La idea es crear condiciones de asfixia para que los inmigrantes clandestinos no puedan vivir ni trabajar en paz en Estados Unidos y decidan regresar a sus países voluntariamente.
La ley SB1070, promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer el pasado 23 de abril, criminaliza a los indocumentados en Arizona y también castiga a quienes les ofrezcan ayuda.
Varios estados quieren seguir el ejemplo de Arizona. El pasado fin de semana, por ejemplo, el Partido Republicano de Texas incorporó en su plataforma una propuesta similar a la de Arizona para castigar la presencia ilegal también en ese estado.
La SB1070 entrará en vigor el próximo 29 de julio a menos que lo impida un tribunal federal, y el Departamento de Justicia, que bajo órdenes del presidente Barack Obama evalúa su impacto sobre los derechos civiles, sigue sin anunciar si la impugnará en las cortes.
Mientras tanto, los conservadores ahora tienen en la mira a los niños nacidos en Arizona de padres indocumentados, a los que se les llama despectivamente en inglés como "anchor babies" ("niños ancla"), porque presuntamente sus progenitores los utilizan para evitar la deportación.
Republicanos como el senador estatal Russell Pearce -uno de los arquitectos de la SB1070- han agarrado alas para continuar combatiendo la inmigración ilegal en Arizona, sobre todo porque, según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses apoya ese tipo de medidas.
No importa que la mayoría de los hispanos se oponga a la SB1070, según las encuestas, y que ésta haya provocado grandes movilizaciones en su contra en todo el país.
Pearce lleva varios meses diciendo que presentará en la próxima sesión de la legislatura estatal una ley para negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos y que, según la décimo cuarta enmienda de la Constitución, tienen derecho a ese privilegio.
Según el Centro Hispano Pew, en 2008 había 3,8 millones de indocumentados con niños nacidos en EEUU.
En una entrevista reciente con la revista "Time", el senador estatal dijo que presentaría la ley de tal forma que no viole la Constitución, porque considera que los hispanos tienen hijos acá para acceder a los programas de beneficencia pública en Estados Unidos.
En concreto, Pearce propone negar el certificado de nacimiento a esos niños, a menos que uno de sus padres pueda comprobar su estatus legal en Arizona, con la idea de eliminar un "gran incentivo" para la inmigración ilegal.
Pearce cuenta con el respaldo de Brewer, quien ha dicho que los indocumentados, por definición, tienen prohibido el paso en Estados Unidos.
Para Brewer, estos extranjeros se la juegan al cruzar ilegalmente a EEUU y lo sensato sería, a su juicio, que éstos se regresen con sus hijos de donde vinieron.
La idea de negar la ciudadanía automática en EEUU cobró fuerza durante la década de 1990 y, de hecho, fue incluida en la plataforma del Partido Republicano en 1996, pero no prosperó porque viola la 14 enmienda de la Constitución.
Esa enmienda, ratificada en 1868, establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y por tanto sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en que residen".
El objetivo de la enmienda fue resguardar los derechos civiles de los esclavos que obtuvieron su libertad tras la Guerra Civil.
Desde entonces, EEUU concede la ciudadanía automática a quienes nacen en este país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
La SB1070 ha exacerbado la crisis nacional generada por la inacción del Gobierno de Obama para resolver la inmigración ilegal.
En el caso de Arizona, esa ley ha aumentado el abismo entre partidarios y opositores de la reforma migratoria: un abismo tan grande como el del Gran Cañón que embellece a ese estado pero que, en este asunto, ahora también se ensaña con los niños.
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