La violencia delictiva se traga el plan de seguridad ciudadana anunciado con bombos y platillos

Cuando el jefe de la Policía, Manuel Castro Castillo, atribuye las 24 muertes del pasado fin de semana a la “violencia social” intenta limpiar de culpa a la institución que dirige, cuya responsabilidad es el orden público, pero reconoce de manera implícita que el Plan de Seguridad  Ciudadana anunciado por el gobierno en marzo pasado ha sido un natimuerto.
Los únicos elementos concretos del susodicho plan fueron los anuncios realizados por el director de la AMET, Juan Brown, quien explicó algunos pasos para mejorar el tránsito capitalino que  aliviaron el desorden un par de días pero que rápidamente fueron olvidados por el hábito del caos. El resto no pasó de buenas intenciones que no generaron hechos concretos en aras de la tranquilidad de la ciudadanía.

El plan  anunciado en marzo rodó rápidamente cuesta abajo y a la deriva. Un informe de la Procuraduría General de la República revela que en ese mes los homicidios sumaron 153 y al mes siguiente, abril,  con el plan nuevecito, subieron a 176. Desde entonces la entidad carece de estadísticas…
La presión social hizo que  en mayo el presidente Danilo Medina dispusiera el patrullaje militar en las calles como un disuasivo y la “Comisión Militar de Obras Públicas” también recién creada, se unió a los esfuerzos.
La presencia militar en las calles fue criticada incluso por la fiscal del Distrito, Yenny Berenice Reynoso, sabedora de que la medida no pasa del bulto y que en ocasiones anteriores la misma acción no había tenido resultados positivos.

En octubre del 2011m el entonces presidente Leonel Fernández dispuso el envío de 1,500 militares a las calles y hasta donde se sabe esto no se tradujo en una reducción de la violencia. Igual que ahora, los militares fueron recogidos sin bulla y no se sabe en qué momento preciso volvieron a los cuarteles.

Al respecto el psiquiatra César Mella aclara que “la violencia social tiene protagonistas. Esos protagonistas se llaman antisociales y la labor de enfrentarlos como la amenaza que son está en manos del Estado”.

En esta ocasión se dijo que el número de guardias patrullando era de 2,000 y que la suma llegaría a cinco mil en unas semanas. El bulto fue tan grande que en algunos puntos de la ciudad, como el kilómetro 9 de la autopista Duarte, se establecieron tanquetas en los primeros días de la medida.
Pero ahora, como antes, es evidente que la medida no ha tenido ningún resultado más allá de las páginas de los periódicos o de la apreciación simple de un ciudadano. Veinticuatro muertos en un fin de semana, nueve apenas este jueves,  reconoce que el disuasivo de la presencia militar no funciona. Por demás, quedan cabos sueltos, como el costo de la operación de los militares en la ciudad y el malestar generado por una asignación para cada alistado en las calles que no llega a 15 pesos.

Honduras, que tiene el dudoso privilegio de tener las ciudades más violentas del mundo, es la única nación latinoamericana donde se ha propuesto el patrullaje militar como medida de prevención del delito común. Las autoridades hondureñas advierten que la medida es transitoria.
Cuando Castro Castillo retoma el discurso de Franklin Almeyda en el sentido de que la violencia que causa las muertes es social, no delictiva, claramente se lava las manos porque entiende que su responsabilidad termina con el cumplimiento de la ley y el orden.
Al respecto el psiquiatra César Mella aclara que “la violencia social tiene protagonistas. Esos protagonistas se llaman antisociales y la labor de enfrentarlos como la amenaza que son está en manos del Estado”.

Nueve años después y un plan nuevo de perfil local y muchos  millones más, la violencia sigue y probablemente al ciudadano que la sufre no le importa si es social o delictiva o si en el fondo es lo mismo.

El propio jefe policial dice que como conocedores del tema, el trabajo de prevención incluye  evitar que los ciudadanos estén armados cuando llegan a un sitio público. Las estadísticas del Ministerio de Interior y Policía dice que el 80 por ciento de los asesinatos con armas de fuego son cometidos por ciudadanos comunes que no tenían antecedentes penales.
No es desdeñable el dato, reiterado en todas las encuestas, de la falta de confianza de la población en la policía.

Al respecto Mella dice: “Acciones como las de la policía en el allanamiento  contra los alemanes de La Mulata III, en Sosúa, indican que los antisociales están permeando la propia institución llamada a combatirlos”. La violencia social, pues, está también dentro de la policía.
Las relaciones públicas fueron el único elemento exitoso del primer Plan de Seguridad Ciudadana ejecutado durante el gobierno de Leonel Fernández, diseñado por Eduardo Gamarra como parte del área de investigación política de la firma Newlink.  Aunque la empresa internacional  lo vende como uno de sus grandes logros, cuando Gamarra fue entrevistado por un Comité del Congreso de los Estados Unidos dijo que la resistencia de la policía y la politiquería abortaron la iniciativa.
Nueve años después y un plan nuevo de perfil local y muchos  millones más, la violencia sigue y probablemente al ciudadano que la sufre no le importa si es social o delictiva o si en el fondo es lo mismo.