La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) sometió este
lunes a la justicia al alcalde del municipio de Las Terrenas (Samaná),
José Mercedes Martínez y al exalcalde del municipio de Santo Domingo
Norte, Jesús Féliz, acusados de cometer “serias y graves”
irregularidades en el manejo de millones de pesos del Estado.
Las querellas por malversación de fondos públicos fueron depositadas
en la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA)
por Julio César de la Rosa, presidente de Adocco.
Conforme a las explicaciones de De la Rosa, los dos funcionarios
municipales manejaron millones de pesos sin ningún tipo de control ni
fiscalización, violando la ley 340-06, sobre Compras y contrataciones de
obras y concesiones del Estado, así como la 176-06, sobre municipios.
En el caso de Martínez, actual titular de la Alcaldía de Las
Terrenas, la entidad le imputa haber cometido irregularidades tales como
el manejo de ingresos con fechas cambiadas, ingresos no depositados
oportunamente, otorgamiento de contratos sin concursos, compra a
proveedores sin la certificación de la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII), contratación de proveedores sin registro en la
Contraloría General, conversión de vehículos en chatarras, subsidio y
pago de energía a 65 funcionarios, empleados e instituciones sin fines
de lucro por un monto de 1,045,548 de pesos, así como el pago a personal
de una empresa privada.
Asimismo, el querellante sostiene que como consecuencia de un
conjunto de anomalías, en el análisis de los ingresos de ese
ayuntamiento, se evidenció que el mismo dejó de percibir, solo en 2010,
la suma de 3.337,831 correspondientes al 3% de la facturación realizada a
la empresa energética "Luz y Fuerza".
En tanto que a Féliz, exsíndico de Santo Domingo Norte, se le imputa
que durante su ejercicio el período 2006-2010 cometió excesos en la
ejecución del gasto de valores no registrados en la ejecución
presupuestaria, además de que se detectaron faltantes de facturas por
reembolso de publicidad, retenciones indebidas de impuesto sobre la
renta y seguridad social, impuestos retenidos a los empleados y no
pagados, impuestos cobrados a proveedores y no pagados a la DGII, así
como valores retenidos y no pagados a la Tesorería de la Seguridad
Social.
"Este exfuncionario municipal incurrió en la práctica de contratar
obras como emergencia, en la que no se observaron las disposiciones que
regulan la conducta ética y que la auditoría a que se sometió su
gestión, reveló varias otras irregularidades, como es el caso del
desembolso de la suma de 2,027,771 a favor de una distribuidora de
combustible y cuyas facturas de desembolso no se corresponden con el
concepto del cheque", plantea la instancia.
Además, se le atribuye haber utilizado una “subcuenta” denominada
“Ayudas y donaciones a personas”, por unos 7,985,446 pesos, que
realmente fueron destinados al consumo de comidas, compra de baterías,
piezas, gomas y repuestos de vehículos.
Los recursos se repartían en montos de 2,000 a 5,000 pesos para
ayudas a personas envejecientes, pero que no existen los soportes
justificativos, tales como cédulas ni recetas médicas de los
beneficiarios, que demuestren la transparencia de esas transacciones.
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