Defensora del Pueblo dice en primer mes intercede en diez casos

SANTO DOMINGO.-  La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez informó que en su primer mes de gestión ha intercedido en diez casos de ciudadanos que han sido afectados por actos u omisiones de la administración pública y a los que les vulneraron sus derechos fundamentales.

Zoila Martínez

Según informó Martínez, algunos de los casos les fueron enviados  directamente por los ciudadanos afectados o por sus familiares y que otros los asumió por denuncias y quejas publicadas en medios de comunicación y a través de llamadas telefónicas.

“Nuestra labor se ha enfocado en resolver los conflictos de forma armónica y ajustado a la ley, con el propósito de proteger los derechos de los ciudadanos”, señaló la Defensora del Pueblo en un informe sobre su primer mes de gestión.
Para buscar solución a las denuncias recibidas,  la Defensora del Pueblo visitó a los titulares de las instituciones públicas acusadas de incurrir en faltas, a los cuales también  les expuso los casos por escrito, mediante comunicaciones.

Martínez Guante intervino ante la Dirección de Pasaporte, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República,  la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta Central Electoral (JCE), Bienes Nacionales, y otras instituciones públicas.
En este primer mes también se ha reflejado la falta de recursos económicos que la han llevado a trabajar  desde su casa, debido a que la Defensoría del Pueblo no cuenta con un local. Dijo que para algunas reuniones utilizan un espacio prestado en la Biblioteca Nacional.

Sostuvo que está trabajando en la creación de la estructura operativa de la Defensoría del Pueblo, en la elaboración del cronograma a corto, mediano y largo plazo y en el reglamento de la ley 19-01 que instituye esta institución, ya que se trata de una  institución nueva en el país.

Ayudas a cuidadanos
En el primer caso que medió la Defensora del Pueblo fue por la golpiza propinada al recluso Franklin Peralta, por parte de un agente de seguridad del Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto Plata.
Tan pronto se enteró del hecho, la Defensora del Pueblo se trasladó a ese centro para constatar lo sucedido y luego remitió una comunicación al Procurador Francisco Domínguez Brito para pedirle sanción para el responsable.
Visitó el sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Este, para investigar  el asesinato del joven Eric Martínez, el 6 de julio del 2013, luego que los  familiares de la víctima le pidieran indagar el caso en un papel manuscrito. De ese hecho se acusó a un agente de la Policía, el cual guarda prisión.
Intervino para que Bienes Nacionales desembolse al señor Ervido Báez 270 mil pesos que reclamaba, el cual pagó como adelanto  por la compra de una parcela que erróneamente esa institución le informó era de su propiedad y resultó ser privada.

La Defensora del Pueblo también gestionó en la CAASD que normalice el servicio de agua en el sector El Café, de Herrera, cuyos moradores se habían quejado de que llevaban meses sin el líquido.
Martínez se reunió, además, con el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, para investigar sobre la denuncia hecha por el señor Mojica Linares, de que su hijo fue declarado en el 1989 en San Cristóbal y la secretaria por error lo asentó en el libro del 1988.
Interpuso sus servicios en favor de Awilda Sena Rivas, una ex empleada de la Dirección de Pasaporte que denunció había recibido maltratos. Para esos fines, se reunió con la directora de Pasaporte, Iris Guaba, y con varios empleados de esa entidad.

Denunció personalmente  ante el Ministerio de Medio Ambiente la extracción de los ríos de El Seibo.
Se trasladó a Loma Miranda para investigar sobre la denuncia de tumba de pinares.
En algunos casos que ha sido apoderada, pero  no procedía la intervención de la Defensoría del Pueblo porque tienen procesos judiciales abiertos en los tribunales,  Martínez dio una explicación por escrito a los interesados.
La Defensoría del Pueblo fue creada en el año 2001 mediante la  ley 19-01 y constitucionalizada en el 2010 en la Carta Magna promulgada el 26 de enero de ese año.
Junto a Martínez fueron nombradas como defensoras adjuntas María Ramos Abreu y María Batista Mejía y como suplentes  Carlos Hernández Cabrera y Ruddy Nelson Frías