Ramón Cruz Benzán El juez del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenó la libertad de Rafael Cordero Martínez (El Chino), presunto socio de Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo), acusado de pagar RD$300 mil a dos presuntos sicarios para matar a un sargento de la Policía. El magistrado Delio Germán adoptó la decisión tras variar la prisión preventiva dictada en contra de El Chino por el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas.
El tribunal le impuso a El Chino, como medida de coerción, una garantía económica de 4 millones de pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida del país y presentación periódica, tras acoger una solicitud presentada por los abogados Joaquín Benezario y Carlos Balcácer.
De inmediato, el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, apeló la decisión inconforme con la medida, esperando ahora que la Corte de Apelación revoque la decisión y disponga el mantenimiento en prisión del imputado, acusado de pagar a dos presuntos sicarios para matar al ex sargento de Policía, Reynaldo González de Jesús (Charly), en el sector Luperón de la capital.
Se recuerda que ese mismo tribunal archivó, en el año 2007, un expediente en contra de Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo) y Pascual Cordero Martínez (El Chino), quienes estaban acusados de lavado de activos producto del narcotráfico, acogiendo un pedimento del ex fiscal adjunto, Gustavo de los Santos Coll, por falta de pruebas.
El Gringo fue condenado a ocho años de prisión por lavado de activos por los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, acusado de tener cuatro millones de pesos dentro de una jeepeta. La sentencia fue confirmada por los jueces de la Tercera Sala penal de la Corte de Apelación.
Existe peligro de fuga
En la vista de la revisión de medida de coerción, la fiscal adjunta, Cándida Ramos, coordinadora del departamento de Delitos y Crímenes contra la persona (Homicidio), había pedido al juez disponer el mantenimiento en prisión del imputado, por entender que existe la presunción de fuga y no han variado los presupuestos que justifiquen su puesta en libertad. De su lado, Balcácer dijo que se justifica la puesta en libertad de su defendido, bajo el alegato de que ninguno de los imputados por la muerte del sargento lo señala como responsable y que tampoco existen pruebas de que tuvieran vínculos anteriores.
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