Indicó que otros de los esquemas de apropiación de recursos públicos
usados consistía en la creación de grupos de empresas constructoras bajo
la dirección de Félix Bautista, siendo éste director de la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
NUEVA YORK, Estados Unidos.-El Partido Alianza País someterá ante
los organismos internacionales que trabajan contra la corrupción,
impunidad y la transparencia en las funciones públicas el expediente
incoado contra el expresidente dominicano Leonel Fernández, y otros
funcionarios de su gestión .
Félix Bautista, Leonel Fernández y sus espalderos.
Acento.com.do/Archivo.
Alianza País, en un documento divulgado en EEUU, sostuvo que al
someterse a la justicia al ex presidente Leonel Fernández, por
prevaricación y lavado de dinero a través de la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), Guillermo Moreno demuestra seriedad,
valentía y el uso de su derecho consignado en la Constitución
dominicana.
Precisó que en el expediente depositado en la Fiscalía del Distrito
Nacional el equipo de abogados que representa a Guillermo Moreno muestra
pruebas documentadas de cómo Leonel Fernández usaba personas de sus
confianza para captar fondos de instituciones oficiales y de empresas
constructoras del estado para transferirlos a las cuentas de la
FUNGLODE.
En un documento entregado a los medios de comunicación, el portavoz y
coordinador general de Alianza País en los Estados Unidos, Luis
Mayobanex Rodríguez, indica que con facsímiles de cheques y números de
cuentas se demuestra que, por ejemplo, el grupo de Constructora Modesto,
con múltiple contratos con el gobierno dominicano había depositado sólo
en un mes ocho cheques de un millón de pesos cada uno, y luego 15
millones más a la cuenta de Manuel Rodríguez Casado, entonces asistente
del ingeniero Diandino Peña.
A juicio de Alianza País, esa cuenta llegó a acumular 66 millones de
pesos y al ser transferida a nombre de Marilis Pérez y Luisa del Pilar
Marte, quienes agregarían otras cantidades de dinero por supuesta
donaciones, al ser una cuenta oficial de Funglode, vía Banco Central,
superaría los 100 millones de pesos.
Indicó que de esa forma la institución bancaria lavaría dinero de
esas personas para beneficio de la fundación del ex presidente Leonel
Fernández, la FUNGLDE.
Indicó que otros de los esquemas de apropiación de recursos
públicos usados consistía en la creación de grupos de empresas
constructoras bajo la dirección de Félix Bautista, siendo éste director
de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Agregó que Bautista abjudicaba a sus propias compañías los contratos,
y de los beneficios que generaban se transferían sumas millonarias a la
FUNGLODE.
Puso como ejemplo que sólo sólo días, el pasado año Félix Bautista
“donó” la suma de 45 millones 725 mil pesos a la FUNGLODE, la ONG del ex
presidente Leonel Fernández.
Al mismo tiempo, la organización política indica que corresponde a la
fiscalía del Distrito Nacional investigar lo denunciado y el manejo
dado por el ex presidente Leonel Fernández a los millones de pesos
depositados en la cuenta de FUNGLODE.
Alianza País sostuvo que la conducta vertical de Guillermo Moreno
debe contar con el apoyo de la ciudadanía para terminar con el flagelo
que destruye a la sociedad dominicana.
24 Ene 2013 ... Leonel, corrupción, lavado de activos y Funglode. ... Leonel Fernández es sometido por lavado de activos por vía de FUNGLODE · Wikileaks: ...
Las autoridades antidrogas apresaron en el municipio de Moca,
provincia Espaillat, a un fugitivo de la justicia estadounidense,
perseguido para ser juzgado en una corte de Nueva York, por
narcotráfico.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) identificó al
sospechoso como Jeremy Damon García López, alias “El Gordo” y/o “JJ”,
quien residiría en una suntuosa mansión del sector Los Reyes, de Moca,
lugar donde fue detenido. A García López se le atribuye ser el cabecilla de una red de la que
forman parte otros dominicanos que ya fueron arrestados y extraditados a
Estados Unidos.
Su detención se hizo atendiendo a la orden 2612 emitida por la Suprema Corte de Justicia dominicana el 26 de octubre del 2011.
La DNCD dice que su expediente está en una corte del Tribunal del
Distrito Este de Nueva York, con el acta de acusación número CR 09-060.
Contra el extraditable pesan diez cargos, entre éstos conspiración
para traficar e introducir narcóticos a EEUU, sobre todo heroína,
cocaína y MDMA, entre los años 2001 y 2007.
Se identifican como supuestos cómplices a Ricardo Almonte Bernabel,
Argely Moisés Bretón Blanco, alias “El Artista”; Kelvin Bretón Blanco,
apodado “Perreo”; José Cruz Cruz, conocido como “ El Socio”; Emilio
Lora Delance, llamado “El Disparate”; y Emmanuel Polanco Rodríguez, de
sobrenombre “Manuel”.
Según el reporte de la DNCD, el individuo estaba refugiado en una
mansión “pocas veces vistas en el país”, suplida de energía eléctrica
por dos generadores 60 y 40 kilovatios, piscina, al menos 20 cámaras de
vigilancia, pista de baile, cancha de baloncesto bajo techo con aire
acondicionado, seis suites, entre otras comodidades. La suntuosa casa
fue construida en medio de una especie de finca y para llegar a ella es a
través de una vía empedrada.
La jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia,
Esther Agelán Casasnovas, confirmó el archivo definitivo del expediente
contra el senador Félix Bautista, sobre alegadas contribuciones
irregulares a la campaña presidencial del mandatario haitiano Michel
Martelly, cuando corría como candidato.
Esther Agelán Casasnovas
En la sentencia, la magistrada Casasnovas confirma el archivo
definitivo hecho por la Dirección de Persecución de la Corrupción
Administrativa (DPCA) bajo la dirección de Hotoniel Bonilla, quien
estableció que después de una exhaustiva investigación no comprobó la
alegada infracción y que Bautista nunca entregó dinero a Martelly.
En sus motivaciones, la jueza rechazó la objeción presentada por el
movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción (C-3), en contra del auto
mediante el cual la DPCA dispuso el archivo definitivo, marcado con el
número 03093, de fecha 13 de agosto de 2012.
“Este tribunal pudo comprobar que en la investigación realizada por
la DPCA fueron verificadas las pruebas documentales aportadas por los
querellantes y en ninguna de las cuentas que se describen en el
reportaje de Nuria Piera se hicieron transferencias, ni directa, ni
indirectamente al presidente de Haití”, expresa la sentencia.
En el dispositivo de 51 páginas, la magistrada sostiene que “Tras el
análisis antes indicado y en base al principio de legalidad, y de
acuerdo a la investigación previamente realizada por la DPCA, para la
jueza los hechos alegados como perseguibles no encajan en el tipo penal
enunciado en la ley sobre soborno internacional, por lo que procede
ratificar el archivo”.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) presentó este
miércoles en la Fiscalía del Distrito Nacional una querella contra el
presidente y consultor jurídico del Fondo Patrimonial de las Empresas
Reformadas (FONPER), Fernando Rosa y Luis A. Moquete Pelletier,
respectivamente, por presunta corrupción.
Julio César de la Rosa, coordinador de ADOCCO
El sometimiento incluye a los actuales y anteriores directivos de las
empresas generadoras de Electricidad de Haina (EGE-Haina) e Itabo
(EGE-Itabo) Édgar Pichardo Deboyrie, Rolando González Bunster, Pastor
Sanjurjo, Marco Antonio de La Rosa Ascanio, Manuel Pérez Dubuc, Julián
José Nebreda, Kevin Manning, Eduardo Damián Villareal.
Los supuestos actos de corrupción que involucran al FONPER y a las
empresas productoras de energía fueron sustentados por el exdirector de
la entidad oficial, José Izquierdo, a través de un expediente presentado
el 8 de agosto del 2012, luego de que 7dias.com.do revelara parte de su
contenido.
Con la acción la entidad de la sociedad civil se adhiere a esa
primera querella presentada por Izquierdo y dice que respecto de
EGE-HAINA, fundamenta sus argumentos en el hecho de que esta empresa, de
la que el Estado es socio, abultó dolosamente la suma usada como
referencia para el cálculo del canon de administración que le confiere a
sus administradores el contrato del 28 de octubre de 1999 y enmendado
el 8 de septiembre de 2001.
Dice que a través de este mecanismo los ejecutivos disiparon en
provecho personal, aproximadamente 725 millones de pesos, cometiendo así
un burdo abuso de confianza en perjuicio de la mencionada sociedad de
capital mixto.
Para los directivos de ADOCCO el caso constituye el mayor reto para
el Ministerio Público, por la combinación de corrupción pública y
privada.
También les atribuyen realizado operaciones con empresas vinculadas
en condiciones anormales, sin la debida autorización de los órganos
corporativos competentes, entre los años 2008 y 2011, que en conjunto
sumaron alrededor 182 millones de dólares, que por su diferencia de
precios en relación a las operaciones ordinarias representaron un
perjuicio contra el Estado estimado en 90 millones de dólares.
De igual modo, haber tomado fondos sociales de la empresa con la
finalidad de pagar el impuesto sobre la renta de “Haina Investment
Company”, la compañía encargada de la administración de EGE-HAINA,
“práctica que sólo entre los años 2007 y 2011 ascendió a la suma de687
millones de pesos.
En cuanto a EGE-ITABO, dice fundamentar su adhesión a la querella
contra sus directivos por haber abultado dolosamente la suma usada como
referencia para el cálculo del canon de administración que le confiere a
sus administradores el contrato de fecha 8 de septiembre de 1999,
enmendado en fecha 16 de agosto de 2001.
A través de esta fórmula se habrían disipado en provecho personal de
los administradores aproximadamente 1,053 millones de pesos.
También a través de EGE-ITABO se habrían realizado operaciones con
empresas vinculadas en condiciones anormales entre los años 2009 y 2011,
las cuales suman alrededor de 200 millones de dólares, resultando en un
perjuicio para el Estado de 30 millones de dólares, fruto de las
diferencias de precios.
Además, se imputa a estos empresarios haber realizado compras
fraudulentas a suplidores de materias primas, específicamente carbón
mineral, al suplidor internacional GLENCORE, con unos anormales niveles
de sobreprecio que rondan los 140 dólares por tonelada métrica, lo cual
arroja una sumatoria de casi 67 millones de dólares de sobrepago en
relación a los precios del mercado, entre los años 2009 y 2011.
Otro argumento gira en torno a la supuesta falsificación y uso de
comprobantes de gastos presuntamente emitidos por el Sindicato de
Trabajadores Unidos de la Falconbridge Dominicana (Sutrafado) por
alrededor de 1,700 millones de pesos, durante los años 2007 y 2008.
La instancia fue depositada por los directivos de ADOCCO Julio César
de la Rosa y Rigoberto Rosario ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
Dijeron que los hechos imputados pueden ser calificados palmariamente de
“falsedad en escritura de comercio”, “uso de documentos falsos”,
“asociación de malhechores” y “abuso de confianza”, infracciones
previstas y sancionadas en los artículos 147, 148, 265, 266 y 408 del
Código Penal Dominicano.
Decenas de personas cargaron este viernes letreros y lanzaron
consignas en la calle El Conde, expresando su oposición a la explotación
minera de la Barrick Gold en Cotuí. El grupo se suma al reclamo popular
de modificar el contrato para beneficio del pueblo dominicano, aunque
adicionalmente aboga por la salida de la multinacional del país.
El Frente Amplio, organización que convocó a la parada cívica,
sostiene que a través de la renegociación del contrato se aspira a que
el Estado sea el accionista mayoritario de la mina de Pueblo Viejo, es
decir, que tenga al menos el 51% de las acciones del consorcio con la
concesión.
María Teresa Cabrera, vocera de la actividad, tildó de “chantaje” las
declaraciones emitidas este viernes por el presidente de la Barrick
Gold, Manuel Rocha, quien llamó al Estado dominicano a “respetar el
contrato”.
“Los recursos naturales que tiene el país son un patrimonio de la
nación (…) el gobierno lo que tiene la obligación es de escuchar el
reclamo de la ciudadanía, no el de la Barrick”, reclamó la dirigente
magisterial.
Cabrera explicó que, de acuerdo a la experiencia de otros países, es
posible la modificación del contrato, por tratarse de un acuerdo lesivo
para el interés nacional: “creemos que se está construyendo un consenso
alrededor de la necesidad de que ese contrato sea modificado, es posible
modificarlo, simplemente tiene que haber voluntad política y
compromiso”.
Resaltó la amenaza que implica para el país la relación actual que
sostiene con la minera. “La entrega a estas transnacionales comporta un
elemento de vinculación a la soberanía nacional, sabemos que la Barrick
tiene una historia bastante oscura en donde ha estado en esta labor de
saqueo”, agregó.
El grupo pide que la extracción de los minerales de la mina de Pueblo
Viejo, en Cotuí se realice en condiciones que contribuyan al verdadero
desarrollo del país, respetando el medio ambiente y la sostenibilidad de
los recursos naturales de la zona.
El Congreso reacciona
Paralelo a la protesta, en el Congreso el presidente de la Cámara de
Diputados, Abel Martínez, así como congresistas de diversas
organizaciones políticas, reaccionaron también a los comentarios de
Rocha.
Martínez declaró que la Cámara no cederá en su postura de que sea
revisada la necesidad de modificar el contrato para que haya beneficios
para el país.
Se expresaron por igual los diputados Rubén Maldonado, del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD); Jorge Frías y José Santana del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD). Los legisladores coincidieron en que
esperan que la empresa no se cierre a las negociaciones, manteniendo un
clima de respeto. Santana consideró que de no llegar a un acuerdo será
necesario recurrir al arbitraje internacional.
La República Dominicana es el tercer país latinoamericano desde donde
mayor cantidad de drogas llegó a España a través del aeropuerto de
Barajas, informó la Guardia Civil.
En 2012, las autoridades españolas se incautaron droga en 71 vuelos
procedentes de la República Dominicana. En primer lugar está Colombia,
país de origen de la droga en 99 ocasiones y en segundo lugar, Perú, con
84.
En el cable de la agencia EFE que recoge los datos ofrecidos por la
Guardia Civil en un comunicado, se indica que se decomisaron más de dos
toneladas de estupefacientes, principalmente cocaína, y se detuvo a 461
personas, 317 son hombres y 144 mujeres.
En la mayoría de los casos las mulas pretendían introducir la droga
oculta en dobles fondos, adosada a su cuerpo o en forma de bolas en el
interior de su organismo.
Francisco Peña al dar la vuelta al diamante luego de pegar un jonrón.
La final de la Serie del Caribe estuvo repleta de récords y novedades.
El maratón de 18 entradas conquistado por los Yaquis de Obregón
(México) por 4-3 sobre los Leones del Escogido (República Dominicana)
empató el récord de innings para un juego del Clásico Caribeño. También
se jugaron 18 episodos el 2 de febrero de 2007 en un partido entre los
Tigres de Aragua (Venezuela) y las Aguilas Cibaeñas (República
Dominicana).
El partido de este jueves-viernes aquí representa un nuevo récord de
duración de un choque de Serie del Caribe, con siete horas y 29 minutos.
La marca anterior había sido precisamente aquel juego de Aragua-Aguilas
hace seis años en Carolina, Puerto Rico, con 6:13.
Otro récord que se empató en la final de este Clásico Caribeño fue el
de las 18 entradas en la receptoría del equipo mexicano por parte de
José Félix, quien igualó la cantidad del dominicano Alberto Castillo por
las Aguilas en el 2007 en ese mismo partido vs. Tigres.
En la coronación de México se utilizaron entre ambos equipos 21
lanzadores, lo cual la marca del 2 de febrero de 2011, en Puerto Rico,
en el partido entre los mismos Yaquis de Eddie Díaz y los Toros del Este
(República Dominicana).
Entre esos 21 pitchers, se realizó un total de 501 lanzamientos.
El adecentamiento del transporte público de pasajeros aparenta un
asunto de difícil solución. Los esfuerzos han involucrado a distintos
gobiernos sin resultados satisfactorios. La corrupción y la falta de
políticas claras, entre otras razones, están entre las causas
fundamentales del fracaso.
Las pretensiones de poner orden vienen de lejos. Por más de cuatro
décadas, las deficiencias operativas del tránsito y el transporte
público de pasajeros en Santo Domingo han impactado la funcionalidad de
la red vial, anarquizando el espacio urbano y produciendo altos niveles
de contaminación ambiental.
Identificar el gran volumen de dinero que implica la movilidad de
pasajeros desnuda la ausencia de una decisión política para resolver un
problema que, a juicio de González, no necesita la inversión de un peso
más de los tantos miles de millones ya invertidos.
Varias son las causas identificadas del problema, según el punto de
vista de especialistas en la materia. Para el ingeniero Onésimo
González, experto en planificación y ejecución de proyectos de vialidad y
ordenamiento del tránsito, ha sido determinante que los gobiernos no
advirtieran la necesidad de crear un marco legal de planificación y
transporte que permita construir las infraestructuras y servicios
demandados por la masiva migración, que desde las zonas rurales se
trasladó a la ciudad, a partir del año 1961.
Para entonces, el 70 por ciento de la población residía en las áreas
rurales y, solo el 30 por ciento se concentraba en las ciudades. “La
realidad de hoy es inversa. El 70 por ciento de la población dominicana
es urbana, mientras el 30 por ciento restante, reside en las zonas
rurales”, plantea González.
En la actualidad, según datos del Diagnóstico del transporte urbano en la ciudad de Santo Domingo
realizado por el experto, los 3.3 millones de habitantes que se
movilizan en Santo Domingo en medio de un caos absoluto, genera una
demanda de 3 millones de viajes por día que, anualizados, tienen un
costo de alrededor de 14 000 millones de pesos.
Identificar el gran volumen de dinero que implica la movilidad de
pasajeros desnuda la ausencia de una decisión política para resolver un
problema que, a juicio de González, no necesita la inversión de un peso
más de los tantos miles de millones ya invertidos.
En su opinión, el gasto en la búsqueda de soluciones ha sido
dispendiado por los choferes, cobradores, propietarios de las unidades
de transporte público y otros sectores que intervienen en el negocio,
porque no existe un sistema tecnológico de gestión de recaudación que lo
optimice en beneficio de un transporte urbano seguro, cómodo, económico
y eficiente.
Desde la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), su director
general, Héctor Mojica, coincide en parte con los planteamientos del
experto. Reconoce, además, que el Estado ha sido condicionado por los
sindicatos y empresarios del transporte, quienes han presionado,
chantajeado y obligado a los distintos gobiernos a negociar en
condiciones que solo a ellos favorecen.
Las expectativas del director de la OTTT de cumplir con la meta de
organizar el transporte colectivo en la gestión que inicia, descansan en
el hecho de que “estará fuera, por cuatro años, la contaminación de las
elecciones”, lapso que permitirá “tomar medidas sin tener que violentar
lo que establece la ley y hacer lo que corresponde”.
Mientras, la demanda diaria de transporte de tres millones de
personas es satisfecha de manera precaria, según datos de González, por
16 500 carros de concho, 2 800 micro y minibuses -con más de 25 años de
uso- que compensan el 80.5 por ciento de la demanda real.
A la flotilla anterior se suman 160 autobuses -de los 300 con que
inició- que operan en la OMSA, los que apenas desplazan el 3.6 por
ciento del total de la demanda diaria, en tanto el Metro de Santo
Domingo-Línea 1, satisface el 3.3 por ciento. A esto se suman 90
autobuses de empresas privadas que cubren el 2 por ciento, mientras el
10.6% de la demanda es satisfecha por los llamados “motoconchos”, todo
esto en una red de 208 rutas con 1 972 kilómetros de recorrido, ida y
regreso.
El estudio destaca la participación de los 205 sindicatos de
choferes, organizados en 12 federaciones, que ejercen una fuerte presión
social y política para mantener este deficiente sistema de transporte
público en la ciudad.
Nueva ley, una necesidad
A pesar de encontrarse en una especie de limbo, el proyecto de Ley de
Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, podría ser
la solución a un problema que desde hace décadas afecta a los usuarios
del transporte público de pasajeros, ya que entre los objetivos
estratégicos está la ejecución de una política integral que implica
mejorías en la movilidad de la población, disminución de la
contaminación ambiental y el desarrollo armónico de las ciudades.
Asimismo, plantea propuestas económicas concretas, con las que se
propone optimizar las condiciones de productividad y competitividad,
garantizar la sostenibilidad de los servicios, hacer un uso más
eficiente de los recursos del Estado, reducir los costos de prestación y
fomentar el provecho de las inversiones pasadas, presentes y futuras.
En su Artículo 4, el anteproyecto de ley propone un sSistema integral
que aglutine el conjunto de instituciones, servicios, instalaciones,
infraestructura, vehículos, equipos y demás elementos organizados para
cumplir las competencias indicadas por dicha propuesta.
Y en efecto, para el director de la OTTT, la regulación del sector,
por lo menos teóricamente, corresponde a esa entidad. Se queja, sin
embargo, de que por pugilatos entre la OMSA, OPRET y la AMET, a ésta
última institución se le asignaron funciones reguladoras, mediante el
decreto 187 de 2005, obviando su naturaleza original, que era la de
imponer el orden en el tránsito, es decir, asumir las funciones que una
vez tuvieron los agentes de tránsito de la Policía.
En ese sentido, el funcionario entiende, al igual que el consultor
González, que la aprobación de la ley, que lleva ocho años dando vueltas
en el Congreso sin ser aprobada, podría resolver el problema de
ordenamiento vial y movilidad de personas, ya que plantea la unificación
de todas las instituciones que confluyen en el sector.
¿Qué regula la OTTT?
Para Mojica, lidiar diariamente con los empresarios del transporte es
una especie de calamidad, tanto que, según dice, quienes le han
antecedido en el cargo se han desgastado en el intento de solucionar los
conflictos con ese sector.
“En la actualidad, el subsidio a los empresarios del transporte es
del 15 por ciento del consumo, lo que involucra una cifra de más de 200
millones al año”, afirma el director de la OTTT.
Refiere el caso de los subsidios que reciben esas empresas a través
del bono-gas y el gasoil, que según el presidente Danilo Medina debió
mantenerse solo hasta diciembre de 2012. Sin embargo, “esos empresarios
siguen recibiendo los beneficios en base a la presión de los
sindicatos”.
El funcionario gubernamental habla del impuesto fijo establecido en
la reforma fiscal para aportar a la solución del transporte y que al
parecer será destinado a favorecer a sus empresarios. “Se trata de
otorgar más recursos a las centrales sindicales y a los empresarios del
transporte, y eso hay que estudiarlo a fin de establecer cuál es el
costo operacional de cada una de ellas. Ellos dicen que cobran por
debajo del costo operacional, a pesar de los incentivos que reciben
desde el Estado”, apunta.
“En la actualidad, el subsidio a los empresarios del transporte es
del 15 por ciento del consumo, lo que involucra una cifra de más de 200
millones al año”, afirma.
Frente al problema, admite que durante décadas al Estado le ha ido
mal en los intentos por regular el transporte, atribuyendo esta
situación, fundamentalmente, a los negocios que involucran a diferentes
sectores, incluido el mismo gobierno, y aunque sin una propuesta
concreta, tiene la esperanza de que el escenario cambiará.
De su lado, González sueña con la creación de programas, tanto
nacionales como municipales, en los que el gobierno defina proyectos de
movilización urbana y accesibilidad y seguridad vial como herramientas
para convertir a los peatones de nuestras ciudades en verdaderos
ciudadanos, en espacios urbanos ambientalmente sostenibles y seguros.
La Colectiva Mujer y Salud y otras organizaciones condenaron este
viernes la desprotección en que se encuentra una niña de apenas 11 años
de edad que ha dado a luz un niño fruto de una violación sexual
perpetrada por un adulto.
Sergia Galván, de la Colectiva Mujer y Salud
Se refiere a “Lucecita”, apodo con el que ha sido nombrada para
preservar su real identidad, que alumbró un niño de cuatro libras en el
hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal y según el reporte del centro
asistencial recogido por 7dias.com.do., se encuentra en estado de
gravedad.
La posición de la Colectiva Mujer Salud es abrazada además, por el
Foro Feminista y la Asociación Dominicana de Periodistas con Perspectiva
de Género.
Consideran que la situación por la que ha atravesado la niña
compromete su derecho a la vida y a la integridad personal, además de
que vulnera sus derechos sexuales y reproductivos.
“En esta ocasión, hacemos un llamado a la sociedad dominicana para
que, en conjunto, velemos por la vida de ‘Lucecita’”, dice un comunicado
de las entidades sociales.
Consideran que al existir la prohibición legal sobre la interrupción
del embarazo, “Lucecita” “ha sido sometida a un trato cruel, degradante e
inhumano, colocándola en un hilo entre la vida y la muerte”.
“Resulta extremadamente arbitrario que una mujer, y en este caso una
menor de edad víctima de violación sexual, no tenga en nuestro país el
derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su sistema reproductivo.
Resulta inhumano y cruel obligar a una niña de once años a llevar a
término un embarazo”, insisten las organizaciones de la sociedad civil.
De ahí su demanda de traslado de la menor desde el hospital Juan
Pablo Pina, de San Cristóbal a la Plaza de la Salud, en Santo Domingo;
que se despenalizado el aborto por violación, incesto y cuando corre
peligro la vida y la salud de la mujer y que sea llevada la educación
sexual integral y científica a las escuelas.
De igual modo, exigen políticas públicas que contribuyan a prevenir y
sancionar de manera efectiva la violencia sexual contra las mujeres y
las niñas; que la justicia imponga todo el peso de la ley al violador y
disponer de protección social para la criatura, “ya que “Lucecita”, de
salvar su vida, no dispone de la madurez emocional, física, psicológica y
material para ejercer la maternidad”.
Santo Domingo.-El Gobierno dominicano
tendrá la decisión de la posible explotación o no de loma de Miranda, en
base a las recomendaciones que dará el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). Valerie Julliand, representante del
organismo, al presentar a los seis expertos de alto nivel que llegaron
el domingo e iniciaron la evaluación del estudio de impacto ambiental
sometido por la empresa Falcondo, para gestionar su operación minera,
detalló parte del proceso.
Citó una serie de reuniones con grupos
relacionados al proyecto, entre los pasos dados hasta el momento por los
especialistas extranjeros, que tentativamente darán a conocer sus
conclusiones en unos dos meses.
La diplomática dijo que empezaron a
recabar informaciones haciendo una serie de encuentros con las
autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la
minera Xtrata Falcondo, al tiempo que recorrieron en helicóptero el
área, conversaron con ejecutivos de la empresa, así como con líderes y
grupos comunitarios que se oponen a la iniciativa, básicamente por su
temor a perder las fuentes de agua.
Igual hicieron con
académicos del Instituto Tecnológico de Santiago; la Universidad
Iberoamericana y la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo.
“Esta mañana nos reunimos con instituciones del Estado, como Industria y
Comercio y Minería. Mañana (hoy) iremos al Senado y la Cámara de
Diputados, hasta recabar toda la información posible. No somos nosotros
los que vamos a decidir, el Gobierno es que va a valorar las
recomendaciones del equipo”, dijo.
Equipo especializado tema
Entre
los expertos, están los mexicanos Eduardo Davillo, especializado en
ordenamiento territorial y Olivia Eugenia Sparza, antropóloga; Rafael
Negret, colombiano experto en problemática socieconómica, ambiental y
cultural del continente; Oscar Arnoldo, salvadoreño, especialista en
Ciencias de la Tierra (aguas subterráneas), así como David Laurence,
austriaco, doctorado en ingeniería de minas, y Jered Hardner,
economista ambiental de Estados Unidos.
Valerie Juliani, adelantó
que continuarán recibiendo información del caso y puso de manifiesto la
confianza puesta por el Gobierno, de apreciar sus valoraciones.
Dijo que el sector empresarial está en contra del contrato otorgado a la compañía ICSS
.-La presidenta de la
Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Ligia
Bonetti, consideró ayer que la seguridad del país no puede estar en
manos privadas, sino en las del Gobierno.
Bonetti dijo que el
sector empresarial está en contra del contrato otorgado a la empresa
ICSSI, por considerar que es inconstitucional, ya que le otorga
privilegios monopólicos a dicha compañía.
Afirmó que la
instalación de un sistema de Rayos X en los puertos dominicanos para la
revisión de furgones no le aporta ningún valor especial o distintivo a
las mercancías.
“La Aduana debe de estar en manos del Gobierno.
Este contrato atenta contra la competitividad y no agrega ningún
valor a nuestros productos, porque en otros puertos no van a tomar eso
en cuenta”, manifestó la presidenta de la AIRD en el programa Cuentas
Claras, que se difunde por La Nota (95.7 FM).
Empresa defiende contrato
Mientras
que la empresa ICSSI, SRL Boarder Support Services afirmó que desde
agosto del año 2012 acogió las conclusiones de la Comisión designada
por el Poder Ejecutivo en ese entonces para la renegociación del
contrato de concesión original, aceptando la propuesta de la Autoridad
Portuaria Dominicana, que reduce en alrededor del 50% las tarifas
consignadas en el contrato-ley otorgado por el Estado en el año 2002.
En
un comunicado publicado en espacio pagado, la empresa señala que la
implementación de este contrato-concesión “con las tarifas sugeridas por
el Estado, de cobrar US$45 por contenedores llenos y US$20 por los
vacios, lejos de encarecer costos, los reduciría sustancialmente”.
Asimismo, la dirigente empresarial dijo que está de acuerdo en que el
uso de dicha tecnología esté en manos de personal capacitado para esos
fines, provenientes de las distintas dependencias del Estado que tengan
que ver con el trasbordo, entrada o salida de contenedores.
Menéndez cabildeó a favor Melgen
El
senador Robert Menéndez admitió que su oficina contactó a las agencias
federales de salud de un modo en que pudiera favorecer al principal
donante político de su reelección, el doctor Salomón Melgen.
De
acuerdo a la agencia AP, el senador negó que interviniera en forma
inadecuada en disputas sobre facturaciones entre el médico y el
gobierno.
Menéndez precisó que tomó contacto con los Centros para
Servicios de Medicare & Medicaid para preguntar sobre prácticas y
políticas de facturación. Los contactos se produjeron durante una
disputa entre los Centros y el médico Salomón Melgen.
El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara califico de
"absurdo jurídico, vagabundería, irresponsabilidad y violación a la ley"
la decisión del procurador general Francisco Domínguez Brito de
archivar la querella que interpuso contra los diputados
perredeístas Víctor Gómez Casanova y Aquiles Leonel Ledesma Alcántara
por difundir grabaciones privadas que atentaron contra su intimidad.
Por no estar conforme con la decisión, Gómez Mazara elevó de
inmediato un recurso de objeción ante la Suprema Corte de Justicia a
través de su abogado Julio Cury. Dice confiar que dictamen dado a
conocer por el Ministerio Público será revertido cuando lo conozca un
juez especial del alto tribunal.
"Esto se inscribe en una lógica de paños tibios, propia del
procurador Francisco Domínguez Brito. Avala la irresponsabilidad de esos
dos diputados cuando no solo hacen uso de una cinta (grabación)
obtenida en forma ilegal, sino cuando la hacen púbica, en franca
violación del artículo 337 del Código Procesal Penal que protege el
derecho a la intimidad de las personas", expresó Gómez Mazara en
entrevista para 7dias.com.do.
"Desde el ajusticiamiento de Trujillo, en el país hay un club de
señoritos iluminados que creen que es posible construir un proyecto
presidencial usando la plataforma de los
partidos políticos tradicionales y con solo la bendición de los poderes
fácticos.
Más adelante explica: "No tengo la menor duda de que esa decisión
será revocada. Él (Domínguez Brito) dice que el hecho fue producto del
calor de la campaña electoral (del 2012), indicando que las violaciones a
la ley en procesos electorales están exenta de ser perseguidas por el
Ministerio Público, lo que es revelador de cómo la
complicidad está vigenteen el ejercicio judicial de este país".
Desde su óptica, Domínguez Brito demuestra su complacencia con el
sector político (de Miguel Vargas Maldonado) que tiene colindancias con
el gobierno. “El funcionario judicial olvida –añade— que aquí a todo el
mundo le llevan su contabilidad”. Recordó que Domínguez Brito fue
ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), desde
la cual reclamaba respeto a los derechos, la dignidad y la privacidad de
las personas, prédicas que al parecer, conjetura, ya ha olvidado.
Gómez Mazara afirma que el procurador tiene aspiraciones
presidenciales y lo habrían convencido de que con un Partido
Revolucionario Dominicano (PRD) en conflicto, un presidente Danilo
Medina que no se puede reelegir y un Leonel Fernández descalificado, se
crea un ambiente favorable para que él dirija el país.
"Desde el ajusticiamiento de Trujillo, en el país hay un club de
señoritos iluminados que creen que es posible construir un proyecto
presidencial usando la plataforma de los
partidos políticos tradicionales y con solo la bendición de los poderes
fácticos. Eso no se logra con solo quererlo, porque hay valores y
condiciones que no se compran en botica”, sentenció Gómez Mazara, quien
fuera consultor jurídico del gobierno de Hipólito Mejía.
Subrayó la falta de consistencia del procurador en el ejercicio de
sus funciones, pues mientas archiva las querellas presentadas por él
contra los diputados Gómez Casanova y Ledesma Alcántara y por Guillermo
Moreno contra Leonel Fernández, reabre el expediente del senador
reformista Amable Aristy Castro.
Gómez Mazara explicó que cuando depositó la querella pensó que el
procurador, fuera quien fuera, pondría el interés institucional por
encima del interés político, porque la difusión de la conversación
telefónica por sus querellados representó una flagrante violación de sus
derechos.
La querella contra los diputados Gómez Casanova, Ledesma Alcántara
fue introducida inicialmente por la Suprema Corte de Justicia el 4 de
junio del 2012. Los acusados difundieron una conversación telefónica del
dirigente político y la presentaron como prueba de que este planeaba
matar a Miguel Vargas Maldonado.
El 20 de junio desde mismo año, el alto tribunal declinó el
expediente por ante el procurador, por considerar que se trataba de una
acción privada y no pública.
Fue así como el 11 de diciembre pasado la procuraría emitió un
dictamen, cuyo dispositivo fue dado a conocer este miércoles, en el que
desestima la querella "por no configurar ninguna infracción de tipo
penal". Alega que los querellados no interfirieron ni intervinieron en
la vida privada de los querellantes y por lo tanto la declaró
inadmisible y dispuso su archivo definitivo.
La corrupción no conoce fronteras. Se internacionaliza de la mano del
capital, los empresarios y políticos globalizados. La pasada semana, el
escándalo del senador estadounidense Bob Menéndez y y el médico
dominicano Salomón Melgen entró con fuerza en los medios locales y
todavía se sienten sus coletazos.
Quizá en breve los ruidos provengan de España amplificados por la
investigación que realiza el Juzgado Central de Instrucción número 6 de
la Audiencia Nacional sobre los negocios en el país del Grupo Vitalia.
“La conexión dominicana de los ERE se oculta bajo varias capas de sociedades interpuestas, como en un juego de matriuskas”, dice el diario español.
En un amplio reportaje publicado este jueves por el periódico El
Mundo –al que se puede acceder pagando— se dice que Vitalia recibió 23,2
millones de euros en solo cinco años de la Junta de Andalucía para
gestionar los expedientes de regulación de empleo (ERE), de los cuales
5,1 millones vinieron a parar a la República Dominicana a través de un
entramado de empresas.
El canalizador de esos dineros ahora bajo investigación fue el
empresario español Jesús Barderas, radicado en el país desde 1986; el
destino, el ambicioso complejo turístico Cap Cana, de la familia
Hazoury, donde también participa como accionista Donald Trump.
De acuerdo con la crónica de El Mundo firmada por sus periodistas
Sebastián Torres y Antonio Salvador bajo el epígrafe “Políticos bajo
sospecha”, un borrador del contrato encontrado durante pesquisas de los
Mossos d’Esquadra, en el domicilio de Antonio Albarracín, director
comercial de Vitalia, lo transado fue la compra de acciones por 28
millones de euros aunque “en realidad, su valor nominal solo ascendía a
6,9 millones de euros”.
En los expedientes aireados por El Mundo también se habla de correos
electrónicos que hacen referencia a “comisiones” y “pagos en metálico” a
sindicatos, entre ellos las dos más grandes centrales obreras de
España, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.
El escándalo comenzó como consecuencia de la considerada en otros
medios como “oscura quiebra de la mutua Fortia Vida”, perteneciente al
Grupo Vitalia. Lo que se teme es que el dinero pagado por la Junta de
Andalucía por los ERE haya vuelto, aunque disminuido por la repartición,
a los bolsillos de quienes lo pagaban. La vía utilizada por Vitalia o
Fortia Vida era relacionarse con despachos de abogados, simular negocios
mediante empresas fantasmas y hacer volver el dinero a su fuente de
origen.
“La conexión dominicana de los ERE se oculta bajo varias capas de sociedades interpuestas, como en un juego de matriuskas”, dice el diario español.
Y de hecho lo es: una gran cantidad de empresas solapándose
mutuamente. La gran muñeca rusa que las oculta es la empresa
“dominicana” Tenedora Verlac, en la que Plárrega Invest –otra empresa de
Vitalia que habría servido para descapitalizar a Fortia Vida— tenía
invertidos poco más de cinco millones de euros. No era la única, pero la
maraña es demasiado densa para desanudarla en esta nota.
El resultado es que a través de Tenedora Verlac, el Grupo Vitalia era
dueño del 18 % de la Corporación Hotelera del Mar, implicada en la
construcción del hotel Cap Cana. Jesús Barderas, socio de la familia
Hazoury, habría jugado un papel fundamental en la llegada de este
presunto dinero sucio al paradisíaco “resort”.
“Los agentes han entregado al Juzgado de Instrucción 6 contrato de
compra y venta de acciones de Corporación Hotelera del Mar. Además,
Eduardo Pascual tenía en su domicilio un contrato de 8 de marzo de 2005
por el que la dominicana Cap Cana y la panameña Creola Overseas,
vinculadas a Barderas y a sus socios de la familia Hazoury, vendieron un
25 % del accionariado de Corporación Hotelera Internacional a Tenedora
Tinalli, que podría ser, por tanto, otra de las sociedades utilizadas
por el entramado para desviar fondos. Esa podría ser la operación de 28
millones reflejada en el borrador”, concluye la nota de El Mundo. Jesús Barderas
La crónica se completa con una semblanza del empresario Barderas del que El Mundo afirma que estuvo siempre cerca de la beautiful people
en los años ochenta. Amigo íntimo del expresidente del gobierno español
Felipe González, a quien recibe con frecuencia en Cap Cana, el
empresario estuvo hace unos años atrás en el centro de otro escándalo de
corrupción, el caso Malaya.
La semblanza destaca su relación de amistad con González y con el
mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de
Claro.
Recuerda también que en 2007, Barderas y Abraham Hazoury anunciaron
la creación del Centro Energético de las Américas, en Panamá, con 40 000
millones de dólares de inversión y 30 000 empleos, pero “pese a la gran
expectación generada, la idea sigue aún sobre el papel”.
El Nuevo Herald indica que, con la investigación en
marcha, Permuy se ha mantenido renuente a hablar, y ha negado ser
miembro de la junta directiva o empleado de ICSSI, de acuerdo con un
correo electrónico que envió al New York Times el lunes por la noche
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Pedro Pablo Permuy, ex
asesor del senador Bob Menéndez, podría ser la persona clave para
lograr que el Gobierno dominicano ponga en marcha el contrato suscrito
con la empresa ICSSI, propiedad del médico dominicano Salomón Melgen,
asegura un reportaje del periódico El Nuevo Herald.
El reportaje, firmado por Marc Caputo, explica que el ex asesor del
senador Bob Menéndez podría beneficiarse del importante trato sobre
puertos, que es apoyado por el poderoso demócrata (Menéndez), y está
vinculado a Salomón Melgen, cuyas oficinas en el sur de la Florida
fueron allanadas la semana pasada por el FBI.
“El ex asesor, Pedro Pablo Permuy, es un funcionario clave en
la empresa de seguridad ICSSI, de acuerdo a un defensor y pariente del
Dr. Salomón Melgen, un inversionista de la empresa”, explica el
reportaje de Caputo.
Subraya que Melgen está bajo el escrutinio del FBI, en parte por su
relación con el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, que entró en
conflicto con las normas de ética del Senado al aceptar vuelos de
regalía a la República Dominicana en el avión del oftalmólogo.
El Nuevo Herald indica que, con la investigación en marcha,
Permuy se ha mantenido renuente a hablar, y ha negado ser miembro de la
junta directiva o empleado de ICSSI, de acuerdo con un correo
electrónico que envió al New York Times el lunes por la noche.
“Permuy se negó a devolver las llamadas o a responder a correos electrónicos de The Miami Herald”, precisa.
Detalla que Permuy, de 48 años, parecía perfecto para ICSSI, pues
trata de hacer cumplir un contrato para la instalación de rayos X e
inspeccionar la carga de los puertos en la República Dominicana.
Recuerda que el primo de Melgen, el abogado Vinicio Castillo, dijo el
lunes que entre los ejecutivos de ICSSI está el ex subsecretario de
Defensa de Estados Unidos, Pedro Pablo Permuy.
Castillo, mediante declaración escrita para El Nuevo Herald, mencionó
a Permuy para refutar las críticas de que Melgen no sabía nada sobre el
negocio de seguridad porque es un médico oftalmólogo.
“Los comentarios de Castillo se realizaron como parte de un
esfuerzo por defender a Melgen de la afirmación de que él ayudó a
procurar prostitutas, incluyendo a menores de edad, para el senador.
Melgen y Menéndez lo niegan, al igual que Castillo”, indica El Nuevo
Herald.
El reportaje explica que “los tres hombres y otras personas” fueron
implicados en la actividad ilícita por un misterioso informante que
ayudó a iniciar la investigación del FBI sobre las denuncias de
prostitución de menores de edad.
Recuerda que la semana pasada el FBI allanó las oficinas de Melgen en West Palm Beach.
Agrega que, sin embargo, la acción estaba relacionada con una
investigación de fraude al Medicare conectada a Melgen, y no a Menéndez.
“Pero la relación de Melgen con Menéndez es también objeto de examen
en una investigación simultánea del FBI. Todos los documentos incautados
en las oficinas de Melgen, el centro neurálgico de una docena de
negocios —incluyendo una empresa vinculada a ICSSI— podría utilizarse en
la investigación vinculada al senador”, sostiene el periódico.
Resalta que el senador Bob Menéndez reconoció, después del
allanamiento practicado por el FBI, que se olvidó de pagar dos viajes a
la República Dominicana en el avión a reacción de Melgen, en el 2010. “Dijo
que hace unas semanas le había reembolsado al médico $58,500 por los
vuelos. Pero la oficina de Menéndez se ha negado a mostrar una copia del
cheque.
Tampoco ha querido presentar un desglose de los gastos que
detallan cuánto pagó el senador por los pasajes aéreos, y si pagó por
comida o alojamiento en la exclusiva residencia de Melgen en el enclave
turístico de élite de Casa de Campo”, añade el reportaje.
El Nuevo Herald explica que Menéndez, a punto de convertirse en
presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, abogó el año
pasado por la empresa de Melgen, ICSSI, sin nombrar directamente a la
compañía, durante una reunión del comité.
Recuerda que Menéndez y su oficina dijeron que el contrato ayudará a detener el flujo de drogas ilegales.
“El contrato podría alcanzar un valor de hasta $500 millones y, según
los críticos, podría llegar a $1,000 millones en dos décadas. Menéndez
no estaba al tanto de la posible participación de su ex asistente,
Permuy, en la compañía detrás del contrato, dijo al Times un portavoz”,
expone el reportaje.
Permuy, un cabildero profesional
El reportaje de El Nuevo Herald define a Pedro Pablo Permuy como un
asesor que se ha movido entre el gobierno y el sector privado, además de
cabildero.
Permuy es graduado de la Escuela Preparatoria Belen Jesuit y asistió a la Universidad de Miami.
Explica que Permuy trabajó como asesor a mediados de la década de
1990 con Menéndez, y luego, nuevamente, a principios de los 2000.
“Un informe del Centro por Políticas Responsables, un grupo que
presiona a favor del gobierno abierto, dijo que Permuy ocupó su cargo en
el Departamento de Defensa durante el gobierno de Clinton, y que, antes
de eso, fue asesor del senador de la Florida Bob Graham, quien le dijo
al Herald que no recuerda bien a Permuy”, indica el reportaje.
El texto concluye recordando que, al hablar con el Times, Vinicio
Castillo parecía muy consciente del papel de Permuy en ICSSI, donde,
dijo, el ex asesor de Menéndez “estará al frente de la operación”.
Aunque el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), el principal de República Dominicana,
se bautizó hace varios años con el nombre de José Francisco Peña Gómez,
sus instalaciones no cuentan con un letrero visible que indique a los
viajeros que la terminal rinde homenaje al fenecido líder del opositor
Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Lo mismo sucede con el Aeropuerto Internacional de El Higüero, en la
zona norte de la capital, bautizado con el nombre del líder del también
opositor Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Joaquín Balaguer. Sin
embargo, el de El Catey, Samaná, exhibe una tarja y hasta un letrero
indicativo de que se trata del “Aeropuerto Internacional Presidente Juan
Bosch”.
Por coincidencia, Juan Bosch fundó en 1973 el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), la organización que gobierna el país desde
2004. El entonces presidente Leonel Fernández inauguró el aeropuerto de
El Catey el 7 de febrero de 2007.
Familiares
del fenecido líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, aseguran que
procederán judicialmente contra AERODOM si no colocan el nombre de su
padre al AILA. (Foto: Orlando Ramos)
En el caso del AILA, pasó a conocerse como Aeropuerto Internacional
de Las Américas José Francisco Peña Gómez con la Ley 193-03, promulgada
por Hipólito Mejía, dirigente del PRD, durante su mandato constitucional
(2000-2003).
A pesar de la ley, nunca se agregó un letrero con el nuevo nombre del
AILA, sin que ninguna administración ofrezca explicaciones al respecto.
En la pequeña vía que comunica el aeropuerto con la avenida Las
Américas, designada como “Ruta 66 Sammy Sosa” en honor al jonronero
dominicano, se levantó un pequeño monumento a Peña Gómez.
El dirigente del PRD Tony Peña Guaba, hijo de Peña Gómez, explica que
hace unos meses su familia visitó a la directora de Aeropuertos
Dominicanos (AERODOM) para exigirle que cumplan con la Ley 193-03.
Indica que la compañía que administra las terminales aéreas del país le
mostró una tarja nueva con el nombre del líder perredeísta.
“Fuimos hace dos meses y medio en una comisión, con dos sobrinos, y
le dijimos que están violando la ley. Prometieron colocar el nombre José
Francisco Peña Gómez en el letrero del AILA, pero no lo han hecho. Le
enviaremos una carta de recordación y si no lo hacen, procederemos a
someter a AEROPDOM ante los tribunales por violación a la ley”.
Aeropuertos internacionales son conocidos por nombres de grandes
figuras de la política, como el Aeropuerto Internacional John F.
Kennedy, de Nueva York; el John Foster Dulles, de Washington, o el
Charles de Gaulle, de París. En el entorno caribeño, se conoce el Luis
Muñoz Marín, de Puerto Rico.
Independientemente de los nombres de las figuras políticas que buscan
honrar, los aeropuertos son conocidos al nivel internacional entre los
pilotos por códigos suministrados por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), que vela por las políticas aeronáuticas
internacionales, así como por los de la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA), el organismo relacionado con la administración
de las terminales. La tripulación está obligada a usarlos.
Los pilotos dominicanos mantienen la costumbre de referirse a los
aeropuertos como Catey, Higüero y Las Américas , pero no utilizan los de
los presidentes, que tampoco aparecen en los códigos internacionales.
Fuera de los códigos aéreos, los usuarios de los aeropuertos de El
Higüero y Las Américas se pueden percatar de que en las rutas hacia esas
terminales tampoco se colocaron los nombres de las personalidades con
los que fueron bautizados.
En caso de El Higüero, cuando fue inaugurado, en la parte frontal de
la gran explanada existía un letrero que daba cuenta del nombre de
Joaquín Balaguer.
En la actualidad, sin que nadie ofrezca explicaciones, en el lugar
donde estaba ubicado el letrero que informaba que la terminal aérea se
llamaba Joaquín Balaguer, solo se observa el espacio donde estaba
colocado el aviso.
El letrero con el nombre Joaquín Balaguer del aeropuerto El Higüero está abandonado. (Foto: Orlando Ramos).
Lugar donde estuvo el letrero con el nombre de Balaguer en La Isabela.
Fuimos hace dos meses y medio en una comisión, con dos sobrinos, y le dijimos
que están violando la ley. Prometieron colocar el nombre José Francisco
Peña Gómez en el letrero del AILA, pero no lo han hecho. Le enviaremos
una carta de recordación y si no lo hacen, procederemos a someter a
AEROPDOM ante los tribunales por violación a la ley”. Tony Peña Guaba
La fiscal Yeni Berenice Reynoso admitió la querella penal interpuesta
por el dirigente político Guillermo Moreno contra el expresidente
Leonel Fernández con la acusación de lavado de activos y prevaricación,
acciones presuntamente cometidas a través de la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), pero el expediente aún está en manos
del Ministerio Público, confirmo este miércoles la periodista Mónica
Peña, vocera de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Conforme
elprocedimiento, una vez admitida la querella la fiscalía debe remitir
la pieza acusatoria a la Coordinadora de los Juzgados de Instrucción,
quien mediante sorteo aleatorio escogerá uno de los siete Juzgados de
la Instrucción del Distrito y lo apoderará del expediente, para que
inicie la sumaria del juicio preliminar donde serán valoradas las
alegadas pruebas presentadas por el querellante y se decidirá si procede
o no enviar al caso ante el tribunal criminal o juicio de fondo.
“La querella fue admitida y se notificó mediante acto de alguacil al
exmandatario para que vaya preparando sus medios de defensa y se seguirá
el procedimiento normal para estos casos”, confirma Peña.
La información fue publicada en su edición impresa de este miércoles por el periódico Hoy.
Reacción de Moreno
En una declaración escrita, Moreno expresa que al poner en movimiento
la acción penal contra Fernández, la fiscal Reynoso “ha actuado como
manda la ley” y al hacerlo “dignifica la función del Ministerio
Público”.
“No esperábamos otra actitud de la Procuraduría Fiscal del Distrito
Nacional que no fuera poner en movimiento la acción penal e iniciar las
persecuciones, frente a una querella penal como la que presentamos el
pasado 24 de enero, sobre graves actos de corrupción cometidos por
Leonel Fernández y avalada en serios y suficientes elementos de
prueba”, añade el presidente de Alianza País.
“Habiéndole dado curso a la acción penal, conforme el Código Procesal
Penal”, continúa el dirigente político, “la magistrada Jenny Berenice
tiene amplias facultades para hacer pesquisas, interrogatorios y exigir
informaciones y documentaciones de cualquier particular o funcionario
público, que fueren necesarias en el desarrollo de la investigación, tal
y como solicitamos en la proposición de diligencias que hicimos a la
Procuraduría Fiscal, el pasado viernes 1 de febrero”.
El veterano pelotero dominicano Manny
Ramírez ha recibido invitaciones para jugar en otros países, pero
asegura que primero agotará todas las posibilidades de volver a las
Grandes Ligas, antes de aceptar un contrato fuera de Estados Unidos.
Ramírez ha dicho que el club EDA Rhinos de la liga profesional de
Taiwán se comunicó con sus agentes, porque están interesados en sus
servicios, al igual que un equipo de la Liga Mexicana, pero el veterano
toletero dominicano consideró que primero verá si algún equipo de las
mayores se interesa en él.
A sus 40 años de edad, Ramirez admitió
que hasta ahora ninguna de las novenas de las Grandes Ligas se ha
comunicado con él, pero "no pierdo la esperanza de recibir una llamada",
de algun equipo de las mayores.
"Hasta ahora nadie me ha
necesitado, pero dejo eso en manos de Dios y sigo esperando", agregó en
entrevista con la página electrónica deportiva ESPN.
Sobre los
ofrecimientos que le han hecho, el dominicano dijo que está agradecido
por "el interés en él", y aseguró que "podría considerar las
posibilidades de jugar fuera de Estados Unidos, pero eso sería después
de que se agoten todas las esperanzas de volver a las Grandes Ligas".
Ramírez
pegó para .298 de promedio de bateo con ocho jonrones, 27 impulsadas y
21 anotadas en 181 turnos con las Aguilas Cibaeñas en la pasada
temporada dominicana.
También bateó para .312 con 555 jonrones y
1.831 carreras remolcadas antes de retirarse del béisbol profesional de
las Grandes Ligas en abril del 2011, después de cometer una segunda
violación al programa antidopaje.
La temporada pasada firmó
contrato de ligas menores con los Atléticos de Oakland y cumplió una
sanción de 50 partidos en la Triple A, pero decidió irse a la agencia
libre cuando esa novena no lo convocó al equipo de las mayores a
mediados de la temporada.
La secretaria de Organización del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), Geanilda Vásquez, denunció este miércoles que Miguel Vargas
pretende excluir del padrón nacional de militantes y dirigentes a miles
de miembros y sustituirlos por sus adeptos para celebrar una convención
amañada, a su imagen y semejanza, y advirtió que las bases no permitirán
ese nuevo atentado contra la democracia partidista.
Dijo que en lugar de contribuir con los aprestos de diáalogo y unidad
entre las dos facciones que se disputan el control del partido
opositor, esa situación introduce un nuevo elemento de discordia,
frente al cual las bases perredeístas reaccionarán.
La dirigente perredeísta recordó que de conformidad con el artículo
55 de los estatutos del PRD, la actualización, modificación y registro
de militantes de esa organización son facultades de la Comisión Nacional
de Organización, que ella preside y que, por lo tanto, no son funciones
presidente del partido.
Reiteró que los seguidores del expresidente Hipólito Mejía siguen
dispuestos a dialogar con la facción de Vargas Maldonado, en el
entendido de que cualquier acuerdo se fundamenta en la elección de fecha
para la convención, que debe realizarse en julio próximo.
Vásquez ofreció sus declaraciones durante una rueda de prensa junto
al pleno de la comisión de organización del PRD, celebrada en el local
del Instituto Peña Gómez, de la avenida Bolívar, donde fue respaldada
por los dirigentes Milagros Ortiz Bosch y César Cedeño, entre otros.
Milagros opina
Por otra parte, Milagros Ortiz Bosch consideró
correcta la decisión de la fiscal Yeni Berenice Reynoso de admitir la
querella penal contra el expresidente Leonel Fernández presentada por
Guillermo Moreno por la comisión de supuestos actos de lavado de activos
y prevaricación a través de la Fundación Global Democracia y
Desarrollo.
Para la dirigente perredeísta, la decisión es “valiente y correcta” y
subrayó que de acuerdo lo establecido por la Constitución, “nadie está
por encima de la ley”.
“Veo la admisión de esa querella como algo justo y correcto. Eso no
deshonra al expresidente Fernández, quien ahora tendrá la oportunidad
defenderse y de demostrar su inocencia ante los tribunales de
justicia, en juicio público oral y contradictorio, derecho que le asiste
a todos los dominicanos”.
Ortiz dijo que, por el momento, el proceso judicial contra Fernández
va por buen camino y que la fiscal Reynoso ha actuado con mucha
responsabilidad
El expresidente Hipólito Mejía dijo este martes que no les hará el
juego al expresidente Leonel Fernández, el gobierno de Danilo Medina ni
al grupo de Miguel Vargas Maldonado y responderá aplicando desde hoy la
“línea de masas” que propugnara José Francisco Peña Gómez.
Con esa decisión, “bajará a las bases” del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD) para dar la respuesta que demandan el país y la
militancia de la organización, a cuyos organismos convocó de urgencia
para el 22 de este, a fin de poner fecha a la celebración de su XXVIII
Convención Nacional que, a su juicio, resolverá la crisis interna del
partido blanco.
Mejía restó calidad a Vargas Maldonado y a
Fiquito Vásquez para expulsarlo del PRD, señalando que su facción ha
agotado todos los procedimientos institucionales para buscar una salida a
la crisis que, repite, solo se solucionará con una convención que
escoja nuevas autoridades.
“No vamos a permitir que Leonel Fernández venda y compre nuestro
partido y por eso bajaremos a su seno, recorriendo todo el país, para
adoptar las posiciones que demandan la sociedad y los perredeístas”,
expresó el exmandatario durante una rueda de prensa celebrada esta
mañana en el local del Instituto José Francisco Pena Gómez, en la
avenida Bolívar
Convocan Comisión Política
La facción que lidera Mejía anunció la convocatoria de la Comisión
Política para el 22 de este mes, a las tres de la tarde, en el hotel
Clarión, con la finalidad de trazar la línea de oposición al gobierno de
Danilo Medina, fijar la fecha de la próxima convención, elegir la
comisión organizadora del evento y discutir la aplicación de las
resoluciones del pasado del último congreso.
También autorizar a comisión de reforma estatutaria para que en un
plazo de 60 días sugiera las modificaciones que deben ser adoptadas para
adecuar este documento a la realidad del país.
En la nutrida rueda de prensa, además de Mejía, también hablaron
Andrés Bautista y Jesús Vásquez y estuvieron presentes Geanilda Vásquez,
Ivelisse Prats, Milagros Ortiz Bosch, César Sánchez, Fello Suberví,
Enmanuel Esquea Guerrero, Janet Camilo, Alberto Atallah, Tomás
Hernández Alberto, Tony Peña Guaba, Ramón Alburquerque y Vicente
Sánchez Baret, entre otros
La aerolínea estadounidense American
Airlines anunció que a partir del 2 de abril próximo cancelará sus
vuelos directos desde las ciudades dominicanas de Santo Domingo y
Santiago (norte) hacia Nueva York y viceversa, según informaron hoy
medios de prensa locales.
La información, atribuida a un comunicado de la empresa y que no
revela los motivos de esa decisión, precisó que American Airlines tendrá
como centro de sus operaciones hacia República Dominicana a la ciudad
estadounidense de Miami.
En ese sentido, desde Miami volará
cuatro veces al día a Santo Domingo, tres al enclave turístico de Punta
Cana (extremo este), y un vuelo diario a Santiago.
Asimismo, que su subsidiaria American Eagle ofrecerá servicios desde La Romana (este) hacia Miami.
En
el comunicado difundido por los medios de prensa dominicanos la
aerolínea define como "sumamente difícil" la medida que toma al
suspender los vuelos hacia y desde Nueva York y Santo Domingo y
Santiago, y recordó que desde hace 37 años se encuentra establecida en
República Dominicana.
La información agregó que American Airlines
establecerá contacto con todos los pasajeros que han reservado vuelos a
partir del 2 de abril venidero para ofrecerles rutas alternativas.
La
decisión de American Airlines se produce cinco semanas después de que
la aerolínea española Iberia anunciara la suspensión de su vuelo directo
entre Madrid y Santo Domingo a partir del 1 de abril próximo.
Además
de Santo Domingo, Iberia reveló que suspenderá otras seis rutas:
Atenas, El Cairo y Estambul, así como La Habana, Montevideo y San Juan,
capital de Puerto Rico.
En esa oportunidad, la aerolínea española
dijo que la disposición obedece a razones como el fuerte descenso de la
demanda como consecuencia de la crisis que atraviesa España, el
incremento del precio del petróleo y los elevados costes de la compañía
en relación a otras aerolíneas con las que compite. EFE
El recrudecimiento de la crisis en el Partido Revolucionario
Dominicano (PRD) es también analizada por partidos de izquierda como el
Frente Amplio, cuyo presidente, Fidel Santana, considera que detrás de
ella está la mano oculta del expresidente Leonel Fernández.
Para sustentar esta presunción, Santana dice que es coherente con la
estrategia de Fernández de destruir toda oposición política para
allanarse el camino hacia la presidencia del país en 2016.
Sin embargo, no cree que la actual situación del PRD afecte la
democracia dominicana, aunque “sí da una mala señal a los votantes
puesto que se trata de un partido con más cincuenta años en la vida
política”.
Razona Santana que frente a lo ocurrido las bases del PRD deben
sentirse empujadas a recuperar el control de esa organización y a
retomar la línea programática y de principios que le dio origen a la
organización.
El dirigente de izquierda considera que la coyuntura es favorable,
además, para que el PRD deje de ser un partido que se acomoda a lo que
dice su dirigencia. "Los hechos que se escenificaron este lunes en
el PRD son lamentables. Lo correcto hubiera sido que resolvieran sus
problemas por la vía democrática”, puntualizó.
El hermano mayor del presidente no quiso ahondar en más detalles
sobre el estado de salud del mandatario argumentando que respeta "que
sea la vicepresidencia quien comunique al pueblo venezolano sobre la
recuperación de nuestro líder nacional"
Hugo Chávez es querido por la mayoría de los venezolanos.
Caracas, 12 ene (EFE).- El gobernador del
estado venezolano de Barinas (suroeste), Adán Chávez, y hermano mayor
del presidente, Hugo Chávez, aseguró hoy a su vuelta de La Habana que el
mandatario "avanza en su recuperación" y negó que esté en coma como lo
ha afirmado la "guerra sucia" mediática generada entorno a su salud.
Adán Chávez "aseguró que el Jefe de Estado continúa asimilando de
buena manera el tratamiento y cada día avanza en su recuperación", reza
un comunicado colgado en la web oficial de la gobernación de Barinas.
En
el texto se indica que el gobernador regresó hoy de Cuba, donde Chávez
convalece desde el pasado 11 de diciembre de su cuarta y "complicada"
operación de cáncer y donde está acompañado de un grupo de familiares y
desde ayer, también, del vicepresidente, Nicolás Maduro.
"Estamos
seguros que con el apoyo de Dios, de la ciencia y del pueblo nuestro
presidente saldrá adelante de esta nueva batalla", señaló Adán Chávez al
agradecer a los venezolanos sus muestras de amor al presidente.
Según
la nota, el gobernador de Barinas dijo que "son totalmente falsas las
informaciones que han circulado por las redes sociales y otras vías,
donde señalan que el presidente se encuentra en un estado de coma y que
la familia estaba discutiendo la supuesta desconexión de los equipos que
le alargaban la vida".
"Sabemos que esto forma parte de la
guerra sucia de esta oposición necrofílica que existe en el país",
alertó Chávez al denunciar la "guerra psicológica emprendida por los
corporaciones mediáticas" que difunden falsos rumores para "generar caos
y zozobra".
El hermano mayor del presidente no quiso ahondar en
más detalles sobre el estado de salud del mandatario argumentando que
respeta "que sea la vicepresidencia quien comunique al pueblo venezolano
sobre la recuperación de nuestro líder nacional".
Según el
último reporte oficial del pasado lunes, Chávez se encuentra en
situación "estacionaria" de la insuficiencia respiratoria como
consecuencia de una infección pulmonar que sufrió tras la operación del
pasado 11 de diciembre.
En silencio y alejado de las pantallas,
el presidente de Venezuela, de 58 años, cumplió ayer un mes de
convalecencia en Cuba, mientras en Caracas Maduro inauguró junto al
chavismo el "primer día del nuevo período de la revolución bolivariana".
Chávez,
en el poder desde 1999 y reelegido en los comicios de octubre para un
nuevo mandato de seis años, no juramentó su cargo el día 10, como lo
marca la Constitución, por su estado de salud; sin embargo, el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) avaló el día 9 la postergación del acto y la
continuidad del Gobierno. EFE
“Dijo
que hace unas semanas le había reembolsado al médico $58,500 por los
vuelos. Pero la oficina de Menéndez se ha negado a mostrar una copia del
cheque.
