Afirma constituye un monopolio a nivel empresarial
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| Ray Guevara, presidente del TC. |
La Procuraduría General de la República solicitó ayer al
Tribunal Constitucional declarar inconstitucional la resolución del
Congreso Nacional mediante la cual se autoriza a una empresa a instalar y
operar equipos de rayos X en los puertos del país.
En su dictamen, el procurador general adjunto Ricardo José Taveras Cepeda pide declarar no conforme con la Constitución la resolución 188-03 del 15 de diciembre de 2003, a través de la cual el Congreso otorgó un contrato de exclusividad a la empresa ICSSI para instalar los equipos.
La solicitud del Ministerio Público pide admitir la acción directa de inconstitucionalidad que depositó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación de Navieros de la República Dominicana, Asociación Dominicana de Zonas Francas, Cámara Americana de Comercio, entre otras entidades empresariales, advirtiendo que el contrato causaría “graves perjuicios” a la rentabilidad de sus actividades.
En su dictamen, el procurador general adjunto Ricardo José Taveras Cepeda pide declarar no conforme con la Constitución la resolución 188-03 del 15 de diciembre de 2003, a través de la cual el Congreso otorgó un contrato de exclusividad a la empresa ICSSI para instalar los equipos.
La solicitud del Ministerio Público pide admitir la acción directa de inconstitucionalidad que depositó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación de Navieros de la República Dominicana, Asociación Dominicana de Zonas Francas, Cámara Americana de Comercio, entre otras entidades empresariales, advirtiendo que el contrato causaría “graves perjuicios” a la rentabilidad de sus actividades.
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