Periodistas dicen Gobierno no debe lavarse las manos ante ataques de Rodríguez Pimentel contra Alicia Ortega

Afirman acción del director del IAD es el más alto escalón de ofensiva contra la libertad de prensa.

SANTO DOMINGO, DN.-Ochenta y nueva periodistas rechazaron este domingo la “ofensiva” del funcionario gubernamental y dirigente político Héctor Rodríguez Pimentel para acallar las denuncias sobre hechos de corrupción en los cuales estarían involucrados y advirtieron que el Gobierno no puede quedarse indiferente.

Héctor Rodríguez Pimentel.

Archivo/Clave Digital

Argumentaron que el gobierno no puede lavarse las manos frente a este atentado, pues quien desata la ofensiva no sólo es un alto funcionario, sino también un aliado político del partido en el poder y particularmente del presidente de la República, Leonel Fernández Reyna.

En un manifiesto público los profesionales del periodismo definieron la acción de Rodríguez Pimentel, actual aliado del PLD y en el pasado dirigente del PR y luego aliado del PRD, como el más alto escalón de una ofensiva contra la libertad de expresión que debe ser rechazada no sólo por los comunicadores sino por todos los preocupados por la supervivencia de los valores democráticos.

Sostienen que se trata de una acción encaminada a ahogar una de las voces más altas del periodismo dominicano caracterizada por investigar y denunciar la corrupción en la gestión gubernamental y por abogar por un régimen de transparencia y rendición de cuentas.

“Esta pretensión de cortar la fuente de sustento económico de un medio de comunicación constituye un grave atentado no sólo contra la libertad de difusión y expresión del pensamiento, sino también contra el derecho a la información de la sociedad dominicana”, expresaron.

A continuación el manifiesto completo y anexo el documento con todas las firmas que lo sustentan:

Ofensiva contra la libertad de prensa

La intimación formulada a los anunciantes del programa El Informe con Alicia Ortega por el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Héctor Rodríguez Pimentel, constituye el más alto escalón de una ofensiva contra la libertad de expresión que debe ser rechazada no sólo por los comunicadores sino por todos los preocupados por la supervivencia de los valores democráticos.

Se trata de una acción encaminada a ahogar una de las voces más altas del periodismo dominicano caracterizada por investigar y denunciar la corrupción en la gestión gubernamental y por abogar por un régimen de transparencia y rendición de cuentas.

Esta pretensión de cortar la fuente de sustento económico de un medio de comunicación constituye un grave atentado no sólo contra la libertad de difusión y expresión del pensamiento, sino también contra el derecho a la información de la sociedad dominicana.

Es un precedente nefasto que podría ser repetido por cualquier otro funcionario público que se sienta cuestionado por un medio de comunicación y tiende a inhibir los esfuerzos investigativos del periodismo dominicano.

El gobierno no puede lavarse las manos frente a este atentado, pues quien desata la ofensiva no sólo es un alto funcionario, sino también un aliado político del partido en el poder y particularmente del presidente de la República.

Además porque los cuestionamientos que originan e

El presidente Leonel Fernández junto a Héctor Rodríguez Pimentel, su aliado y amigo, durante la campaña electoral.

Archivo/Clave Digital

sta ofensiva no son a la vida privada del señor Rodríguez Pimentel, sino a sus actuaciones como director del Instituto Agrario y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

A diferencia de funcionarios y dirigentes políticos los periodistas dominicanos no nos creemos por encima de la ley ni de las normas de convivencia democrática, pero estamos obligados a defender la libertad de expresión como un patrimonio social consagrado en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la que el país es compromisario.

Cualquier funcionario o persona que se sienta afectado por el trabajo profesional de los comunicadores tiene a su alcance los recursos legales consagrados en la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Pero ésta no contempla ninguna responsabilidad de los anunciantes sobre el contenido de los medios, lo que es de dominio elemental. En consecuencia lo que pretende el director del IAD no es una reparación legal, sino una intimidación que repercuta en la estabilidad del medio informativo.

Reclamamos una contención de las más altas autoridades nacionales o de lo contrario estaremos obligados a denunciarla internacionalmente como parte de una ofensiva encaminada a imponer el silencio y a coartar la libertad de expresión y difusión del pensamiento que en los últimos meses incluye cierres de medios informativos, y otras acciones coercitivas.

Nadie puede ignorar que estamos frente a una de las ofensivas más peligrosas para la libertad de información desde que ésta comenzó a tener vigencia en el país tras la decapitación de la tiranía de Trujillo, por lo que debe ser rechazada por toda la sociedad, incluyendo relevantemente a las organizaciones que agrupan a los anunciantes.

En Santo Domingo, República Dominicana, a los 20 días del mes de Junio del 2010.