Cómo de Por Dios, cree el Poder Ejecutivo que puede pedirle sacrificios a la población y que creamos lo que dicen, si sus actuaciones reniegan de todo ello?
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La abogada Rosina de la Cruz
Alvarado consideró que el Ministro de Turismo debería renunciar o de lo
contrario ser destituido por atropello a la independencia del poder
judicial y por inmiscuirse en temas que no son de su competencia.
Javier García dijo que sólo en los procedimientos la justicia se ha
tomado 16 años para dilucidar el caso de Bahía de las Aguilas. “Sólo en
establecer los procedimientos, se tiene 16 años, y todavía no han
entrado en fondo. Si sólo discutiendo el procedimiento no han llegado al
fondo, habría que averiguar lo que faltaría para dilucidar el fondo",
habría expresado el funcionario.
La prestigiosa abogada Rosina de la Cruz Alvarado mostró su indignación, y lo expresa con el siguiente mensaje enviado a Acento.com.do:
La prensa se ha hecho eco de las declaraciones infortunadas del Ministro de Turismo. Por esa sola declaración debería haber renunciado o haber sido destituido, porque ellas constituyen la negación de todo Estado de Derecho, sobre el que se asienta su gestión. Pero además constituyen una violación del principio de la separación de los poderes consagrados en la Constitución, cuyo respeto es asegurado por las disposiciones contenidas en el Libro Tercero, Título I “Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública” articulo 127, 128, 129,130 y 131 del Código Penal.
En los países institucionalizados, ningún funcionario del orden administrativo se permite emitir juicios de valor sobre el funcionamiento de la Justicia y pongo el ejemplo de Estados Unidos de Norteamérica, porque con motivo de la instalación de la señora Sonia Sotomayor como juez del Tribunal Supremo, el Presidente Obama y el Vicepresidente Biden, concurrieron a la ceremonia y la prensa destacó que esa es una de las pocas ocasiones en que el Ejecutivo visita al Poder Judicial.
Pero es que tampoco en Francia, Canadá, España ni en ningún otro país de Latinoamérica un funcionario administrativo se permite o le permiten atentados tan groseros a la institucionalidad. Pero lo que más desagrada es que los jueces se queden callados, admitiendo con silencio cómplice que esos extravíos verbales son ciertos. Para eso están la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, sobre los cuales recae toda esa bazofia degradante.
No podemos sorprendernos entonces que la delincuencia haya crecido, que haya más robos con o sin fractura, con o sin violencia; que haya más hombres golpeando mujeres y violando niños y niñas: es que desde la cumbre del Ejecutivo, se le está diciendo a la gente que no respete las leyes.
¿Cómo de Por Dios, cree el Poder Ejecutivo que puede pedirle sacrificios a la población y que creamos lo que dicen, si sus actuaciones reniegan de todo ello?
Ya está bueno de aguantar inermes los atropellos del Ejecutivo, la gente, el pueblo debe saber que esas actuaciones están penadas por la Ley y que no estamos sin defensa, que podemos obligar a los funcionarios administrativos a respetar la legalidad.
Sobre Bahía de las Aguilas
La doctora Rosina de la Crfuz Alvarado dijo que el caso Bahía de las Aguilas es una vergüenza, porque el Estado no puede llegar a acuerdos con alguien que le ha intentado robar lo que es suyo.
“Es de principio, que el fraude todo lo corrompe (Fraus Omnia Corrumpit) y nada que tenga su origen en un fraude, puede dar lugar a derechos. Entonces, ¿Cómo es posible llegar a un acuerdo con el que sustrajo una cosa entregándole parte de lo robado? No hay interés general, bien común que justifique el despojo de esas tierras.
Que tres personas con sus caras frescas se atrevan a reírse de todos los dominicanos y faltarle el respeto a la casa presidencial, sería cómico, sino no fuera porque es una afrenta, una vergüenza; en fin de cuentas, una declaración que contiene una autorización para robar y para que todos sepamos que la llamada lucha contra la corrupción es solo un enunciado, una llamada. Nada más”.
Javier García dijo que sólo en los procedimientos la justicia se ha
tomado 16 años para dilucidar el caso de Bahía de las Aguilas. “Sólo en
establecer los procedimientos, se tiene 16 años, y todavía no han
entrado en fondo. Si sólo discutiendo el procedimiento no han llegado al
fondo, habría que averiguar lo que faltaría para dilucidar el fondo",
habría expresado el funcionario.La prestigiosa abogada Rosina de la Cruz Alvarado mostró su indignación, y lo expresa con el siguiente mensaje enviado a Acento.com.do:
La prensa se ha hecho eco de las declaraciones infortunadas del Ministro de Turismo. Por esa sola declaración debería haber renunciado o haber sido destituido, porque ellas constituyen la negación de todo Estado de Derecho, sobre el que se asienta su gestión. Pero además constituyen una violación del principio de la separación de los poderes consagrados en la Constitución, cuyo respeto es asegurado por las disposiciones contenidas en el Libro Tercero, Título I “Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública” articulo 127, 128, 129,130 y 131 del Código Penal.
En los países institucionalizados, ningún funcionario del orden administrativo se permite emitir juicios de valor sobre el funcionamiento de la Justicia y pongo el ejemplo de Estados Unidos de Norteamérica, porque con motivo de la instalación de la señora Sonia Sotomayor como juez del Tribunal Supremo, el Presidente Obama y el Vicepresidente Biden, concurrieron a la ceremonia y la prensa destacó que esa es una de las pocas ocasiones en que el Ejecutivo visita al Poder Judicial.
Pero es que tampoco en Francia, Canadá, España ni en ningún otro país de Latinoamérica un funcionario administrativo se permite o le permiten atentados tan groseros a la institucionalidad. Pero lo que más desagrada es que los jueces se queden callados, admitiendo con silencio cómplice que esos extravíos verbales son ciertos. Para eso están la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, sobre los cuales recae toda esa bazofia degradante.
No podemos sorprendernos entonces que la delincuencia haya crecido, que haya más robos con o sin fractura, con o sin violencia; que haya más hombres golpeando mujeres y violando niños y niñas: es que desde la cumbre del Ejecutivo, se le está diciendo a la gente que no respete las leyes.
¿Cómo de Por Dios, cree el Poder Ejecutivo que puede pedirle sacrificios a la población y que creamos lo que dicen, si sus actuaciones reniegan de todo ello?
Ya está bueno de aguantar inermes los atropellos del Ejecutivo, la gente, el pueblo debe saber que esas actuaciones están penadas por la Ley y que no estamos sin defensa, que podemos obligar a los funcionarios administrativos a respetar la legalidad.
Sobre Bahía de las Aguilas
La doctora Rosina de la Crfuz Alvarado dijo que el caso Bahía de las Aguilas es una vergüenza, porque el Estado no puede llegar a acuerdos con alguien que le ha intentado robar lo que es suyo.
“Es de principio, que el fraude todo lo corrompe (Fraus Omnia Corrumpit) y nada que tenga su origen en un fraude, puede dar lugar a derechos. Entonces, ¿Cómo es posible llegar a un acuerdo con el que sustrajo una cosa entregándole parte de lo robado? No hay interés general, bien común que justifique el despojo de esas tierras.
Que tres personas con sus caras frescas se atrevan a reírse de todos los dominicanos y faltarle el respeto a la casa presidencial, sería cómico, sino no fuera porque es una afrenta, una vergüenza; en fin de cuentas, una declaración que contiene una autorización para robar y para que todos sepamos que la llamada lucha contra la corrupción es solo un enunciado, una llamada. Nada más”.
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