Santo Domingo.-El Gobierno dominicano
tendrá la decisión de la posible explotación o no de loma de Miranda, en
base a las recomendaciones que dará el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
Valerie Julliand, representante del
organismo, al presentar a los seis expertos de alto nivel que llegaron
el domingo e iniciaron la evaluación del estudio de impacto ambiental
sometido por la empresa Falcondo, para gestionar su operación minera,
detalló parte del proceso.
Citó una serie de reuniones con grupos relacionados al proyecto, entre los pasos dados hasta el momento por los especialistas extranjeros, que tentativamente darán a conocer sus conclusiones en unos dos meses.
La diplomática dijo que empezaron a recabar informaciones haciendo una serie de encuentros con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la minera Xtrata Falcondo, al tiempo que recorrieron en helicóptero el área, conversaron con ejecutivos de la empresa, así como con líderes y grupos comunitarios que se oponen a la iniciativa, básicamente por su temor a perder las fuentes de agua.
Igual hicieron con académicos del Instituto Tecnológico de Santiago; la Universidad Iberoamericana y la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo.
“Esta mañana nos reunimos con instituciones del Estado, como Industria y Comercio y Minería. Mañana (hoy) iremos al Senado y la Cámara de Diputados, hasta recabar toda la información posible. No somos nosotros los que vamos a decidir, el Gobierno es que va a valorar las recomendaciones del equipo”, dijo.
Equipo especializado tema
Entre los expertos, están los mexicanos Eduardo Davillo, especializado en ordenamiento territorial y Olivia Eugenia Sparza, antropóloga; Rafael Negret, colombiano experto en problemática socieconómica, ambiental y cultural del continente; Oscar Arnoldo, salvadoreño, especialista en Ciencias de la Tierra (aguas subterráneas), así como David Laurence, austriaco, doctorado en ingeniería de minas, y Jered Hardner, economista ambiental de Estados Unidos.
Valerie Juliani, adelantó que continuarán recibiendo información del caso y puso de manifiesto la confianza puesta por el Gobierno, de apreciar sus valoraciones.
Valerie Julliand, representante del
organismo, al presentar a los seis expertos de alto nivel que llegaron
el domingo e iniciaron la evaluación del estudio de impacto ambiental
sometido por la empresa Falcondo, para gestionar su operación minera,
detalló parte del proceso.Citó una serie de reuniones con grupos relacionados al proyecto, entre los pasos dados hasta el momento por los especialistas extranjeros, que tentativamente darán a conocer sus conclusiones en unos dos meses.
La diplomática dijo que empezaron a recabar informaciones haciendo una serie de encuentros con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la minera Xtrata Falcondo, al tiempo que recorrieron en helicóptero el área, conversaron con ejecutivos de la empresa, así como con líderes y grupos comunitarios que se oponen a la iniciativa, básicamente por su temor a perder las fuentes de agua.
Igual hicieron con académicos del Instituto Tecnológico de Santiago; la Universidad Iberoamericana y la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo.
“Esta mañana nos reunimos con instituciones del Estado, como Industria y Comercio y Minería. Mañana (hoy) iremos al Senado y la Cámara de Diputados, hasta recabar toda la información posible. No somos nosotros los que vamos a decidir, el Gobierno es que va a valorar las recomendaciones del equipo”, dijo.
Equipo especializado tema
Entre los expertos, están los mexicanos Eduardo Davillo, especializado en ordenamiento territorial y Olivia Eugenia Sparza, antropóloga; Rafael Negret, colombiano experto en problemática socieconómica, ambiental y cultural del continente; Oscar Arnoldo, salvadoreño, especialista en Ciencias de la Tierra (aguas subterráneas), así como David Laurence, austriaco, doctorado en ingeniería de minas, y Jered Hardner, economista ambiental de Estados Unidos.
Valerie Juliani, adelantó que continuarán recibiendo información del caso y puso de manifiesto la confianza puesta por el Gobierno, de apreciar sus valoraciones.
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