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SAN JUAN (Puerto Rico).- La organización de narcotraficantes que en República Dominicana lideraba Heriberto Almonte Reyes (El Gordo) fue penetrada por la DEA, lo cual ha permitido a las autoridades federales determinar el involucramiento de altos oficiales de la Marina de Guerra con la banda durante las gestiones de los vicealmirantes Julio César Ventura Bayonet e Iván Peña Castillo.
Los interrogatorios a dos mayores de la Marina de Guerra ya extraditados a Puerto Rico y la gran cantidad de información acopiada por la DEA, el FBI y otras agencias de inteligencia de Estados Unidos, no dejan dudas de que la jefatura de Ventura Bayonet se involucró en el apoyo a la banda de Almonte Reyes, entre otros casos.
El expediente contiene informaciones sobre el enorme poder de Almonte Reyes, su gran comercio de drogas importadas desde Colombia y el apoyo logístico dado por la Marina de Guerra de República Dominicana.
Alrededor de 30 altos oficiales de la Marina de Guerra estarían involucrados con bandas de narcotraficantes, según consta en el expediente contra Almonte Reyes y los mayores Rossó Peña y Suárez Silfa.
Para que el lector aprecie el caso, vamos a reproducir algunos párrafos contenidos en el expediente contra Almonte Reyes, aunque la acusación en su estado procesal es confidencial y sólo el Gran Jurado la maneja en detalles:
“La Fiscalía Federal probará el caso contra Almonte-Reyes por medio de la declaración de testigos, conversaciones telefónicas legalmente monitoreadas y grabadas, mensajes electrónicos, testimonio de testigos oculares, videos y fotografías de entregas de dinero, y pruebas físicas, que incluyen las drogas incautadas, como se describe más adelante”.
“A fin de probar los cargos uno y dos de la acusación formal, la Fiscalía Federal debe demostrar que el acusado llegó a un acuerdo con una o más personas para ejecutar un plan común e ilegal, y que el acusado a sabiendas y voluntariamente se convirtió en miembro de tal asociación ilícita. Una persona puede convertirse en miembro de una asociación ilícita sin tener pleno conocimiento de todos los detalles de la trama ilegal o la identidad de los otros miembros. O a dicho plan en una ocasión, eso es suficiente para condenarlo por asociación ilícita, aunque no haya participado antes y aunque haya representado un papel menor. En cuanto a la asociación ilícita para el narcotráfico que se alega en el cargo uno, la Fiscalía Federal debe demostrar que Almonte-Reyes llegó a un acuerdo para poseer con intención de distribuir cocaína y heroína. Los elementos del delito de narcotráfico que se le alegan que Almonte- Reyes acordó someter son: 1) que esa persona importó una sustancia controlada y 2) que esa persona poseyó la sustancia controlada con intención de distribuirla”.
“Aproximadamente en junio de 2007, comenzó una investigación de la administración para el Control de Drogas (“DEA” según siglas en inglés), el Buró Federal de Investigaciones (“FBI” según siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Aduanas (“ICE” según siglas en inglés) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), respecto a una organización que transportaba múltiples kilogramos de cocaína y heroína desde Colombia a la República Dominicana, con destino final a los Estados Unidos. La organización estaba compuesta por Heriberto Almonte-Reyes (en adelante “Amonte-Reyes”), quien es el jefe de la misma y el distribuidor. Almonte-Reyes es ciudadano dominicano y utiliza la República Dominicana como su base de operaciones. Dos de los principales proveedores de Almonte-Reyes son los ciudadanos colombianos Harvey Bermúdez Lasso (en adelante “Bermúdez”) y Gustavo Gallego-Córdova. Daniel A. González (en adelante “González”) colabora con Almonte-Reyes en las actividades de narcotráfico. Daniel A. González recibe y entrega las drogas en nombre de Almonte Reyes, Amparo Balaguera-Sarta (en adelante “Balaguera-Sarta”) es agente de intercambio de dinero y despachante de cargamentos de droga en Colombia. Balaguera-Sarta es socia directa de Bermúdez-Lasso y es agente de intercambio de dinero para varias organizaciones narcotraficantes, incluyendo la de Bermúdez-Lasso y la de Amonte Reyes”.
“Balaguera-Sarta negociaba las operaciones de intercambio de dinero y cargamentos de droga entre Bermúdez-Lasso y el testigo confidencial (TC). Carlos Roso-Peña (en adelante “Roso-Peña”) y Miguel Antonio Suárez-Silfa (en adelante “Suárez-Silfa) son oficiales militares dominicanos que utilizan su posición de influencia y acceso a inteligencia militar, para ofrecer seguridad a los cargamentos de droga que entran y salen de la República Dominicana. Héctor Rodríguez (en adelante “Rodríguez”) es un piloto colombiano que residía anteriormente en la República Dominicana. Rodríguez es socio directo de Roso-Peña y de Suárez-Silfa. Rodríguez es experto en el lanzamiento de cargamentos de droga por aire. Eduardo Almonte-Reyes (en adelante “Eduardo”) es hermano de Almonte-Reyes. Eduardo es actualmente ciudadano dominicano residente en Colombia. Eduardo negocia los cargamentos con las organizaciones narcotraficantes colombianas en nombre de su hermano. En octubre de 2007, durante una conversación telefónica legalmente grabada que tuvo lugar en la República Dominicana, el coacusado Amonte-Reyes fue formalmente presentado a un testigo confidencial (TC) de la DEA, por el coacusado Bermúdez quien estaba en la República Dominicana. Bermúdez informó al TC que Almonte-Reyes recibiría un cargamento de droga enviado por él y que Almonte-Reyes tenía grandes cantidades de dinero en Nueva York y en Puerto Rico procedente del narcotráfico y necesitaba transferir ese dinero a Colombia, para que en el futuro le enviaran otros cargamentos de cocaína a Bermúdez y otros proveedores”.
“El 27 de octubre de 2007, los agentes de la DEA, actuando encubiertamente, recibieron el primero de varios envíos de dinero de Almonte-Reyes. En este envío inicial, recibieron Sesenta y Dos Mil Dólares (US$62,000.00) en dinero procedente del narcotráfico los agentes de la DEA en San Juan, Puerto Rico, y lo transfirieron a Colombia donde lo recibieron la coacusada Amparo Balaguera-Sarta (en adelante “Balaguera”) y Gustavo Gallego-Córdova, (en adelante “Gallego”). Basados en las conversaciones grabadas entre el TC, Balaguera-Sarta y Gallego, los agentes de la DEA se enteraron que ese dinero estaba destinado a cubrir una parte de los costos de transporte para que Gallego despachara un cargamento de 1,500 kilogramos de cocaína por avión. Desde el 29 al 31 de diciembre de 2007, el TC le ayudó a Almonte-Reyes actuando como intermediario entre Almonte-Reyes y Gallego”.
Almonte-Reyes envió aproximadamente US40, 000 vía Western Union, desde la República Dominicana, a destinatarios en Colombia. Balaguera-Sarta mandó los nombres de los destinatarios por mensaje electrónico a Almonte-Reyes y TC. Balaguera-Sarta coordinó el recibo de los giros en Colombia y le entregó el dinero a Gallego. Balaguera-Sarta recibió una comisión por las transacciones. Este dinero fue destinado al costo del transporte de un futuro cargamento de cocaína (1,000 a 1,500 kilogramos) de Gallego a Almonte-Reyes. El TC grabó conversaciones con Balaguera, Almonte-Reyes y Gallego en que se discutían los detalles y los propósitos de las transferencias electrónicas e dinero. Por la intercepción legalmente autorizada de conversaciones telefónicas entre Balaguera y Amonte-Reyes, los agentes de la DEA se enteraron que Almonte-Reyes, Balaguera y Gallego coordinaron los detalles de un cargamento
aéreo de 1,000 kilogramos de cocaína a ser enviado a la República Dominicana el 15 de marzo de 2008. El 15 de marzo de 2008, Almonte-Reyes envió por mensaje electrónico a Balaguera las coordenadas del lanzamiento aéreo del cargamento de cocaína. Ese mensaje fue legalmente interceptado por la DEA, y autorizado por una orden judicial en la República Dominicana permitiendo la intercepción de todas las comunicaciones de una computadora Laptop que la DEA le había entregado a Almonte-Reyes en diciembre de 2007. El 15 de marzo de 2008, aproximadamente a las 9:00 P. M., el avión que transportaba los 1,000 kilogramos de cocaína partió desde Colombia para realizar el lanzamiento del cargamento de cocaína fuera de la costa de San Pedro de Macorís, en la República Dominicana. El hermano de Almonte-Reyes, Eduardo, acompañaba el cargamento de cocaína desde Colombia a la República Dominicana como garantía a los narcotraficantes. Esta garantía significaba demostrar la seriedad de la transacción, y asegurarse que el que recibía las drogas no intentaría robarlas”.
“Las autoridades de los Estados Unidos, que habían previamente alertado a los agentes de la Fuerza de Choque del Corredor del Caribe (“CCSF” según siglas en inglés) respecto a la posible interdicción del cargamento, rastrearon el avión. Cuando el avión estuvo a una hora de la República Dominicana, los agentes de Estados Unidos se comunicaron con los militares de la República Dominicana y les preguntaron si podían interceptar el avión. Casi inmediatamente, Almonte-Reyes, según lo que Almonte-Reyes le contó al TC, sus contactos militares se comunicaron con él e hicieron que los colombianos llamaran el avión de vuelta a Colombia. Además, los militares dominicanos informaron a las autoridades de los Estados Unidos que el avión era
un vuelo militar oficialmente autorizado. En subsiguientes llamadas telefónicas grabadas, Almonte-Reyes informó al TC sobre lo que había ocurrido y al día siguiente confirmó que el avión había vuelto a Colombia con su carga de drogas. Esto fue también confirmado en llamadas grabadas entre el TC y Balaguera. Almonte-Reyes le informó al TC que se fijaría una nueva fecha para el envío. El 2 de abril de 2008, agentes encubiertos de la DEA y la DNCD obtuvieron 3 kilogramos de heroína de González, el socio de Almonte-Reyes. Almonte-Reyes coordinó la entrega de la heroína por parte de González en llamadas grabadas al TC. Esa entrega fue coordinada por Almonte-Reyes y el TC. Almonte-Reyes pidió que el TC transportara la heroína a Puerto Rico para distribución en Puerto Rico y le diera a Almonte-Reyes la participación que le correspondía en las ganancias. (…). Las llamadas grabadas entre Almonte-Reyes y el TC indican que Almonte-Reyes tenía la intención de que la heroína fuera transportada a Puerto Rico para distribución en Puerto Rico”.
“El 5 de abril de 2008 a las 12:22 de la tarde aproximadamente, durante una llamada telefónica grabada entre la TC y Almonte-Reyes, la TC y Almonte-Reyes hablaron de un cargamento pendiente de 1,000 kilogramos de cocaína enviado por Gallego. La TC le pregunto a Almonte-Reyes que cantidad de dicho cargamento que Almonte-Reyes deseaba enviar a “El Encanto” (El encanto es una palabra en lengua oscura que refiere a Puerto Rico, el cual tiene el sobrenombre La Isla del Encanto). Almonte-Reyes contestó que enviaría una mitad del cargamento a El Encanto. El 17, 23 y 24 de abril de 2008, la CCSF, que está compuesta por agentes de la DEA, el ICE, y el FBI, y el SDCO, realizaron varias reuniones encubiertas en la República Dominicana con Almonte-Reyes, el capitán de la Marina Dominicana Carlos Rosso Peña, (“Rosso”), y Héctor Rodríguez, (“Rodríguez”), un piloto colombiano, todos los cuales son coacusados. Durante estas reuniones, que fueron grabadas por el testigo confidencial y el agente encubierto, el testigo confidencial y el agente encubierto le dijeron a Rosso-Peña que iban a enviar por avión 500 kilogramos de cocaína desde Sudamérica a la República Dominicana y que necesitaban ayuda para proteger el cargamento. El testigo confidencial y el agente encubierto le dijeron a Rosso-Peña que el plan era lanzar la cocaína desde un avión
y que lanchas pequeñas recogerían la droga. Rosso-Peña acordó proveer protección para el cargamento de cocaína por US$30,000 dólares. Durante la reunión realizada el 23 de abril de 2008, Roso-Peña le dijo al TC y al agente encubierto que él y Suárez, que es coronel de la Marina de la República Dominicana, habían recibido un lanzamiento conteniendo cuatrocientos cuarenta (440) kilogramos de cocaína la noche anterior. Rodríguez afirmó que él había participado personalmente en la recuperación de las drogas y que éstas habían sido entregadas por barco en lugar de por aire. El Coronel Suárez también dijo durante la reunión que el cargamento había sido un total de 440 kilogramos de cocaína y que él personalmente había participado porque las drogas le pertenecían a un amigo suyo. El 7 de mayo de 2008, la CCSF y la SDCO realizaron una reunión encubierta con González, Almonte-Reyes, Rodríguez y Rosso-Peña. Durante esa reunión, el agente encubierto y el TC le pagaron a Roso-Peña US$30,000 por proteger el cargamento ficticio de droga. Adicionalmente el agente encubierto le entregó un teléfono satelital a Rosso-Peña y un teléfono celular Blackberry (legalmente equipado con un dispositivo de rastreo para monitorear la ubicación de Rosso-Peña) aparentemente para ayudar a Rosso-Peña a proteger el cargamento de cocaína. Rosso-Peña les dijo al agente encubierto y al TC que él es uno de aproximadamente treinta oficiales que proveen seguridad a los narcotraficantes. Previamente, el 7 de mayo de 2008, Roso-Peña le entregó al TC una grilla con las coordenadas a utilizar cuando el avión lanzara la cocaína para que las lanchas pudieran recogerla. Roso-Peña dijo que él también proveería barcos de la marina dominicana para escoltar a las lanchas pequeñas”.
“El 7 de mayo de 2008, Rosso-Peña les dijo al agente encubierto y al TC en otra reunión que él estaba listo para proveer la seguridad acordada para el cargamento de cocaína. El 9 de mayo de 2008, las autoridades militares y policiales de los Estados Unidos enviaron un avión como parte de la estratagema “rastreo aéreo de interés”. El rastreo aéreo de interés consistía en un avión miliar simulando ser un transporte de drogas que llevaba una carga ficticia de 500 kilogramos de cocaína. En el presente caso, el rastreo aéreo de interés era el avión que transportaba el cargamento de 500 kilogramos de cocaína que debía ser lanzado para que lo recogieran las lanchas de Rosso-Peña. Dado que el plan era ver si Rosso-Peña alertaba al TC y al agente encubierto sobre la respuesta de las autoridades respecto al cargamento ficticio de drogas, los militares de Estados Unidos comenzaron a rastrear el supuesto avión de transporte de drogas, como si tratara de un cargamento real. Los militares de los Estados Unidos notificaron a las autoridades dominicanas sobre la llegada del avión
que había sido despachado como parte de la estratagema. Rosso-Peña luego llamó al TC para advertirle sobre la respuesta de las autoridades al avión que se aproximaba. Rosso-Peña le dijo al TC que hiciera abortar la tentativa de contrabando de las drogas. Un avión de la fuerza aérea de los Estados Unidos fue hacia el lugar del lanzamiento que previamente había señalado Rosso-Peña, y los agentes a bordo del avión vieron un barco de la Marina Dominicana cerca del lugar del lanzamiento.
Rosso-Peña previamente le había informado al TC que él mandaría barcos de la Marina Dominicana al área para proteger las lanchas que recogerían el supuesto cargamento de cocaína. Más tarde esa noche del 9 de mayo de 2008, Rosso-Peña y Almonte-Reyes se reunieron en un hotel de Santo Domingo con el agente encubierto y el TC para explicarles por qué Rossó-Peña había cancelado el intento de contrabandear la cocaína. Rosso-Peña les dijo al agente encubierto y al TC que el avión, que él creía que transportaba cocaína, había sido vigilado casi inmediatamente desde el momento en que él creía que había partido. Además, Rosso-Peña dijo que los militares de los Estados Unidos habían respondido enérgicamente a la presencia del avión y que la Marina Dominicana también había sido alertada. El 10 de mayo de 2008, el agente encubierto y el TC se reunieron en un auto estacionado en Santo Domingo con Rosso-Peña y Suárez. Esta reunió en el auto no fue grabada. Suárez dijo que él había sido contactado luego del despliegue del helicóptero Blackhawk y que los que los barcos de la Marina Dominicana empezaron a coordinar la respuesta al cargamento aéreo de drogas que estaba por llegar. En ese momento, Suárez se comunicó con Rosso-Peña y le advirtió que cancelara la llegada del cargamento e hiciera que el avión volviera a Colombia”.
“Además, Suárez dijo que cuando llegó el pedido a la Marina Dominicana para que respondiera al avión que se acercaba, él había movilizado dos barcos de la Marina Dominicana. Suárez dijo que, sin embargo, él hubiera demorado o abortado la salida si hubiera sido necesario para asegurar que el cargamento de cocaína llegara sin interferencia. La reunión terminó cuando Suárez y Rosso-Peña acordaron con el agente encubierto y el TC que ellos intentarían contrabandear la cocaína en una fecha posterior”.
“Almonte-Reyes no ha sido juzgado ni condenado por los delitos alegados en esta acusación formal, ni ha sido sentenciado o cumplir ninguna condena en relación con este caso. La Fiscalía Federal probará el caso contra Almonte-Reyes por medio de la declaración de testigos, conversaciones telefónicas legalmente monitoreadas y grabadas, mensajes electrónicos, testimonio de testigos oculares, videos y fotografías de entregas de dinero, y pruebas físicas, que incluyen las drogas incautadas, como se describe más adelante”.
Esta parte del expediente al que tuvo acceso esta periodista es el punto de partida para la investigación federal que se lleva a cabo en Puerto Rico contra decenas de oficiales de la Marina de Guerra, incluyendo a los vicealmirantes Ventura Bayonet, quien era el jefe de la institución en ese período, y a Iván Peña Castillo, también ex jefe de la DNCD.
Nidia Sosa, 7dias.com.do
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