Dominicanos sufren penurias en Puerto Rico

Amnistía Internacional pidió a las autoridades boricuas que concedan el tiempo necesario para que los vecinos de la barriada de viviendas ilegales de “Villas del Sol” de Toa Baja, casi todos dominicanos, se trasladen a otros sitios.

San Juan. EFE. Amnistía Internacional pidió a las autoridades puertorriqueñas que concedan el tiempo necesario para que los vecinos de la barriada de viviendas ilegales de “Villas del Sol” de Toa Baja, mayoritariamente dominicanos, se trasladen con garantías a un nuevo lugar de residencia.

El comunicado de Amnistía Internacional difundido ayer resalta la preocupación de ese organismo ante el desalojo anunciado de “Villas del Sol”, en la costa norte de Puerto Rico, para el próximo día 31, sin que todavía esté preparado el nuevo asentamiento de los dominicanos. Amnistía Internacional subraya que el nuevo terreno cedido por el Ayuntamiento de Toa Baja a la población de “Villas del Sol” no dispone de abastecimiento de luz y agua, y que las nuevas residencias están todavía sin concluir. La organización señala que el Gobierno puertorriqueño debe ofrecer a la población del asentamiento ilegal una alternativa de alojamiento hasta que los vecinos dispongan de sus nuevas viviendas.

Amnistía Internacional recuerda que los desalojos forzados están prohibidos, que éstos se produzcan sin una alternativa de vivienda digna y aclara además se trata de medidas a las que sólo se debe recurrir en última instancia. El comunicado insiste en que las autoridades puertorriqueñas deben dar una alternativa a la población de “Villas del Sol” y aclara que EU -país al que pertenece la isla caribeña- ha reconocido internacionalmente que los desalojos forzados constituyen una violación de los derechos humanos.

Cientos de dominicanos viven desde hace años en el asentamiento ilegal de “Villas del Sol”, sin servicio de agua y luz. El Ayuntamiento de Toa Baja acordó el pasado mes de julio la entrega de unos terrenos a los vecinos de “Villas del Sola” para la construcción de sus viviendas, proceso retrasado que ha impedido que la población dominicana cuente con una alternativa a su actual emplazamiento.