La decisión de hacerla realidad está en manos de los legisladoresSANTO DOMINGO, República Dominicana.-En el Congreso Nacional, existe un proyecto de ley de declaración jurada de bienes que, de ser aprobado, marcaría un antes y un después en la lucha contra la corrupción pública, al establecer sanciones penales para funcionarios y legisladores que no tengan modo de justificar su patrimonio.
Como paradoja, el proyecto ideado por el senador de Santiago, Julio César Valentín, descansa en manos de senadores y diputados. ¿Lo aprobarían a sabiendas de que podría perjudicarles en caso de enriquecimiento ilícito?
Julio César de la Rosa Tiburcio, Coordinador de Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) nos explica a continuación su parecer al respecto.
¿Qué establece la actual ley sobre la declaración jurada de bienes?
La ley actual no contempla sanciones que no sea la retención de los salarios para aquellos que no presenten la declaración jurada de bienes. Si hubiese una sanción de tipo penal, evidentemente que podría haber una mayor efectividad, por lo que se descarta plenamente que a través de la declaración jurada de bienes se pueda tener conocimiento de algo.
Hay una situación más grave y es que muchos de los funcionarios que están obligados a hacer declaraciones de bienes como lo establece la ley, muchas veces sobrevalúan los bienes que poseen, en una declaración, porque no hay ningún mecanismo de control o de verificación para poder, a ciencia cierta, demostrar que esa persona realmente posee los bienes que ha declarado.
Es infuncional entonces...
La primera debilidad que presenta la declaración jurada de bienes que, dicho sea de paso, podría ser una de las principales herramientas de la lucha contra la corrupción porque esto va a permitir que una persona que va a administrar fondos públicos le diga al Estado, al Gobierno, a la población con qué va a llega a esa entidad que va a administrar.
En ese orden, si se tuviera una efectividad en lo que sería una ley de declaración jurada de bienes, habría probablemente mucho menos casos de corrupción como evidentemente se suceden, y uno ve a diario.
¿Para qué sobrevaluar?
Se ha visto a diario recientemente con el inicio de los legisladores que fueron electos el año pasado vimos como diputados hicieron declaraciones juradas muy por encima de su realidad. Y así lo hacen algunos funcionarios, con qué intención, hacen una declaración jurada sobre bienes inexistentes, que no tienen y como no hay un mecanismos de poder demostrar y la ley no ha sido especifica en que cada declarante deposite los soportes de lo que esta declarando, entonces qué es lo que hacen, hacen una declaración jurada con proyección a lo que van a conseguir durante su mandato o durante la administración.
Hacen la declaración jurada a la salida como lo establece la ley y con menos de lo que declararon al principio, queriendo dar la impresión de que en vez de aumentar, pues perdieron. Ese es un truco viejo que lo emplean para justificar lo que eventualmente pudieran obtener durante el ejercicio de sus funciones.
Lo que significa que la declaración jurada de bienes no tiene ningún efecto en la lucha contra la corrupción.
¿Significa esto que no hay mecanismos para sancionar el enriquecimiento ilícito?
Ahora, hay en el Congreso un anteproyecto de declaración jurada de bienes, presentado por el senador de Santiago, Julio César Valentín, que plantea no solamente la obligatoriedad de la declaración jurada de bienes, sino también las sanciones para el enriquecimiento ilícito. ¿Qué significa esto? Que todo aquel funcionario que haga una declaración jurada, tendrá que justificar la procedencia de los fondos, y de no justificarlos se va a considerar como fondos de provenientes de manera ilícita u obtenidos de manera ilícita aquí tanto a la entrada como a la salida podría verificarse la comisión de actos de corrupción y podrían ser sancionados penalmente. Eso a nuestro juicio sí tiene efectividad, pero la existente actualmente no tiene ningún efecto.
¿En qué etapa está ese proyecto de ley en el Congreso?
Fue aprobada por el Senado. Está pendiente de que la Cámara de Diputados la apruebe. No tenemos mucha esperanza porque como los legisladores también van a ser pasibles de poder ser sancionados o estar también obligados a hacer esta declaración de bienes no creo que tenga buena suerte en el Congreso.
Usted ha hablado de los que sobrevalúan... y ¿qué hay de los que subvaloran sus bienes?
Se dan ambos casos. Vimos como el senador por San Jun declara 13 millones de pesos (16 en realidad), cuando todo el mundo sabe que su fortuna hace tiempo que sobrepasó esa realidad. Se da todo ese tipo de situaciones. Félix Bautista no tendría forma de demostrar cómo ha obtenido ni siquiera los 13 millones que declaró. Ahora sí declara 500 millones de pesos que tiene... se subvalúa cuando alguien tiene y no quiere darlo a conocer. Y entonces se sobrevalúa cando alguien que no tiene nada y aspira a encontrar en la posición a la que va.
La ley no tiene efecto retroactivo, sino surte efecto para el porvenir. Ya a partir de la entrada en vigor de la ley, ya sì cualquiera que haga una declaración jurada de bienes sin sustentar podría considerarse como un enriquecimiento ilícito como aquel que haga una declaración jurada de bienes al entrar y a la salida presente más fondos, más ingresos o más bienes y no pueda demostrar la procedencia de los mismos.
En vista de que la justicia no sanciona los casos de corrupción, ¿ustedes en Adocco hacen algunas denuncias para obtener solo la sanción moral para los funcionarios corruptos?
Lo menos que se debe perder es la esperanza y si bien no hemos tenido los resultados tangibles, pero sí debemos reconocer que el ejercicio que uno hace, el ejercicio de ciudadanía va tomando cuerpo y la población se va sumando nuevas personas interesadas en este tipo de trabajo, que su papel como ciudadanos es la de exigir y sobre todo: los funcionarios públicos van tomando la señal y van actuando de una forma diferente no solamente por el trabajo nuestro, sino por el trabajo del periodismo investigativo que también ha surtido efecto, y ya por lo menos guardan la forma.
Un ejercicio que nosotros hemos hecho es el de hacer uso de la Ley 200-04, la Ley de Acceso a la Información. Hemos tenido como resultado que al principio tuvimos que elevar varios recursos de amparo, pero en la medida que va pasando el tiempo son menos los recursos de amparo que tenemos que elevar porque ya los funcionarios proceden a darle cumplimiento a la ley e inmediatamente entregan la información en el tiempo hábil. Ese es el producto de este ejercicio de ciudadanía que nosotros hemos venido desarrollando.
El sondeo lo hizo Centro Económico del Cibao a petición de Mejía
