Baltasar Garzón |
Ayer, Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional de España, comunicó la constitución en parte civil en representación del ingeniero Alberti Leonardo Carela Fernández, esposo de Rosalina, y de los cuatro hijos de ambos.
El reputado jurista español procura los trámites para que el Estado dominicano también exija penalmente la reparación condigna contra las personas físicas o morales que pudieran resultar responsables de los daños provocados a la familia Carela-Ynoa por la muerte trágica de Rosalina, quien falleció junto a otras 78 personas que viajaban en el tren de alta velocidad descarrilado el pasado miércoles próximo a la estación de Renfe, en Santiago de Compostela.
La responsabilidad penal del fatal accidente recae sobre el maquinista, Francisco José Garzón, de 52 años, que precisamente ayer fue imputado por delito de homicidio por el juez Luis Aláez, que instruye la sumaria, y quien le concedió libertad provisional sin fianza.
Ayer, al caer el día, Garzón se reunió en su despacho con el embajador dominicano en España, César Medina, el viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Inocencio García, y el cónsul general en Madrid, Frank Bencosme.
Allí, Garzón explicó el procedimiento que se sigue en estos casos y manifestó que es procedente que el Estado dominicano también se constituya en parte civil en exigencia de reparación de daños penales por la muerte de Rosalina, en razón de que la funcionaria se encontraba en España en viaje oficial.
Previamente, el ingeniero Carela Fernández había apoderado al doctor Garzón de la demanda contra Refe, empresa de servicios de transportes ferroviarios de viajeros y mercancías dependiente del Ministerio de Fomento.
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