El Gobierno decidirá manejo loma Miranda

Santo Domingo.-El Gobierno dominicano  tendrá la decisión de la posible explotación o no de loma de Miranda, en base a las recomendaciones que dará el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Valerie Julliand, representante del organismo, al presentar a los seis expertos de alto nivel que llegaron el domingo e iniciaron la evaluación del estudio de impacto ambiental sometido por la empresa Falcondo, para gestionar su operación minera, detalló parte del proceso.

Citó una serie de reuniones con grupos relacionados al proyecto, entre los pasos dados hasta el momento por los especialistas extranjeros, que tentativamente darán a conocer sus conclusiones en unos dos meses.

La diplomática dijo que empezaron a recabar informaciones haciendo una serie de encuentros con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y  la minera Xtrata Falcondo, al tiempo que recorrieron en helicóptero el área, conversaron con  ejecutivos de la empresa, así como con líderes y grupos comunitarios   que se oponen a la iniciativa, básicamente por su temor a perder las fuentes de agua.
Igual  hicieron con  académicos del Instituto Tecnológico de Santiago; la Universidad Iberoamericana y la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo.

 “Esta mañana nos reunimos con instituciones del Estado, como Industria y Comercio y  Minería. Mañana (hoy) iremos al Senado y la Cámara de Diputados, hasta recabar toda la información posible. No somos nosotros los  que vamos a decidir,  el Gobierno es que va a valorar las recomendaciones del equipo”, dijo.

Equipo especializado tema
Entre los expertos, están los mexicanos Eduardo Davillo,   especializado en ordenamiento territorial y  Olivia Eugenia Sparza,   antropóloga; Rafael Negret, colombiano experto en problemática  socieconómica, ambiental y cultural del continente; Oscar Arnoldo, salvadoreño, especialista en Ciencias de la Tierra (aguas subterráneas), así como David Laurence, austriaco, doctorado en ingeniería de minas, y    Jered Hardner, economista ambiental de Estados Unidos.

Valerie Juliani, adelantó que continuarán recibiendo información del caso y puso de manifiesto la confianza puesta por  el Gobierno, de apreciar sus valoraciones.

Ligia Bonetti: “La Aduana debe estar en manos del Gobierno”

Dijo que el sector empresarial está en contra del contrato otorgado a la compañía ICSS

 .-La presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Ligia Bonetti, consideró ayer que la seguridad del país  no puede estar en manos privadas, sino en las del Gobierno.

Bonetti dijo que el  sector empresarial está en contra del contrato otorgado a la empresa ICSSI,  por considerar que es inconstitucional, ya que le otorga privilegios monopólicos a dicha compañía.
Afirmó   que la instalación de un sistema de Rayos X en los puertos dominicanos para la revisión de furgones no le aporta ningún valor  especial o distintivo a las mercancías.

 “La Aduana  debe de estar en manos del Gobierno. Este  contrato atenta contra la competitividad y no   agrega ningún valor a nuestros productos, porque en otros puertos no van  a tomar eso en  cuenta”, manifestó la presidenta de la AIRD en el programa Cuentas Claras, que se difunde por La Nota (95.7 FM).
Empresa defiende contrato

Mientras que  la empresa ICSSI, SRL Boarder Support Services afirmó que desde agosto del año 2012 acogió  las conclusiones de la Comisión designada por el Poder Ejecutivo en ese entonces para la renegociación del contrato de concesión original, aceptando la propuesta de la Autoridad Portuaria Dominicana, que reduce en alrededor del 50% las tarifas consignadas en el contrato-ley otorgado por el Estado en  el año 2002.

En un comunicado publicado en espacio pagado, la empresa señala que la implementación de este contrato-concesión “con las tarifas sugeridas por el Estado,   de cobrar US$45  por contenedores llenos y US$20  por los vacios, lejos de encarecer costos, los reduciría sustancialmente”.

   Asimismo, la dirigente empresarial dijo que está de acuerdo en que el uso de dicha tecnología esté en manos de personal capacitado para esos fines, provenientes de las distintas dependencias del Estado  que tengan que ver con el trasbordo, entrada o salida de contenedores. 
Menéndez   cabildeó a favor Melgen

El senador Robert Menéndez admitió  que su oficina contactó a las agencias federales de salud de un modo en que pudiera favorecer al principal donante político de su reelección, el doctor Salomón Melgen.
De acuerdo a la agencia AP, el senador negó que  interviniera  en forma inadecuada en disputas sobre facturaciones entre el médico y el gobierno.

Menéndez precisó que tomó contacto con los Centros para Servicios de Medicare & Medicaid para preguntar sobre prácticas y políticas de facturación. Los contactos se produjeron durante una disputa entre los Centros y el médico Salomón Melgen.

Guido Gómez recurre ante SCJ archivo de la querella contra diputados PRD

El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara califico de "absurdo jurídico, vagabundería, irresponsabilidad y violación a la ley" la decisión del procurador general Francisco Domínguez Brito de archivar la querella que interpuso contra los diputados perredeístas Víctor Gómez Casanova y Aquiles Leonel Ledesma Alcántara por difundir grabaciones privadas que atentaron contra su intimidad.

Por no estar conforme con la decisión, Gómez Mazara elevó de inmediato un recurso de objeción  ante la Suprema Corte de Justicia a través de su abogado Julio Cury. Dice confiar que dictamen dado a conocer por el Ministerio Público será revertido cuando lo conozca un juez especial del alto tribunal.

"Esto se inscribe en una lógica de paños tibios, propia del procurador Francisco Domínguez Brito. Avala la irresponsabilidad de esos dos diputados cuando no solo hacen uso de una cinta (grabación) obtenida en forma ilegal, sino cuando la hacen púbica, en franca violación del artículo 337 del Código Procesal Penal que protege el derecho a la intimidad de las personas", expresó Gómez Mazara en entrevista para 7dias.com.do.

"Desde el ajusticiamiento de Trujillo, en el país hay un club de señoritos iluminados que creen que es posible construir un proyecto presidencial usando la plataforma de los partidos políticos tradicionales y con solo la bendición de los poderes fácticos.

 Más adelante explica: "No tengo la menor duda de que esa decisión será revocada. Él (Domínguez Brito) dice que el hecho fue producto del calor de la campaña electoral (del 2012), indicando que las violaciones a la ley en procesos electorales están exenta de ser perseguidas por el Ministerio Público, lo que es revelador de cómo la complicidad está vigenteen el ejercicio judicial de este país".

Desde su óptica, Domínguez Brito demuestra su complacencia con el sector político (de Miguel Vargas Maldonado) que tiene colindancias con el gobierno. “El funcionario judicial olvida –añade— que aquí a todo el mundo le llevan su contabilidad”. Recordó que Domínguez Brito fue ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), desde la cual reclamaba respeto a los derechos, la dignidad y la privacidad de las personas, prédicas que al parecer, conjetura, ya ha olvidado.

Gómez Mazara afirma que el procurador tiene aspiraciones presidenciales y lo habrían convencido de que con un Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en conflicto, un presidente Danilo Medina que no se puede reelegir y un Leonel Fernández descalificado, se crea un ambiente favorable para que él dirija el país.
"Desde el ajusticiamiento de Trujillo, en el país hay un club de señoritos iluminados que creen que es posible construir un proyecto presidencial usando la plataforma de los partidos políticos tradicionales y con solo la bendición de los poderes fácticos. Eso no se logra con solo quererlo, porque hay valores y condiciones que no se compran en botica”, sentenció Gómez Mazara, quien fuera consultor jurídico del gobierno de Hipólito Mejía.
Subrayó la falta de consistencia del procurador en el ejercicio de sus funciones, pues mientas archiva las querellas presentadas por él contra los diputados Gómez Casanova y Ledesma Alcántara y por Guillermo Moreno contra Leonel Fernández, reabre el expediente del senador reformista Amable Aristy Castro.
Gómez Mazara explicó que cuando depositó la querella pensó que el procurador, fuera quien fuera, pondría el interés institucional por encima del interés político, porque la difusión de la conversación telefónica por sus querellados representó una flagrante violación de sus derechos.

La querella contra los diputados Gómez Casanova, Ledesma Alcántara fue introducida inicialmente por la Suprema Corte de Justicia el 4 de junio del 2012. Los acusados difundieron una conversación telefónica del dirigente político y la presentaron como prueba de que este planeaba matar a Miguel Vargas Maldonado.
El 20 de junio desde mismo año, el alto tribunal declinó el expediente por ante el procurador, por considerar que se trataba de una acción privada y no pública.

Fue así como el 11 de diciembre pasado la procuraría emitió un dictamen, cuyo dispositivo fue dado a conocer este miércoles, en el que desestima la querella "por no configurar ninguna infracción de tipo penal". Alega que los querellados no interfirieron ni intervinieron en la vida privada de los querellantes y por lo tanto la declaró inadmisible y dispuso su archivo definitivo.

Dinero sucio español habría sido invertido en el complejo turístico Cap Cana, de la familia Hazoury

La corrupción no conoce fronteras. Se internacionaliza de la mano del capital, los empresarios y políticos globalizados. La pasada semana, el escándalo del senador estadounidense Bob Menéndez y y el médico dominicano Salomón Melgen entró con fuerza en los medios locales y todavía se sienten sus coletazos.

Quizá en breve los ruidos provengan de España amplificados por la investigación que realiza el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre los negocios en el país del Grupo Vitalia.

“La conexión dominicana de los ERE se oculta bajo varias capas de sociedades interpuestas, como en un juego de matriuskas”, dice el diario español.

En un amplio reportaje publicado este jueves por el periódico El Mundo –al que se puede acceder pagando— se dice que Vitalia recibió 23,2 millones de euros en solo cinco años de la Junta de Andalucía para gestionar los expedientes de regulación de empleo (ERE), de los cuales 5,1 millones vinieron a parar a la República Dominicana a través de un entramado de empresas.

El canalizador de esos dineros ahora bajo investigación fue el empresario español Jesús Barderas, radicado en el país desde 1986; el destino, el ambicioso complejo turístico Cap Cana, de la familia Hazoury, donde también participa como accionista Donald Trump.

De acuerdo con la crónica de El Mundo firmada por sus periodistas Sebastián Torres y Antonio Salvador bajo el epígrafe “Políticos bajo sospecha”, un borrador del contrato encontrado durante pesquisas de los Mossos d’Esquadra, en el domicilio de Antonio Albarracín, director comercial de Vitalia, lo transado fue la compra de acciones por 28 millones de euros aunque “en realidad, su valor nominal solo ascendía a 6,9 millones de euros”.

En los expedientes aireados por El Mundo también se habla de correos electrónicos que hacen referencia a “comisiones” y “pagos en metálico” a sindicatos, entre ellos las dos más grandes centrales obreras de España, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras.
El escándalo comenzó como consecuencia de la considerada en otros medios como “oscura quiebra de la mutua Fortia Vida”, perteneciente al Grupo Vitalia. Lo que se teme es que el dinero pagado por la Junta de Andalucía por los ERE haya vuelto, aunque disminuido por la repartición, a los bolsillos de quienes lo pagaban. La vía utilizada por Vitalia o Fortia Vida era relacionarse con despachos de abogados, simular negocios mediante empresas fantasmas y hacer volver el dinero a su fuente de origen.
“La conexión dominicana de los ERE se oculta bajo varias capas de sociedades interpuestas, como en un juego de matriuskas”, dice el diario español.

Y de hecho lo es: una gran cantidad de empresas solapándose mutuamente. La gran muñeca rusa que las oculta es la empresa “dominicana” Tenedora Verlac, en la que Plárrega Invest –otra empresa de Vitalia que habría servido para descapitalizar a Fortia Vida— tenía invertidos poco más de cinco millones de euros. No era la única, pero la maraña es demasiado densa para desanudarla en esta nota.
El resultado es que a través de Tenedora Verlac, el Grupo Vitalia era dueño del 18 % de la Corporación Hotelera del Mar, implicada en la construcción del hotel Cap Cana. Jesús Barderas, socio de la familia Hazoury, habría jugado un papel fundamental en la llegada de este presunto dinero sucio al paradisíaco “resort”.

“Los agentes han entregado al Juzgado de Instrucción  6 contrato de compra y venta de acciones de Corporación Hotelera del Mar. Además, Eduardo Pascual tenía en su domicilio un contrato de 8 de marzo de 2005 por el que la dominicana Cap Cana y la panameña Creola Overseas, vinculadas a Barderas y a sus socios de la familia Hazoury, vendieron un 25 % del accionariado de Corporación Hotelera Internacional a Tenedora Tinalli, que podría ser, por tanto, otra de las sociedades utilizadas por el entramado para desviar fondos. Esa podría ser la operación de 28 millones reflejada en el borrador”, concluye la nota de El Mundo.
Jesús Barderas
La crónica se completa con una semblanza del empresario Barderas del que El Mundo afirma que estuvo siempre cerca de la beautiful people en los años ochenta. Amigo íntimo del expresidente del gobierno español Felipe González, a quien recibe con frecuencia en Cap Cana, el empresario estuvo hace unos años atrás en el centro de otro escándalo de corrupción, el caso Malaya.
La semblanza destaca su relación de amistad con González y con el mexicano Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de Claro.
Recuerda también que en 2007, Barderas y Abraham Hazoury anunciaron la creación del Centro Energético de las Américas, en Panamá, con 40 000 millones de dólares de inversión y 30 000 empleos, pero “pese a la gran expectación generada, la idea sigue aún sobre el papel”.

Artículos relacionados Cap Cana Dinero sucio Corrupciòn Jesús Barderas Hazoury