puede observar que, durante el período 2006-2012 se
verificó un crecimiento promedio anual de 11.5 % en los ingresos, pero
durante ese mismo periodo los gastos crecen a un promedio anual de
25.0%. Es decir, que el incremento promedio anual de los gastos duplicó
el crecimiento experimentado anualmente en los ingresos gubernamentales.
Y es esa la primera explicación del tamaño de la brecha fiscal en que
ha incurrido el gobierno”, afirma.
Causas del déficit del año 2012.
Las causas del extraordinario actual déficit público, cinco en total,
según la comisión, han sido reconocidas e identificadas por aquellos
que tomaron la decisión de generarlo y que incluye al expresidente
Fernández y al jefe de su equipo económico, Temístocles Montás, quien
continúa al frente de este.
En ese sentido, citan como causales la disminución de los ingresos
tributarios presupuestados, el aumento del subsidio al sector eléctrico,
el alza en los precios internacionales del petróleo que no fueron
transferidos a los precios internos de los combustibles, transferencias
hechas al Banco Central para pagar los intereses del déficit cuasifiscal
de esa institución y, finalmente, el incremento del gasto de capital
para terminar obras.
En lo que respecta a los dos primeros argumentos, recuerdan las
advertencias hechas por profesionales de la economía cuando fue
sometido al Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la
Nación para el año 2012, en el sentido de que la pieza estaba
sobreestimada en varias fuentes de ingresos y subestimadas las
transferencias que tendrían que ser realizadas al sector eléctrico para
cubrir su déficit.
“De manera, que mal puede alegarse ahora que los ingresos han sido
insuficientes en relación a lo presupuestado –añade— pues esa
sobrestimación fue hecha deliberadamente por las autoridades, aun cuando
la misma se había advertido de manera oportuna, juntamente con el
señalamiento sobre la subestimación de las apropiaciones consignadas
para el sector eléctrico”.
Más aún, con esa formulación presupuestaria del Poder Ejecutivo y su
aprobación por el Congreso, se violó el Artículo 11, literal e) de la
Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, que establece
el “Principio de sinceridad” en el sentido de que “todos los recursos y
gastos deben ser estimados con la mayor exactitud y acuciosidad
posible“.
En el análisis, los expertos reflexionan: “Aceptando la cifra de
48,387 millones, suministrada por el Ministerio de Hacienda como el
valor que será transferido a la CDEEE para cubrir su déficit del 2012 y
restando los 10,680 millones que se consignaron para este propósito en
el Presupuesto 2012, nos queda una diferencia de 37,707 millones, valor
que solo presenta un 20 % del déficit que ese mismo Ministerio ha
calculado para el sector público en el año 2012”.
Concluyen que aun no fuese una actuación deliberada, el aumento del
déficit fiscal nunca podrá ser justificado por insuficiencia de ingresos
con relación al estimado presupuestario, debido a que la citada Ley
Orgánica de Presupuesto para el Sector Público establece de manera
categórica en su Artículo 44 que “las apropiaciones aprobadas por el
Congreso de la República constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a
la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados de que podrán
disponer los organismos públicos comprendidos en este título con el
propósito de cumplir con las políticas, objetivos, resultados y metas
previstas”. En ningún caso un derecho adquirido por las unidades
ejecutoras de cada organismo público contemplado en este título.
Respecto del argumento de las alzas internacionales del petróleo y
sus derivados no transferidos a los precios internos de los
combustibles, el informe señala que: “El expresidente Fernández admite
que en el año 2012 se estuvo violando la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos
que, entre otras cosas, ordena hacer dichos ajustes de manera periódica
para evitar, precisamente, que los ingresos tributarios previstos de esa
fuente sufran alguna merma durante un determinado período”.
Aún más, subrayan: esa ley también fue violada en su Artículo 8,
que manda a fijar los precios de los combustibles a partir del precio de
compra en el mercado internacional, más la tasa de cambio, en vez de
hacerlo en base a la fórmula contenida en el decreto 307-01, de fecha 2
de marzo de 2001, que lo establece a partir del precio de paridad de
importación del petróleo intermedio del Oeste de Texas, un precio
referencial, no real, y que el país no consume.
Resaltan la coincidencia de que las violaciones de la Presidencia a
la ley se produjeran precisamente en los meses de la campaña electoral
que culminó con las elecciones celebradas el 20 de mayo de este mismo
año.
“Por lo demás”, agregan, “las recaudaciones provenientes de impuestos
sobre hidrocarburos durante el período enero-septiembre 2012, muestran
un incremento de 9.7 % con relación a igual periodo del año 2011, según
el informe de recaudación de la DGII”. Más aún, “si para fines de
análisis consideráramos la merma de las recaudaciones por hidrocarburos
con relación a la estimación presupuestaria 2012, veríamos que las
cifras de la DGII reflejan una disminución de 3,206.2 millones de pesos
por este concepto, para el período enero-septiembre. Vale decir, que si
proyectamos para el año 2012 completo, la disminución sería de 4,275
millones, que apenas explicaría un 2.7 % del déficit del Gobierno
Central o el 2.3% del déficit del sector público consolidado”.
Los técnicos refutan el alegato de que el déficit obedece a las
transferencias al Banco Central para cubrir el cuasi-fiscal, y señalan
que es la Ley No. 167-07, de fecha 13 de julio del 2007, la que
establece los mecanismos legales y financieros para la recapitalización
de esa entidad, por lo que fue en aplicación de esta ley que en el
Presupuesto del Gobierno Central para el año 2012 se consignó una
partida de gasto de 23,783 millones para el pago de intereses.
De manera enfática invalidan el argumento de que esa partida es
causante del desbordamiento verificado en el gasto, pues la misma ya
estaba consignada en el Presupuesto original del año, que solo reflejaba
un déficit del Gobierno Central de 22,444 millones (0.9 % del PIB) para
todo el año.
Una razón adicional para rechazarlo es la declaración del Gobernador
del Banco Central, de que el Gobierno Central solo le ha entregado este
año un poco más de 11,000 millones, dicen.
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Analizadas las razones, los miembros de la comisión concluyen en que
las partidas de gastos señaladas por el expresidente Fernández y por el
actual equipo económico gubernamental como las principales causantes
del déficit fiscal, explican menos de la cuarta parte del mismo.
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“Lo cierto es que, en adición al significativo aumento verificado en
el gasto corriente, la principal causa del déficit tiene que ver con el
desmesurado incremento del gasto de capital, admitido por el propio
ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, tanto del gobierno
saliente como del entrante, Temístocles Montás, cuando dijo públicamente
que fue ‘la cantidad de obras que el presidente Leonel Fernández
entendía que debía terminar antes de irse del poder, lo que expandió el
gasto en la administración pública en más de un 2 % del PIB, ya que a
final de junio el déficit era por lo menos 3.3 % del PIB, y se aceleró
con las obras que se terminaron’”.
El informe agrega que el ministro Montás confirma que fue decisión
del presidente Leonel Fernández aumentar el gasto de capital en un 2.4 %
del PIB --entre 50,000 y 60,000 millones de pesos— para terminar obras
antes de salir de la presidencia, lo que explica por qué algunas de
ellas que contaban con un presupuesto específico en la Ley de
Presupuesto terminaron con aumentos que porcentualmente excedían hasta
en 15,000 % lo consignado en la ley, o se iniciaron obras que no habían
sido presupuestadas.
Ilustran la afirmación en la implementación de “programas de
pavimentación y asfaltado de calles, avenidas, carreteras y caminos
vecinales, que el Presupuesto General de la Nación había asignado gastos
al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la suma de 7,553.09 millones
de pesos, ya a mayo llevaba ejecutado 12,253.83 millones de pesos, para
una sobre ejecución de 62.24 % sobre lo dispuesto por la ley, todo esto
antes de que fuera aprobado el Presupuesto Complementario”.
Concluye el informe que todo lo ocurrido viola Artículo 236 de la
Constitución sobre la validez de erogación --ninguna erogación de fondos
públicos será válida si no estuviere autorizada por la ley y ordenada
por funcionario competente— y un número importante de disposiciones
legales.
“Esta violación ha sido confirmada por el FMI, que en su comunicado
del 18 de noviembre de 2012 informó que ‘una gran proporción del gasto
público se ejecutó por encima de las apropiaciones presupuestarias
correspondientes, reduciendo así la transparencia de las operaciones
presupuestarias’”.
Ivonne Ferreras/7dias.com.do